La jornada de este jueves en el Tribunal Constitucional fue una de las más tensas de los últimos tiempos. El presidente del tribunal de garantías decidió aplazar al lunes la deliberación sobre el recurso de amparo presentado por el Partido Popular para tratar de paralizar la reforma legislativa de los partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, para reformar la Ley del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional aprovechando la reforma del Código Penal para modificar los delitos de sedición y malversación. Este jueves estaba convocado un Pleno para decidir si se admitía a trámite la petición del PP para paralizar dicha reforma de manera cautelarísima, horas antes de que se votara en el Congreso.

La jornada se fue complicando desde primera hora. El Pleno estaba previsto a las 10 horas, pero tres circunstancias sobrevenidas llevaron a Trevijano a aplazarlo dos horas: por un lado, la petición del PSOE para personarse en los hechos que, desde el principio, se dio por descartada en el tribunal. En segundo lugar, la recusación contra el propio presidente del Tribunal y contra el magistrado Antonio Narváez por parte de Unidas Podemos. Ambos fueron nombrados en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy y puesto que la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) busca permitir al Gobierno de Pedro Sánchez nombrar magistrados de dicho tribunal a Juan Carlos Campo y a Laura Díez para reemplazarles, el partido morado consideró que debían apartarse. Por último, Vox se unió al recurso contra la reforma presentada por el Partido Popular.

El presidente concedió dos horas antes de comenzar el Pleno para que los magistrados pudieran leer toda la documentación relativa a las tres peticiones antes de entrar a decidir. Finalmente, no se decidió sobre ninguna de ellas ni tampoco sobre el objeto principal del recurso del PP, la posible vulneración del derecho fundamental de participación y representación política del artículo 23 de la Constitución por el procedimiento elegido por los partidos del Gobierno para modificar las dos leyes orgánicas con el fin de renovar el propio Tribunal Constitucional.

Una vez iba a comenzar el Pleno, según trasladan fuentes del tribunal de garantías a El Independiente, miembros del grupo progresista transmitieron al presidente que, puesto que había que decidir sobre un asunto complejo y sin precedentes en el tribunal, los cinco magistrados de dicho grupo no participarían en el debate ni en la votación, ausentándose de ésta. En el grupo conservador hubo una manifestación considerando que sí debía procederse a la deliberación y votación porque había tiempo suficiente para decidir sobre medidas cuatelarísimas.

Sin quorum suficiente

Ante tales circunstancias y viendo que no habría quorum suficiente para decidir al respecto (sería necesario que ocho de los 11 miembros del tribunal participaran), el presidente González-Trevijano pidió a los representantes del grupo progresista que dejaran por escrito su decisión, algo que hizo la magistrada María Luisa Balaguer en un papel con un lápiz. Posteriormente, Trevijano decidió aplazar la celebración del Pleno por no alcanzarse el quorum necesario.

De ahí que, unido al breve documento con el que se comunicó el aplazamiento del Pleno a los medios, también se envió otro firmado por los magistrados progresistas Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán con el siguiente texto: «Estimado presidente. Las magistradas y los magistrados que suscriben le solicitan que aplace el Pleno convocado para las 12:00 horas de hoy por el tiempo indispensable que nos permita el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión, y de los escritos que han sido presentados a lo largo de esta mañana. Lo que nos imposibilita, en consecuencia poder participar en la deliberación y votación«.

La votación del Congreso sale adelante

Todo esto ocurría en el Tribunal Constitucional una hora antes de que comenzara en el Congreso de los Diputados la votación que el Partido Popular pretendía paralizar. Finalmente, la tramitación de la proposición de ley para reformar los delitos de malversación y sedición en el Código Penal y también modificar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional en la misma proposición de ley, sin necesidad de recabar informes preceptivos del CGPJ ni del Consejo de Estado, ha salido adelante en la Cámara Baja con 184 votos a favor y 72 en contra. El Partido Popular no ha votado, considerando que se debería haber esperado al Pleno del tribunal de garantías del próximo lunes.

El procedimiento legislativo, en todo caso, sigue en curso y no culminará hasta que también haya una votación al respecto en el Senado. Por lo tanto, el objeto del recurso de medidas cautelarísimas del PP sigue vigente para el Pleno del próximo lunes en el Constitucional.