La Fiscalía se pronuncia en un informe y descarta activar el proceso para ilegalizar a EH Bildu

La Fiscalía General del Estado se ha pronunciado en un informe en contra de activar el procedimiento para ilegalizar a EH Bildu tras incluir a condenados terroristas y antiguos miembros de ETA en sus listas electorales. "En atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática y, por tanto, debe rechazarse la posibilidad de instar el procedimiento de declaración de ilegalidad", expresa un informe que firman conjuntamente la fiscal Ana García León, jefa de la Secretaría Técnica del Ministerio Público y el fiscal jefe de la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Antonio Narváez.

De esta forma, la Fiscalía zanja un debate que se abrió cuando la formación abertzale incluyó a 44 condenados como candidatos a las instituciones del País Vasco en los comicios del próximo 28 de mayo. Después de que este martes los fiscales de la Audiencia Nacional aseguraran que las deudas con la Justicia de ellos ya estaban saldadas, la Fiscalía General es ahora quien emite otro informe refieríendose exclusivamente a la posibilidad de expulsar al partido de la democracia. "No concurren indicios mínimamente racionales", expresa el documento a lo largo de diez páginas.

La posibilidad de abrir este proceso se contempla en el artículo 9 de la Ley de Partidos Políticos que expresa que es posible la ilegalización cuando las formaciones apoyen acciones u organizaciones terroristas. La respuesta de la Fiscalía llega tras una petición del sindicato de la Guardia Civil JUCIL, si bien también la asociación de Víctimas Dignidad y Justicia se sumó ayer mismo. "La norma no establece causa alguna de ilegalización de partidos políticos por el hecho de ostentar determinados planteamientos políticos, sino porque su actividad vulnere los principios democráticos, porque con esa misma actividad persiga deterior o destruir el régimen de libertades", aclara la Fiscalía.

Las conductas de este artículo 9 de la Ley de Partidos, dicen, "no puden constituir por sí solas, causa de ilegalización, puesto que siempre han de concurrir previamente [...] la vulneración sistemática de las libertades y los derechos fundamentales, el fomento o legitimación de la violencia como méditodo para la consecución de fines políticos o el apoyo político a las acción de organizaciones terroristas".

Los recurrentes señalaban que quienes se presentaban en EH Bildu (siete de ellos con asesinatos de sangre en su haber) no habían condenado expresamente la violencia. Pero el escrtio de la Fiscalía recuerda una sentencia del Tribunal Constitucional: "La pretensión de asegurar a ultranza, mediante controles preventivos, la seguridad del Estado constitucional pone muy en primer lugar en riesgo al propio Estado constitucional". Y en ese sentido, siguen, EH bildu constituye "una coalición de dos partidos" que "han condenado y condenan públicamente la violencia terrorista y han aceptado y asumido el ejercicio de la actividad política dentro del marco democrático y constitucional".

Los fiscales recuerdan que ETA se disolvió el octubre de 2011 y "es desde esta perspectiva actual que se han de valorar todas las circunstancias".

Los 44 condenados tienen sus deudas saldadas

El escrito de la fiscal reitera lo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya había señalado, es decir, que no concurren causas de inelegibilidad. "En los 44 supuestos que se citan las personas recogidas en la relación de candidaturas habían cumplido ya sus condenas".

"Hay que tener en cuenta que ETA, como tal organización, y las personas que la componían no han vuelto a cometer hechos delictivos desde el año 2011 y ha sido disuelta años más tarde, lo que es otro elemento que valorar a la hora de decidir la impugnación de candidaturas o la exclusión de las personas candidatas", remacha el escrito. Para la Fiscalía "no consta acreditado" que estos candidatos de la formación vasca "muestren intención alguna de volver a utilizar la violencia como instrumento al serivicio de sus fines e ideales políticos".