España

Feijóo presenta en Cádiz 60 medidas para despolitizar el CIS, RTVE o el CNI

La propuesta gira en torno a cinco grandes ejes: Constitución e integridad territorial, Poder legislativo, mejor Gobierno, Poder Judicial y prestigio de las instituciones;

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la firma del Plan de Calidad Institucional en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la firma del Plan de Calidad Institucional en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz. EFE

Sin logo del PP, sin apenas dirigentes de su formación política y sólo con las banderas de España y de Europa. El líder del primer partido de la oposición PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido dar un toque institucional a la presentación de su «Plan de Calidad Democrática» (que aquí se reproduce en su integridad) en Oratorio San Felipe Neri en Cádiz, cuna del constitucionalismo español. El objetivo del plan es terminar con la «opacidad y el nepotismo» en el ejercicio del poder recuperando el prestigio de las instituciones, erosionado, a su juicio por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tan solo dos días después de una multitudinaria manifestación en Madrid bajo el lema «Por España, la democracia y la Constitución«, en contra de las reformas emprendidas por el Gobierno para dar satisfacción ERC y los cargos que tiene condenados por el proceso soberanista de 2017, Feijóo, ha señalado que los socialistas y sus socios están inmersos en una «deriva» que ha superado ya su «capacidad de asombro» y por eso el PP ha dado el paso de presentar un plan que incluye «diagnóstico certero y justo» con «principios sólidos y necesarios» en este momento en España, informa Europa Press.

«Herramienta contra la resignación»

El de este lunes se trataba más de un acto casi a título personal que como presidente nacional del PP, que ha terminado rubricando su propia propuesta con un prolijo mensaje: «Un gran país necesita instituciones a su altura. Aquí está mi compromiso para lograrlo y volver a ponerlas al servicio exclusivo del interés general. Este documento supone un contrato con España pero también una herramienta contra la resignación».

No se ha hecho, en todo caso, muchas ilusiones, al vaticinar una respuesta del gobierno marcada por el «menosprecio» y la «descalificación». Pero ha señalado que el PP debe «rebelarse» ante este estado de cosas para demostrar «que no es esta, la del Gobierno, la única política posible en España». Su compromiso es poner en marcha estas propuestas en sus primeros 100 días de Gobierno de ganar las elecciones generales. «Si el sanchismo no nos escucha lo hará la mayoría de los ciudadanos», ha subrayado.

La propuesta de calidad democrática gira en torno a cinco grandes ejes. Protección de la Constitución y de la integridad territorial del Estado; garantizar las funciones del Poder legislativo y la calidad de las leyes; Iniciativas para un mejor Gobierno (donde incluye su propuesta de que gobierne el alcalde más votado); medidas de mejora del Poder Judicial; y actuaciones para recuperar el prestigio de las instituciones, donde hablan explícitamente del CIS, el INE, el CNI y RTVE.

El PP quiere limitar el uso del decreto ley y poner en marcha una claúsula anti-Tezanos

La filosofía general es que para ocupar la máxima responsabilidades en estos organismos públicos y en las distintas instancias del Poder Judicial , al menos en los últimos cinco años no hayan sido cargo electo, miembro del gobierno de la nación ni de las Comunidades autónomas, secretarios de Estado ni hayan ostentado cargo orgánico alguno en partido político u organización sindical, en definitiva toda una «cláusula» anti-Tezanos.

En su propuesta de calidad democrática aboga además por recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto la reforma de la malversación y tipificar el delito de referéndum ilegal, que en su momento defendió también Pedro Sánchez. Asimismo, aborda medidas para «para garantizar las funciones del Poder legislativo y la calidad de las leyes», de modo que se limite el recurso al Real Decreto Ley, se regule la periodicidad del Debate del Estado de la Nación y se constituya en el Parlamento una Oficina de Calidad democrática y Legislativa.

Establecer una comunicación institucionalizada y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, hoy totalmente cortocircuitada, así como concretar los requisitos de idoneidad para dirigir los organismos reguladores y señalar un mandato de 5 años para el Fiscal General del Estado, desvinculándolo del Gobierno, forman parte de esa amplia propuesta de 60 medidas.

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