España

El PP quiere "controlar el Parlamento" a través de sus recursos, sentencia Bolaños

Gobierno, Congreso y Senado se comprometen a acatar la decisión de "máxima gravedad" del Constitucional

Los presidentes de las dos Cámaras y el titular de la Presidencia dejan claro que no habrá desobediencia y, con distinto tono, deploran un paso "sin precedentes" en la historia democrática que puede abrir una puerta peligrosa

MADRID, 19/12/2022.- El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que, por lealtad institucional, hay que acatar la decisión del Tribunal Constitucional que paraliza la tramitación parlamentaria de la reforma judicial pese a considerar que es "de una gravedad máxima" y adoptada mediante un procedimiento "insólito". Así se ha expresado Bolaños en nombre del Ejecutivo en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras conocer esa decisión del Tribunal Constitucional. EFE/Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa ***SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO, CRÉDITO OBLIGATORIO***

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante su declaración institucional de este 19 de diciembre de 2022 en la Moncloa. POOL MONCLOA / BORJA PUIG

Los rostros lo decían todo. Absolutamente todo. Los presidentes de Congreso y Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, del titular de la Presidencia, Félix Bolaños, de la portavoz socialista en la Cámara alta, Eva Granados. Todos con gesto fúnebre, contrito, intentando evidenciar la «gravedad» del momento y de la decisión «sin precedentes» del Tribunal Constitucional de aceptar el recurso de amparo del PP y frenar la tramitación legislativa de una reforma dirigida a forzar su propia renovación. Los máximos representantes de las Cortes Generales, tercera y cuarta institución del Estado, así como el ministro de la máxima confianza de Pedro Sánchez se comprometieron solemnemente a cumplir lo dictado por el TC, sin asomo de duda, aunque no negaron lo «insólito» de la decisión, de «máxima gravedad», porque abre paso a una peligrosa deriva, ya que «afecta a los fundamentos de la separación de poderes de nuestra democracia», según verbalizó Bolaños.

Los socialistas Batet, Gil, Bolaños y Granados escalonaron sus breves comparecencias sin preguntas a partir de las 23.30 horas de este larguísimo lunes que culminó con la resolución del TC [aquí en PDF], adoptada por una mayoría de seis a cinco magistrados —el bloque conservador frente al bloque progresista—, que supone frenar la reforma de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial que los grupos de PSOE y Unidas Podemos habían alojado en dos enmiendas a la modificación del Código Penal que recoge, por su parte, la derogación de la sedición, el cambio en la malversación y la creación de la figura del enriquecimiento ilícito. En síntesis, que el TC impide que el Senado vote la reforma que conduciría a su desbloqueo.

La actuación del Congreso de los Diputados no puede ser sino una: la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional»

MERITXELL BATET, PRESIDENTA DEL CONGRESO

Las declaraciones institucionales funcionaron [aquí la transcripción de las tres en PDF] casi como una espiral in crescendo. Del tono más comedido, aunque duro, de Batet, al más contundente y político, lógicamente, del ministro de la Presidencia, encargado de lanzar las cargas de mayor profundidad contra el partido de Alberto Núñez Feijóo y el propio TC, aunque sin avanzar aún cuáles serán los siguientes pasos que dará el Ejecutivo: «Con sus recursos judiciales —apreció—, el PP quiere controlar el Parlamento cuando es mayoría y cuando no lo es. Decidir qué se aprueba y qué no se aprueba».

Lo que desde luego despejaron Batet, Gil y Bolaños es que no habrá desobediencia frente al acuerdo del Constitucional. Unidas Podemos sí coqueteó con esa idea durante toda la jornada, pero la parte socialista de la coalición no compartía esa actitud, de ahí que fuera relevante que los tres, con diferentes palabras, solemnizaran el mismo compromiso.

«La actuación del Congreso de los Diputados no puede ser sino una: la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional«, señaló la jefa de la Cámara baja. «Desde la Presidencia del Senado —indicó muy pocos minutos después Gil—, no podemos sino acatar y dar cumplimiento a la resolución del TC, actuando de conformidad con las previsiones legales y constitucionales». Ahora será la Mesa de la Cámara alta la que, reunida este martes a las 8.30 horas, decida cómo vota el resto de la reforma impulsada por el Gobierno para dar cumplimiento a la suspensión dictada por el TC.

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«Con la lealtad institucional que practica este Gobierno con otras instituciones del Estado, quiero comenzar mis palabras diciendo que la resolución debe acatarse. Y ello pese a que no compartimos ni el insólito procedimiento seguido, ni el fondo de la decisión, nunca antes visto en las Cortes Generales», manifestó el titular de la Presidencia, quien recalcó que lo ocurrido este lunes es de una «gravedad máxima«. «La decisión más grave del TC ha sido adoptada en un tiempo inusualmente breve y con la mayoría más exigua, seis votos frente a cinco».

«No ha sucedido nunca en 44 años»

Bolaños hizo hincapié en que la «gravedad» que observa el Ejecutivo se cimenta en dos motivos. Uno, que el TC detiene la «acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español», algo que «no ha sucedido nunca en los últimos 44 años», que tampoco ha sucedido en «ningún país europeo de nuestro entorno» y que «afecta a los fundamentos de la separación de poderes de nuestra democracia».

No es un conflicto entre partidos ni entre instituciones. Es un conflicto entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen hace cuatro años»

FÉLIX BOLAÑOS, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

El ministro recordó que la ley «no confiere» al Constitucional la facultad de paralizar la actuación de las Cortes Generales: esa potestad desapreció en 1985, cuando se derogó el recurso previo de inconstitucionalidad, precisamente para que el tribunal de garantías no se convirtiera en una tercera Cámara que torpedeara la acción del Parlamento: «Lo que se pretendía evitar justo ha ocurrido hoy [por este lunes]».

