Finalmente, ganó el candidato del Gobierno. Cándido Conde-Pumpido es ya presidente del Tribunal Constitucional tras ganar la votación por un sólo voto (6-5) a María Luisa Balaguer, también «progresista», y que confió hasta el último momento en lograr la unanimidad del Pleno a su favor.

Ha sido clave el voto de la nueva magistrada María Luisa Segoviano, ya que existía la sospecha de que podía inclinarse a favor de Balaguer.

Lo relevante es que el Gobierno saca adelante a su candidato favorito, en un momento en el que el Constitucional tendrá que resolver recursos muy importantes, como el que afecta a la ley del «sólo sí es sí», a la norma que limita las funciones del CGPJ, o la ley Celáa. Además, al TC llegarán también los recursos contra la supresión del delito de sedición o la rebaja de penas de la malversación. El Gobierno, por tanto, se asegura que en esos asuntos polémicos y políticamente sensibles no va a tener que enfrentarse a resoluciones contrarias del Tribunal de Garantías, al contrario de lo que sucedió con el decreto sobre el primer estado de alarma por el Covid.

Finalmente, Segoviano no respaldó a Balaguer y facilitó el triunfo del candidato favorito de Moncloa

Por eso era tan importante no sólo revertir la mayoría «conservadora» en el TC, sino poner al frente del mismo a alguien que siempre, desde su etapa como Fiscal General del Estado, ha seguido fielmente las directrices del Gobierno socialista. De hecho, las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) se pusieron en marcha, a iniciativa de Moncloa, para lograr este objetivo. Aunque el candidato del Gobierno para el TC, de los dos que le correspondía proponer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), era José Manuel Bandrés, finalmente María Luisa Segoviano, que fue propuesta por unanimidad, contando con el apoyo del «bloque conservador» del CGPJ, ha votado por el magistrado que quería el Gobierno. Así que las reformas instrumentales, inspiradas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, no han sido necesarias y quedarán aparcadas definitivamente tras haberlas paralizado en el Senado una resolución en el mes de diciembre del TC, antes de que se produjera la renovación que ha dado la mayoría al «bloque progresista».

A Conde Pumpido -además de él mismo- le han apoyado Segoviano, Juan Carlos Campo, Laura Díez (ambos recientemente nombrados a propuesta del Gobierno), Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán, que, además será, a partir de ahora, vicepresidenta del Tribunal de Garantías.

Balaguer obtuvo, además de su propio voto, el respaldo de los «conservadores» Enrique Arnaldo, César Tolosa, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel.

Aunque la fractura no tiene por qué determinar futuras votaciones, es evidente que Balaguer seguirá su propio criterio, lo que hará que la «mayoría progresista» de 7 magistrados sobre un total de 11 no pueda aplicar sistemáticamente su rodillo. Por ello, cobra especial relevancia el puesto que queda todavía por cubrir, el del magistrado «conservador» Alfredo Montoya, de baja por enfermedad.

Esa será la próxima batalla. El Gobierno no está dispuesto -aunque sí lo estuvo en la negociación para renovar el CGPJ entre Bolaños y González Pons– a ceder graciosamente ese puesto a un magistrado propuesto por el PP y que tiene que salir de una votación en el Senado, donde el PSOE tiene mayoría.