Las "discrepancias" técnicas de Justicia e Igualdad sobre el aumento de penas siguen bloqueando la reforma del 'sí es sí'

Los dos socios dicen perseguir el acuerdo, insisten en que la negociación continúa abierta, pero el tiempo se agota. El disenso para la reforma de la ley del solo sí es sí persiste en torno al mismo punto: cómo aumentar las penas sin reintroducir la violencia o la intimidación como motivo para imponer condenas mayores y protegiendo el consentimiento como eje central de la norma. Igualdad tiene fijada su línea roja claramente, y no está dispuesta a ceder, mientras que los socialistas quieren una solución técnicamente rigurosa, que evite con seguridad las sentencias a la baja de agresores sexuales en el futuro —nada se puede hacer para frenar el goteo continuo de reducciones de pena, y ya van más de 370—, y que sea rápida. Porque Pedro Sánchez dio la orden muy clara de presentar esta semana en el Congreso la proposición de ley para cambiar el texto, con o sin el acuerdo de Podemos.

La titular de Igualdad, Irene Montero, reconocía este miércoles por la noche en Informativos Telecinco que no hay aún fumata blanca, aunque no contempla "otro escenario que el acuerdo" con el PSOE. Hay ahora mismo, dijo, una "discrepancia fuerte" en torno al consentimiento. Seguirá "trabajando" por el consenso, en su caso con el objetivo de "proteger el consentimiento" de la mujer como "centro" de la ley, de manera que no se vuelva "al modelo de la intimidación". "Estoy abierta a cualquier posibilidad que nos permita dar una respuesta unitaria [de todo el Gobierno], pero a tocar el consentimiento, no", aseguró tajante.

Estoy abierta a cualquier posibilidad que nos permita dar una respuesta unitaria, pero a tocar el consentimiento, no"

IRENE MONTERO, MINISTRA DE IGUALDAD

Ahí radica el problema. En ese punto. El ala socialista del Ejecutivo defiende la propuesta "rigurosa" de Justicia, que consiste en añadir un apartado en cada uno de los supuestos recogidos en la ley, en el que se establezca que cuando se emplee "violencia o intimidación" o se anule "la voluntad de la víctima por cualquier medio", el agresor será castigado con penas más duras, las que se establecían en el Código Penal anterior. Por ejemplo, si una agresión sexual, en su tipo básico, se penaliza con uno a cuatro años de cárcel, si mediara violencia, se aumentaría la horquilla a uno a cinco años entre rejas. Y en los casos de agresión con penetración vaginal, anal o bucal, si hay violencia, se castigaría con seis a 12 años de prisión, y si no la hay, como figura en el sí es sí, con entre cuatro y 12 años.

Para Montero y para Podemos esta propuesta no es aceptable, ya que se retorna al esquema anterior, en el que la gradación de las penas depende de que haya violencia o intimidación. El modelo que lleva a las mujeres al "calvario probatorio de tener que probar con las heridas en el cuerpo si se resistieron lo suficiente", en palabras de la ministra. La pregunta que ha de hacerse a la víctima, razonó, es únicamente si consintió, y no si se resistió, porque esa es la única manera de acabar con la "impunidad" de los delitos contra la libertad sexual, ya que ahora mismo solo un 8% de las mujeres lo denuncia, frente al 92% que no lo hace.

"Hermana, yo sí te creo"

Se trata de poner en el centro el "hermana, yo sí te creo" que se coreó en las calles tras la sentencia de La Manada, justificó, y no de dar pasos atrás. Podemos entiende que si se recupera la violencia como elemento, se desvirtúa la ley, mientras que los socialistas insisten en que no es así, porque no se va a tocar el nuevo artículo 178.1 del Código Penal, el que define jurídicamente qué es el consentimiento, el que se manifieste "libremente mediante actos que [...] expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Podemos denuncia que al PSOE le "tiemblan las piernas" ante las "presiones" de la derecha y que hay "resistencia" ante las leyes feministas

Montero, igual que horas antes hiciera la secretaria general de la formación morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, señalaron las "presiones" de la derecha que está recibiendo el PSOE para cambiar la ley y a las que estaría sucumbiendo. "En este Gobierno hay dos fuerzas: una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no", subrayó Belarra en La hora de La 1 de TVE.