Segunda razón para el Gobierno: que el TC ha «paralizado su propia renovación», pendiente desde hace seis meses. Y lo han acordado también cuatro magistrados que debían haber sido relevados —entre ellos, el presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez, ambos nombrados a propuesta del PP y cuya recusación pidieron, sin éxito, PSOE y Podemos— que, «con su voto, han decidido su propio futuro».

Bolaños se lanzó al mensaje político, para que los ciudadanos entiendan la «gravedad» de la situación: no se trata de «un conflicto entre partidos», entre PSOE y PP, ni tampoco «entre instituciones». «Es un conflicto entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen hace cuatro años«.

El Ejecutivo siente además que lo sucedido este 19 de diciembre le pertrecha de argumentos cuando alega que el PP bloquea la renovación de los órganos constitucionales por su propio interés: cree que los recursos prueban su voluntad de «controlar el Parlamento», tenga o no mayoría. Y eso, a juicio del Gobierno, «abre una puerta» que no se sabe «dónde conducirá», ya que el PP ha recurrido «siempre todos los avances de la sociedad española», desde la ley del aborto, la del matrimonio LGTBI, la de eutanasia o la reforma laboral.

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El Gabinete comparece como víctima de una emboscada —un «complot«, dijo Sánchez el jueves pasado— de la derecha judicial y política. De ahí que Bolaños incidiera en que «comprende y comparte» la «preocupación» que los ciudadanos puedan sentir. «Y quiero transmitirles tranquilidad. Frente a los que han decidido rebasar todos los límites, el Gobierno seguirá actuando siempre en el marco de la ley y de la Constitución. Protegiendo nuestro Estado de derecho […]. La democracia y la Constitución, al igual que la verdad, siempre se abrirán paso a pesar de las dificultades. No tengan duda». Lo que no dijo Bolaños es cómo. Cómo intentará deshacer el Gobierno el enredo. Pero tiene varias alternativas a su alcance.

Defensa de la «autonomía parlamentaria»

Los mensajes de Batet y Gil fueron coincidentes en el fondo, no en las formas. Los dos enfatizaron que defenderán la «autonomía» del Poder Legislativo y harán valer sus argumentos ante el TC, que ha abierto un plazo de diez días para que la Fiscalía y las partes personadas presenten alegaciones contra la suspensión cautelar. «Con la decisión conocida hoy [por este lunes] se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación, desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales», reseñó la presidenta del Congreso.

Es un grave quebranto de nuestro sistema democrático y nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia»

ANDER GIL, PRESIDENTE DEL SENADO

Ella misma subrayó que en los últimos 40 años no se había contemplado ni experimentado la posibilidad de una «actuación suspensiva», por parte del TC, del ejercicio de una función constitucional básica como es el debate parlamentario y la potestad legislativa, reconocida en el artículo 66 de la Carta Magna. La Ley Fundamental de 1978, además, «garantiza» que se pueda acometer «sin interferencias«, y «siempre» ha sido así.

La «inviolabilidad» de las Cortes Generales que recoge ese mismo precepto constitucional queda, con la decisión del tribunal, «seriamente comprometida», dijo Gil, en una declaración de mayor carga política que la de Batet. Él también habló, como Bolaños, de la «gravedad» de la situación, del «paso de difícil retorno en la degradación del sistema democrático», porque sustraer al Poder Legislativo de su función de tramitar y votar cualquier iniciativa «supone un grave quebranto» y «conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia».

«Pero mucho más grave resulta, aún si cabe, hacerlo mediante la instrumentalización de quien tiene como principal cometido garantizar la estabilidad del sistema constitucional». Así, Gil acusaba al PP de usar el TC para lanzarlo contra el Gobierno. Cargaba contra «quienes irresponsablemente han tratado de obtener» del Constitucional «lo que no pueden extraer del debate legislativo ante las Cámaras» mediante su «utilización tacticista«.

Se han conculcado nuestros derechos, no compartimos la decisión de un tribunal dividido y con varios miembros con el mandato caducado»

EVA GRANADOS, PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL SENADO

«Lo que está ocurriendo hoy tendrá un alto coste en términos democráticos mañana», alertó el presidente del Senado quien, no obstante, remarcó que la democracia española «es fuerte» y dispone de mecanismos para superar «las peores crisis» y ahora también lo hará y se logrará «preservar la inviolabilidad y la prevalencia constitucional de las Cortes Generales». Gil, por último, hizo un llamamiento a la «calma y a la serenidad». «La democracia siempre se abre paso», concluyó.

Eva Granados, portavoz de los socialistas en el Senado, sí criticó al TC por «tomar partido«, y advirtió, en una declaración institucional en la Cámara alta, pasada la medianoche, de que los derechos de los senadores socialistas se han visto violentados. «Se han conculcado nuestros derechos, no compartimos la decisión de un tribunal dividido y con varios miembros con el mandato caducado».

«El bloqueo partidista del PP a la cúpula judicial ha ido demasiado lejos. Es peligroso y siembra un precedente muy grave en nuestra democracia —escribió en Twitter el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán—. Y todo para bloquear la renovación de un TC con el mandato caducado y mantener artificialmente una mayoría que perdieron en las urnas».

La concatenación de comparecencias de responsables socialistas resumía el sentir de indignación que recorría el partido y el Gobierno. Y también la voluntad de dar la batalla hasta el final para lograr la renovación del TC y «cumplir» con la Constitución.

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