“Ilusionante”. Así han calificado los pescadores canarios la oferta de concesión de licencias presentada este viernes por el Frente Polisario para faenar en las aguas del Sáhara Occidental tras el fin del acuerdo pesquero entre la UE-Marruecos que expira este próximo de julio.
Representantes del sector pesquero y el Polisario han celebrado este viernes una reunión en Las Palmas de Gran Canaria para abordar el escenario que sucederá a la conclusión del acuerdo pesquero después de que en 2021 el Tribunal de Justicia de la UE lo declarara ilegal.
Según los organizadores del encuentro, el sector pesquero canario han mostrado su “predisposición a explorar y trabajar en torno a todos aquellas posibilidades que se determinen una vez establecidos los nuevos términos del marco jurídico aplicable, con el fin de garantizar el buen desarrollo de la actividad económica pesquera”.
El Polisario ha propuesto comenzar a otorgar licencias de pesca directas de un año de duración a pescadores españoles, una medida que tendría que ser aprobada por el Gobierno de España, si bien buscará firmar con la Unión Europea un "acuerdo global" sobre relaciones comerciales basado en políticas de buena vecindad, tal y como la organización propuso en 2017.
En este sentido, el abogado del Polisario en instancias europeas, Gilles Devers, ha pedido a Pedro Sánchez que "vuelva a la senda del derecho internacional" para solucionar las consecuencias del fin del acuerdo de pesca con Marruecos. En su opinión, el Gobierno español “es libre" de rechazar las licencias de pesca que el Polisario está dispuesto a otorgar a pescadores de este país, si bien ha recalcado que "tendrá que explicar por qué quiere dejarles sin trabajo".
"Es su responsabilidad. Si rechaza esta propuesta, nos dirigiremos a los otros socios porque la UE la conforman 27 países, por lo que empezaremos por consultar a Portugal, Francia e Italia", ha admitido. Devers ha explicado que las licencias de pesca que ofrece el Polisario mantienen las cuotas y todos los parámetros que se han estado aplicando en el marco del acuerdo con Marruecos y garantizan la seguridad de quienes faenen en las aguas de la zona exclusiva del Sahara Occidental, sobre las que Marruecos "no tiene poder". Tanto los tribunales del mar como las misiones de la UE pueden asegurar la pesca en las zonas de conflicto, como se ha hecho en Somalia, Chipre o Crimea, ha subrayado Devers.
La medida podría afectar a las tripulaciones de 13 buques, según ha precisado el portavoz de la Federación Regional de Cofradías de Canarias, David Pavón. El Polisario, por su parte, se ha mostrado “satisfecho” ante la apertura de vías de diálogo “encaminadas a conjugar los intereses económicos españoles con los legítimos derechos del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia”.
El delegado del movimiento saharaui en España, Abdulah Arabi, ha vuelto a exhibir su “firme voluntad de negociar todos los aspectos relacionados con la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental, habida cuenta de la existencia del marco jurídico que permite mantener la actividad económica del territorio, a pesar de la situación de ocupación”.
A juicio de Devers, la posible concesión de licencias es la “solución práctica” más inmediata para “salvaguardar los intereses de los pescadores canarios y sus familias” afectados por la no renovación del acuerdo de Bruselas con Marruecos.
Ambas partes, según un comunicado remitido a El Independiente, han coincidido en la necesidad de “consolidar los canales de comunicación que permitan ahondar en posibles soluciones técnicas que redunden en beneficio de ambas partes”.
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2 Comentarios
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hace 10 meses
Bla bla y más bla bla. Haciendo propaganda. Como van a otorgar licencias si polisario misma no puede pescar en estas aguas.
hace 10 meses
Habría que esperar a que se hiciera pública la sentencia del TJUE. Si esta fuera favorable a los intereses del pueblo saharaui, la propuesta hecha pública ahora por el Polisario adquiría un gran interés y abriría unas expectativas nuevas.
En ese caso, el gobierno español y la Unión Europea tendrían que manifestar de forma clara si están dispuestos a cumplir lo que sus propios tribunales han dictaminado o si, por el contrario, van a priorizar los intereses marroquíes aunque se vulneren tanto el derecho internacional como la jurisprudencia sobre el contencioso.