Para los morados, la ley no es el problema, sino la aplicación incorrecta de la misma que está haciendo una "minoría de jueces", porque "la mayoría de ellos", dijo la responsable de Igualdad, sí respeta el espíritu de la norma y no está "bajando las penas". "Hay resistencia en la sociedad y en la justicia, como en el caso del voto particular [de un juez del caso de La Manada] que vio jolgorio en una violación grupal a una mujer", aseguró Montero, en un tono más comedido contra los magistrados. De hecho, negó que hubiera calificado a los jueces de "machistas" o "fachas", sino que habló de "sesgos machistas en la Justicia", y que no los denuncia ella, sino la organización CEDAW de la ONU.

Igualdad insiste, y lo volvió a repetir Montero en Telecinco, en que hay que aguantar, esperar a que la ley despliegue sus efectos, porque lo mismo ocurrió con la ley de violencia de género de 2004, porque cuando entró en vigor aumentó un 158% el número de sobreseimientos y 183 jueces presentaron cuestiones de inconstitucionalidad. "Hay resistencia a la aplicación de leyes feministas", denunció, siendo consciente del "dolor y consternación" que están suponiendo las rebajas de penas a los violadores. También se dirigió a quienes en la izquierda critican la ley (no cambiarla es "soberbia infantil", dijo la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena; hay que modificar la norma "sin dramatismos", señaló la candidata de Más Madrid por la capital, Rita Maestre): la "dureza" de sus palabras contrasta con la "falta de propuestas".

Llop no viaja a Marruecos

El acuerdo aún no ha llegado pero la negociación no se ha detenido. Es más, se ha intensificado en los últimos días. Un dato: Montero suspendió el acto previsto para este miércoles —salvo la entrevista por la noche, que dicen en su equipo que estaba cerrada la víspera, aunque no aparecía en la agenda del Gobierno—, y la titular de Justicia, Pilar Llop, no viajó a Marruecos para participar, junto a Sánchez y otros 11 ministros, a la XII Reunión de Alto Nivel (RAN). La responsable de Igualdad señaló que su departamento había llegado a presentar "hasta cinco propuestas", además de su plan para una mayor protección a las víctimas de los delitos sexuales.

Las negociaciones se intensifican y la consigna es no aumentar el ruido ambiente para propiciar el acuerdo

En las dos alas del Ejecutivo, la socialista y la morada, subrayaban durante toda la jornada que las conversaciones seguían. La duda es si se podrá encontrar una salida intermedia que satisfaga a Podemos y que ofrezca la seguridad jurídica absoluta que reclama el PSOE, pero a priori no es sencillo. Justicia siempre ha defendido, y lo respalda la Moncloa, que no se pueden subir sin más las penas, que hay que justificarlo por el principio de "proporcionalidad" que ha de guardar el Código Penal.

Desde Ferraz y desde la Moncloa se agarraban al silencio y ni siquiera garantizaban por completo que la proposición de ley entrará en el Congreso el viernes. La consigna es no aumentar el ruido ambiente para favorecer el entendimiento, aunque socialistas y morados descartan el riesgo de ruptura.

Belarra dice que al PSOE "le tiemblan las piernas" ante la presión: "Estamos ante una incorrecta aplicación de la ley solo sí es sí"

Los socios están de acuerdo "en dos cosas", reseñó el titular de la Presidencia, Félix Bolaños, al comienzo de una visita a una exposición en la Fundación Ortega-Marañón, en Madrid. Uno, "mantener el consentimiento en el centro de la ley" y dos, "que no se pueden repetir las rebajas de penas" a condenados por delitos contra la libertad sexual. "Estamos en un momento clave de la negociación", se limitó a indicar, para recalcar que los equipos técnicos continúan trabajando para una "regulación impecable desde el punto de vista penal". Las conversaciones entre PSOE y Podemos entran en el tramo definitivo del túnel.