Los nervios y los comunicados oficiales corrieron por los pasillos enmoquetados de las grandes compañías del Ibex 35 cuando el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, fue abriendo piezas de investigación a las empresas que contrataron los servicios privados del comisario José Manuel Villarejo en la década de los 2000, imputando por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos nada más y nada menos que a los presidentes de Iberdrola y Repsol y a los expresidentes de CaixaBank y BBVA, algunas de las compañías más importantes de nuestro país.

Cuatro años después de que se acordaran dichas imputaciones, la causa contra los grandes del Ibex por presuntamente estar al tanto de la contratación de los servicios del policía ahora jubilado y que continuaba en activo cuando realizó sus informes "de inteligencia", según él, "de espionaje", según la Fiscalía Anticorrupción sobre otras compañías de la competencia y sus presidentes, se ha desinflado. En este momento sólo continúa investigado el expresidente de BBVA, Francisco González.

Archivo de Repsol y CaixaBank

El pasado lunes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el archivo de la causa para el presidente de Repsol, Antonio Brufau y para el expresidente de CaixaBank, Isidro Fainé, así como para ambas compañías como personas jurídicas y para los directivos Luis Suárez de Lezo, expresidente del Consejo de Administración de Repsol; Juan de Amunátegui, exdirector corporativo de servicios patrimoniales de Repsol; Joaquín Uris, exdirector corporativo de gestión patrimonial de la petrolera y Antonio Massanell, exdirector general de Medios de CaixaBank.

En la pieza 21 del caso Tándem se investigó la contratación de la empresa Cenyt de Villarejo por parte de Repsol y CaixaBank en 2011, a raíz de que sus presidentes Brufau y Fainé se pusieran de acuerdo para investigar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero, de quien sospechaban que quería hacerse con el control de Repsol a través de un pacto de sindicación con Pemex. En junio del año pasado, el instructor de la causa, García-Castellón, llegó a la conclusión de que los expresidentes no tuvieron conocimiento de la contratación de Villarejo para el denominado Proyecto Wine ni de que el comisario continuaba en activo en la Policía. Dejó la responsabilidad de la contratación en los exjefes de Seguridad de ambas compañías, Rafael Araújo y Miguel Ángel Fernández Rancaño, por lo que mantuvo a éstos, a Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al comisario de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, en la causa. También exoneró a las compañías como personas jurídicas.

La Fiscalía Anticorrupción y la defensa de Luis del Rivero recurrieron el archivo considerando que en el momento de los hechos Repsol no tuvo una política adecuada para prevenir delitos internamente. Los magistrados, sin embargo, concluyeron que "en el momento en que se produjeron las contrataciones con CENYT a que se refiere este procedimiento, Repsol SA contaba con un Modelo de Prevención de delitos que cumplía con los requisitos previstos en el artículo 31 bis CP. Ningún modelo es infalible, y si un delito se comete por alguno de los sujetos que contempla el precepto citado, no implica necesariamente que el modelo de prevención de delitos adoptado por la persona jurídica sea inadecuado, incumpla la normativa vigente o falle, pues bastaría con adoptar un modelo que cumpliera todas las normas para impedir la comisión de delitos, lo que no se ajusta a la realidad y precisamente por eso los modelos de prevención de delitos están sujetos a revisiones periódicas". De ahí que archivaran definitivamente la investigación.

Iberdrola, archivado por prescripción

También en 2011 el responsable de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo -que igual que los exjefes de Seguridad de Repsol, CaixaBank y BBVA había sido policía y de esa etapa conocían a Villarejo- contrató los servicios de Cenyt para que investigara a la sociedad suiza eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario Cristopher Kaap y a su apoderado Corneliu Dica con los que Iberdrola Renovables tenía conflictos empresariales por la ejecución de una serie de proyectos en Rumanía. Se trató del denominado Proyecto Wind.

El pasado 22 de noviembre, la Sala de lo Penal confirmó el archivo de la causa para Iberdrola Renovables como persona jurídica por la prescripción de los posibles delitos investigados de cohecho y revelación de secretos por los que sus representantes legales fueron citados a declarar en julio de 2021.

Los magistrados concluyeron que "contando desde finales de 2011, fecha de la consumación del presunto cohecho activo por el que se investiga en la presente causa a Iberdrola Renovables, el 9 de julio de 2021, cuando esta compañía fue llamada a declarar en calidad de investigada e, incluso el 31 de mayo de 2021, fecha de la denuncia interpuesta por Cornelius Dica y C-Tech, habían transcurrido ampliamente los cinco años del plazo de prescripción".

Un mes antes, en octubre de 2022, la Sala de lo Penal también confirmó el archivo de la investigación contra el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por presuntamente estar al tanto de la contratación de la compañía de Villarejo porque los delitos de cohecho y revelación de secretos por los que se le imputó habían prescrito incluso antes de que el juez le citara a declarar. El plazo de prescripción de los delitos, según los magistrados, "ya había transcurrido el 23 de junio de 2021, que es cuando el procedimiento se dirigió contra José Ignacio Sánchez Galán al ser citado para ser oído como investigado, teniendo en cuenta que los hechos que se le imputan en el auto recurrido ocurrieron entre 2004 y 2009".

Entre éstos estaba, según las acusaciones, el supuesto conocimiento del encargo a Villarejo de los denominados proyectos Gipsy y Posy, el primero consistente en investigar al empleado de Iberdrola José María Álvarez Vázquez por su posible vinculación con Florentino Pérez, presidente de ACS, y el segundo, investigar al propio Florentino Perez a fin de conocer cualquier circunstancia que, llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola.

Goirigolzarri declaró como testigo en la 'pieza BBVA'

La pieza del caso Tándem que aún no ha sido archivada es la abierta contra el expresidente de BBVA, Francisco González, el banco como persona jurídica y otros directivos de la entidad por los encargos a la compañía Cenyt de Villarejo entre 2004 y 2005.

En este caso, en el que declaró como testigo en mayo de 2022 el ex consejero delegado de BBVA y ahora presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, el nexo entre el banco y el comisario Villarejo también fue el exjefe de Seguridad de la compañía y expolicía Julio Corrochano.