ERC quiere pasar a la «segunda fase» de su negociación con el Gobierno: un referéndum pactado sobre la independencia de Cataluña. Con la reforma del Código Penal tramitándose en el Congreso para derogar la sedición y rebajar la malversación, los republicanos esperan que los efectos de la «desjudicialización» aceptada por el Gobierno los sitúen en igualdad de condiciones para negociar el proceso hacia la secesión.

Así lo recoge la ponencia política que la dirección de Esquerra liderada por Oriol Junqueras y Marta Vilalta somete desde este lunes a sus bases. Una ponencia en la que se propone ya el marco en el que debería celebrarse un futuro referéndum. Un acuerdo de claridad con el Gobierno que fije una participación mínima del 50% y un 55% a favor del sí para dar por bueno el resultado de la consulta e iniciar la secesión.

«Ahora toca abrir esta fase de la negociación que va a la raíz del conflicto político», ha explicado este lunes la portavoz y vicesecretaria general del partido, Marta Vilalta. Para ello, «proponemos en la ponencia no solo la defensa del instrumento, el referéndum, sino los criterios que podrían ayudar a acordar las condiciones del referéndum de independencia».

Un referéndum que debe ser «claramente pactado«, advierten los republicanos, aunque la ponencia afirma que no renuncian a «ningún instrumento democrático para decidir el futuro colectivo» el eufemismo tradicionalmente utilizado para justificar acciones unilaterales como el referéndum del 1-O.

Preparar la próxima investidura

ERC no quiere hablar de calendarios y apuntan que el primer paso, ahora, es conseguir un amplio consenso en el ámbito catalán sobre esas condiciones del referéndum. Pero en la estrategia de los republicanos está marcada como siguiente meta volante la próxima investidura, especialmente si Pedro Sánchez tuviera opciones de revalidar el bloque de izquierdas que le ha sostenido durante esta legislatura.

En otras palabras, se trata de trabajar en las condiciones para «estar preparados» si Sánchez vuelve a requerir sus votos en una investidura a finales de 2023 o principios de 2024. Los republicanos se niegan formalmente a dar por perdido el 2023 en términos de negociación política. Pero reconocen que será un año electoral en el que difícilmente conseguirán avances.

Dejan claro, además, que una eventual victoria del PP no implicará una renuncia a su proyecto. Aunque fuerce un frenazo táctico al plan.

Negociación en igualdad

En el balance de los republicanos, los logros de la mesa de diálogo -desde los indultos a la reforma de la malversación que ultiman en negociación con el PSOE- permiten ahora encarar una negociación «política» en «igualdad», tras haber frenado las «herramientas represivas» de las que disponía el Estado. Especialmente cuando la reforma del Código Penal empiece a tener efectos.

«La desjudicialización no está cerrada pero estamos consiguiendo grandes avances como la sedición y la malversación» apunta Vilalta para explicar la decisión de ir un paso más allá. Es decir, trabajar para pactar «un referéndum homologable para conseguir la independencia; esto será lo que tendrá que ocupar el proceso de negociación en próximas fases».

Acuerdo de claridad

Así, Esquerra fija en su ponencia política las condiciones que propondrá para la celebración de la consulta de independencia. Se trata de su propuesta para el «acuerdo de claridad» a semejanza del alcanzado entre el Gobierno de Canadá y el Quebec. Un pacto que Pere Aragonès propuso al inicio de la legislatura catalana, y que ahora quieren consensuar con el resto de los actores independentistas para llegar con una propuesta cerrada a la negociación con el Gobierno.

En primer lugar, el censo incluiría a todos los residentes legales mayores de 16 años, además de todas aquellas personas con derecho a voto en Parlament. Unas condiciones similares a las del referéndum celebrado en Escocia en 2014.

La pregunta debe ser clara, aunque no explicitan que sea binaria. «Por lo menos tan clara como la del 1-O», es decir, que el enunciado recoja abiertamente la posibilidad de que Cataluña sea estado independiente.

El resultado será válido si se alcanza el 50% de participación -en las consultas del 9N y el 1-O se alcanzó, según los independentistas, el 40%-. En esas condiciones, el sí debe llegar al 55% de los sufragios. ERC se fija aquí en el referéndum de Montenegro porque «fue validado por las instituciones europeas» explican. Consideran, además, que ese porcentaje daría la «máxima legitimidad al voto del sí».

Negociación de la secesión

Como en el caso de Canadá, el acuerdo de claridad debe fijar que una victoria del sí dará lugar a un proceso de «negociación de buena fe» entre los dos gobiernos. Una negociación que incluiría la mediación europea, para llegar a acuerdo de creación de la república catalana.

Antes de llegar a ese punto de acuerdo de dos gobiernos, los republicanos se proponen ahora abrir un debate en Cataluña para consensuar las condiciones que se plantearán en la mesa de diálogo. Primero quieren «visibilizar el 80%» que según ERC apoya la vía del referéndum para solucionar el conflicto político, apuntan. Una cifra que, a su juicio, obligará al Gobierno a negociar la consulta.