El tiempo se ha convertido en el peor enemigo de las víctimas de la dictadura franquista. Durante décadas, antes de la restauración de la democracia, los restos de sus familiares se enterraron en el Valle de los Caídos, en la mayoría de los casos sin autorización familiar. Tras la Transición, el olvido en aras a una restauración de la convivencia se extendió sobre las decenas de miles de personas enterradas en aquel monumento ordenado construir por el régimen franquista. Cuatro décadas de democracia después, el tiempo continúa pasando sin resultados. Las 121 familias que tienen reconocido el derecho a la exhumación de su familiar, en algunos casos desde hace años, continúan esperando.

El traslado ayer de los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, volvió a recordarles que su caso no parece tener la misma urgencia. Tampoco la tuvo cuando se exhumaron los restos de Franco hace más de tres años, el 24 de octubre de 2019. En este tiempo nada ha cambiado. Desde el Ejecutivo se asegura que las exhumaciones de los restos reclamados por los familiares se llevarán a cabo “tan pronto como terminen las labores de acondicionamiento que deben desarrollarse en el recinto de manera previa”.

Las 121 autorizaciones actualmente en vigor apenas representan un porcentaje mínimo en comparación con las 33.833 personas enterradas en las criptas del Valle de Cuelgamuros. En la mayoría de los casos no se ha solicitado la exhumación, un proceso que requiere de una petición expresa de las familias, además de tener que aportar información que facilite la identificación y pruebas de ADN.

Un tercio de las peticiones familiares proceden del País Vasco, donde desde 2018 se puso en marcha el proceso para solicitar a Patrimonio Nacional, responsable de toda la tramitación, la autorización de las exhumaciones. Actualmente 37 familias vascas ya cuentan con ese derecho de exhumación reconocido y en uno de los casos afecta a dos cuerpos sepultados en el Valle. A ellos se suman otros cinco casos que actualmente se encuentran en tramitación. Algunas de estas autorizaciones ya fueron reconocidas hace más de dos años y siguen esperando.

Sin fecha ni plazos previstos

Se trata de un proceso complicado dado el mal estado de algunas de las criptas donde están sepultados los restos. El procedimiento para obtener ese reconocimiento para la exhumación debe partir de una petición expresa de los familiares del sepultado. Conlleva además que se pueda acreditar la identificación mediante muestras genéticas. De las más de 33.800 personas enterradas tan sólo han podido ser identificadas dos terceras partes de los restos. En 12.410 casos no se ha podido determinar la identidad.

De este modo, las familias que deseen exhumar los restos de su ser querido primero tendrán que someterse al registro de una muestra de ADN válida para poderla cotejar con las ya existentes y verificar que corresponde con alguna de las personas identificadas en el Valle de los Caídos. A ello se suma la necesidad de comprobar que la cripta en la que se encontrarían los restos puede ser sometida a un procedimiento de exhumación. Las filtraciones de agua y el mal estado de algunas de las criptas y de los restos, hace inviable que se puedan llevar a cabo.

Fuentes del Instituto 'Gogora' del Gobierno vasco aseguran a ‘El independiente’ que en su caso desconocen cuándo se podrá llevar a cabo el procedimiento. Señalan que, pese a que hace mucho tiempo que tienen acreditadas y reconocidos, ese derecho en más de una treintena de familias no se ha logrado ir más allá y completar las exhumaciones a las que tienen derecho.

Restos sin identificar

Otro de los elementos que se reclama es que las familias que deseen llevarse los restos de su ser querido deben acreditar un lugar adecuado donde poderlos inhumar una vez retirados del Valle de los Caídos. En el caso del Gobierno vasco, el Ejecutivo, a instancia del Parlamento vasco, elaboró un informe en el que determinó que los restos de 1.231 hombres fueron trasladados al Valle de los Caídos desde Euskadi o los restos de combatientes vascos fueron enviados desde otros lugares. Un listado que en 917 casos ha logrado determinar nombres y apellidos, mientras que en los 314 restantes no se ha podido determinar la identidad. Además, se hace constar el origen y las circunstancias en las que fueron enviados los restos mortales hasta Cuelgamuros.

Desde la Asociación de Familiares pro Exhumación de Republicanos del Valle de los Caídos se denunció ayer la dejación del Gobierno en atender los casos de las familias que ya tienen reconocido este derecho. Denuncian que mientras casos como los de Primo de Rivera se han resuelto en cuestión de meses, la exhumación de algunos de los restos, acumulan lustros de espera. La presidenta de la Asociación, Silvia Navarro, declaró ayer en la Ser que se está “haciendo política” con esta cuestión, “cuando se trata de un tema de derechos humanos”. Reconoció que se han dado pasos y se están haciendo algunos trabajos necesarios pero que por ahora no tienen ningún plazo ni fecha para que se proceda a la exhumación de los restos de sus familiares.