Al menos cinco exministros socialistas, varios eurodiputados de esta formación política y catedráticos del Tribunal Constitucional, entre otros, han suscrito un manifiesto en contra del objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez de modificar los delitos de sedición y malversación.

Con este manifiesto, que ha difundido este lunes la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de distinta procedencia política, pretenden exhortar a los diputados a que reflexionen sobre la gravedad de estos cambios, ha explicado a EFE su presidente, Emilio Contreras.

Entre los 400 firmantes de este documento se encuentran los exministros José Luis Corcuera, César Antonio Molina, Julián García Vargas, Virgilio Zapatero y Javier Sáenz Cosculluela, y exdirigentes del PSOE, como Francisco Vázquez o Nicolás Redondo.

En el manifiesto denuncian el proceder del Gobierno y la tramitación legislativa elegida para «prescindir» de los pertinentes informes de los máximos órganos consultivos y de debates sobre «un problema jurídico de tanta trascendencia».

Obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución»

Rechazan las actuaciones del Gobierno de coalición por entender que su objetivo es «obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución».

En este sentido, advierten al Ejecutivo de que cambiar los delitos de sedición y malversación supondrá «un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente».

Denuncian que, con estos cambios, se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual considera «más lesivo aún que el lucro personal».

Igualmente califica de «burla» hablar de ‘desinflamación del conflicto catalán’ cuando todos los condenados «han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo».

Por otra parte, niega que la Unión Europea haya exigido reformar el delito de sedición en España, tal y como defiende el Gobierno, y menos su sustitución por un delito de desórdenes públicos.

Subraya que los hechos ocurridos en 2017 «no fueron desórdenes sino un desafío al poder legítimo y al orden constitucional» e insiste en que pactar la redacción del decreto «con los delincuentes» carece de homologación en Europa.