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El TSJC repetirá en marzo el juicio a la Mesa del Parlament anulado por el Supremo

La Mesa del Parlament al completo, durante el Pleno del 10 de octubre Job Vermeulen

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) repetirá los días 14, 15 y 16 de marzo el juicio contra los miembros de la Mesa del Parlament que durante 2017 permitieron la tramitación de las iniciativas parlamentarias relacionadas con el referéndum ilegal del 1-O. Se trata de la republicana Anna Simó y los ex convergentes Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, miembros de la Mesa presida por Carme Forcadell.

Todos ellos fueron condenados a 20 meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros por desobedecer al Tribunal Constitucional -con «contumacia»- en la tramitación de las leyes de desconexión.

Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló la sentencia atendiendo al recurso presentado por Simó, que denunció la falta de imparcialidad del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y el ponente de la sentencia, Carlos Ramos Rubio. El Tribunal Superior catalán absolvió, en ese juicio, a la cupaire Mireia Boya, que no se ve afectada por la anulación de la sentencia.

En su sentencia, el Supremo afirma que no tiene la menor duda, «partiendo además de la acreditada trayectoria profesional de los magistrados que fueron recusados», de que habrían modificado su postura inicial ante «nuevos argumentos o circunstancias, ya surgieran durante la instrucción de la causa ya en el acto del juicio oral».

Sin posición previa

Pero añade que «no es esta la cuestión». Y recuerda que lo que el derecho a un juez imparcial exige es que los integrantes del tribunal comparezcan al juicio ajenos a cualquier toma previa de posición sobre las cuestiones esenciales que allí han de resolverse, desprovistos de cualquier clase de prejuicio valorativo.

Los acusados ya les habían recusado antes de la vista porque ambos formaron parte de la Sala que admitió las tres querellas que desembocaron en el procesamiento por desobediencia de los antiguos miembros de la Mesa del Parlament, pero sus peticiones fueron rechazadas. Tras la sentencia optaron por impugnar el fallo ante el Supremo con ese argumento y la Sala de lo Penal lo ha aceptado.

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