La queja de la lentitud de la Justicia española es recurrente, pero los tribunales londineses, al menos en lo que a la demanda de la empresaria Corinna Larsen se refiere, no están brillando por su celeridad. Desde diciembre de 2020 la que fuera amante del Rey Juan Carlos I interpuso la denuncia contra él por acoso, el procedimiento se ha enredado en la inmunidad del monarca y el alcance de los delitos. Ahora que las bases están asentadas, este martes 18 de julio se celebra una nueva vista en la que, según fuentes en la capital británica, se analizará la competencia de un tribunal extranjero para juzgar hechos cometidos fuera de su jurisdicción.

La primera victoria de Juan Carlos I, que ha cambiado de abogados en mitad del procedimiento, se logró el pasado 6 de diciembre cuando el Tribunal británico le concedió parcialmente la inmunidad de todos los hechos que sucedieran antes de 2014. Larsen denuncia cómo el emérito y el CNI, presuntamente, la presionaron y la vigilaron ilegalmente y llegaron a amenazarla de muerte en un hotel después de que ella se negara a devolver a Juan Carlos I los 65 millones de dólares que éste le había donado en 2012. La situación, según ella, se prolongó al menos hasta 2019, cinco años después de que cediera el trono a su hijo y perdiera la condición de inviolabilidad que le otorga la Constitución. Así que el foco judicial está puesto ahora en ese periodo.

La examante del Borbón ha acudido por la vía civil y reclama una indeminización y una orden de alejamiento que será lo que el juez Matthew Nicklin tenga que esclarecer.

En una vista anterior celebrada en marzo de 2022 ya el emérito planteó una serie de cuestiones previas ante el magistrado. En primer luegar, la forma en la que se le comunicó la demanda civil, que se hizo a través de Whatsapp. En segundo lugar, el encaje de los actos de acoso anunciados por Larsen. Y, por último, la declinatoria de jurisdicción 'no convenient' a favor de la jurisdicción española, es decir, que lo ocurrido no puede ser juzgado en Londres. Es todo esto lo que, en principio, verá la corte británica este martes.

El enredo de la demanda

Una parte muy importante de la demanda de Larsen por acoso se encuadraba en el periodo desde 2012 a 2014. Por ejemplo, la visita presuntamente amenazante que le hizo en Londres el entonces director general del CNI Félix Sanz Roldán; o la intrusión de un equipo de operativo de la empresa de esguridad Eulen a las órdenes de Sanz Roldán en el apartamento de Larsen en Mónaco. Todo esto quedó al margen el pasado mes de diciembre y la decisión de los tribunales británicos hizo que el hilo narrativo de Larsen perdiera consistencia.

“El general Sanz Roldán actuó en todo momento en su capacidad de director del CNI. De ese modo, tanto él como los operativos del CNI con los que actuó estaban durante todo ese tiempo maniobrando como agentes del Estado español. Y como el Estado es siempre responsable de aquellos actos realizados ‘bajo el color de la autoridad’ [el principio jurídico establecido en precedentes judiciales y alegado por la defensa de Juan Carlos I], hayan sido o no autorizados o sean o no legales de acuerdo con las leyes nacionales o internacionales, esos actos son atribuibles al Estado español”, expuso la sentencia entonces.

Igualmente, los jueces dejaron fuera un informe médico firmado por el doctor Frank Farnham en el que se hacía referencia expresa a "depresión de gravedad entre suave y moderada, desorden de ansiedad entre suave y moderado y síntomas que sugieren un desorden de estrés postraumático”. El Tribunal señaló que como no estaba en la demanda inicial, no podía tenerlo en cuenta.

Denuncia de sus propios abogados

Por si fueran pocos los frentes de Juan Carlos I en Londres, el despacho de abogados Carter-Ruck ha interpuesto una demanda contra él por incumplimiento de contrato, según lo avanzado por El Confidencial. Este es el segundo despacho que el emérito contrató para el pleito contra Larsen y estuvo con él hasta diciembre de 2022. Antes, estuvo defendido por Clifford Chance, uno de los cinco bufetes más importantes de Reino Unido.

La demanda también en sede londinense refiere a que el monarca no ha pagado, supuestamente, los honorarios del despacho.