No están los populares nada contentos con la elección de Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional frente a la también progresista María Luisa Balaguer. Considera el primer partido de la oposición que "lamentablemente", a día de hoy, "es una institución también debilitada por los efectos del 'sanchismo' y comprendemos que entre la opinión pública puedan suscitarse dudas acerca de su independencia", dado el perfil político del que también fue Fiscal General del Estado con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, no se ha cumplido el que era un pacto no escrito por el cual la vicepresidencia siempre la ha ocupado un magistrado de procedencia opuesta a la del presidente, de modo que debería haber sido elegido un conservador. Es otra progresista, Inmaculada Montalbán, la nueva vicepresidenta en lugar del conservador de mayor edad, Ricardo Enríquez. Opina el PP que esta decisión viene a "tensionar de nuevo el procedimiento que se venía siguiendo hasta ahora por el que la vicepresidencia del Alto Tribunal recaía en alguno de los miembros que forman parte de una corriente doctrinal distinta a la del presidente".

Sánchez vuelve a saltarse "los consensos respetados hasta ahora por los gobiernos de diferente signo político"

Significa que, a juicio del PP, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, vuelve a actuar "saltándose consensos respetados hasta ahora por los gobiernos de diferente signo político anteriores a este", incluidos los socialistas de Felipe González y de Zapatero. Insisten además en sus críticas al carácter "inédito" de que formen parte del tribunal de garantías constitucionales "dos ex miembros del Gobierno", en alusión al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex asesora monclovita Laura Díez.

A pesar de ello, dicen esperar que el TC "pueda blindar su actuación ordinaria de la voracidad institucional demostrada por el Gobierno a lo largo de la legislatura colocando a dedo a militantes y simpatizantes socialistas al frente de instituciones, mermando con ello su credibilidad y devaluando de forma injusta el impecable trabajo de cientos de servidores públicos que desempeñan cada día su labor en estos organismos guiados por el más escrupuloso respeto a la ley, la vocación de servicio público y la más exigente profesionalidad en el ejercicio de sus funciones".

Y concluye el comunicado de Génova a modo de advertencia que el Constitucional "es un órgano fundamental en nuestro Estado de Derecho, que debe garantizar la supremacía de nuestra Carta Magna y su acatamiento por todos los poderes públicos", en velada alusión a la posibilidad de que la mayoría progresista del TC, con su presidente al frente, se abra a la posibilidad de un referéndum en Cataluña sobre todo después de que la magistrada María Luisa Segoviano afirmara que se trata de algo "complejo" que "hay que estudiar".