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La sustitución de Alfredo Montoya en el TC será un nuevo motivo de enfrentamiento entre Gobierno y PP

El Gobierno supedita negociar el relevo del magistrado que renunció por enfermedad a que el principal partido de la oposición acepte desbloquear el CGPJ

Vista del Tribunal Constitucional este lunes en Madrid cuando su pleno resuelve si, como piden PP y Vox

Vista del Tribunal Constitucional este lunes en Madrid cuando su pleno resuelve si, como piden PP y Vox EFE

La elección del sustituto del magistrado Rafael Montoya en el Tribunal Constitucional (TC) se vislumbra como el próximo enfrentamiento entre el partido mayoritario del Gobierno y el principal de la oposición.

El nombramiento del jurista que le sustituya completaría el número de 12 miembros del tribunal de garantías, que cuenta con once 11 magistrados desde que Montoya renunció por motivos de salud. Si embargo, el Gobierno supedita proceder a su relevo a que el Partido Popular desbloquee el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si no hay un pacto para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva ya en funciones cuatro años, el Senado, que es a quien le corresponde, no propondrá nombrar a un sustituto, según trasladan fuentes de La Moncloa a El Independiente.

Las citadas fuentes consideran vigente el acuerdo del pasado octubre entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y el responsable Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, para despolitizar la Justicia en el que se incluía la renovación del consejo de jueces y la cobertura de la vacante del TC para sustituir a Alfredo Montoya.

Desde el Gobierno afirman que «el pacto era una proposición de ley de reforzamiento de la independencia judicial, el CGPJ y el TC» y todo va unido, «no puede trocearse», por lo que si no hay renovación del órgano de jueces tampoco se sustituirá a Montoya.

El Tribunal Constitucional ya tiene nuevo presidente, el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, quien ha vencido a la magistrada progresista que también se postulaba para el puesto, María Luisa Balaguer, por un voto. El jurista de larga trayectoria estará al frente del tribunal de garantías con una mayoría de siete miembros progresistas frente a cuatro conservadores los próximos dos años y medio, durante los que se ha propuesto «poner al día» al tribunal con la resolución de recursos que llevan muchos años paralizados, como el del Partido Popular contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero también otros que afectan a leyes del Gobierno de Pedro Sánchez, como la ley de Educación o ‘Ley Celaá’, la de eutanasia o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (CGPJ) con la que se impidió al consejo de jueces nombrar a la cúpula judicial mientras esté en funciones. Conde-Pumpido pretende que el tribunal delibere sobre dichos asuntos antes del periodo electoral que llegará el año que viene, primero con las elecciones autonómicas y posteriormente con las generales, para no interferir en éstas.

Campo y Díez tendrán que abstenerse

El nuevo presidente convocará el próximo Pleno del tribunal en 15 días y le corresponde elegir los asuntos que se incluirán en el orden del día. Fuentes del grupo conservador del TC destacaron el pasado lunes, cuando tuvo lugar la toma de posesión de los nuevos miembros Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa que los dos primeros, Campo y Díez, tendrán que abstenerse en la deliberación y votación de los recursos contra medidas del Gobierno de Sánchez en los que intervinieran como ministro de Justicia y asesora del Ministerio de Presidencia, respectivamente.

Si así ocurre, la mayoría progresista del Alto Tribunal se quedaría en cinco miembros frente a cuatro del grupo conservador. De ahí que, para la aritmética de las votaciones, cobre relevancia la sustitución del magistrado Alfredo Montoya, así como la tendencia de quien le releve en el puesto.

Corresponde al Senado proponer a su sustituto puesto que Montoya fue nombrado a propuesta del PP, grupo mayoritario en la Cámara alta en el momento de su nombramiento. Ahora, el PSOE tiene mayoría en el Senado, por lo que la próxima batalla entre los dos partidos mayoritarios del Congreso estará en decidir si se le nombra o no dependiendo de si hay acuerdo sobre el CGPJ y si se permite al PP que elija al candidato a pesar de no tener ahora mayoría como acordaron Bolaños y Pons. Si así ocurre finalmente, la futura elección de un magistrado de corte conservador llevaría a posibles empates de cinco votos entre el bloque conservador y el progresista en los asuntos en que Campo y Díez se tengan que abstener.

Este miércoles, después de conocer el resultado de la votación en el Pleno del Constitucional, el Partido Popular lamentó que «se haya tensionado de nuevo el procedimiento que se venía siguiendo hasta ahora por el que la vicepresidencia del Alto Tribunal recaía en alguno de los miembros que forman parte de una corriente doctrinal distinta a la del Presidente». Estaba previsto que Ricardo Enríquez, el miembro conservador de mayor edad alcanzara la vicepresidencia pero finalmente la elegida fue la progresista Inmaculada Montalbán, propuesta por el PSOE en su momento para el puesto.

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