Las fichas del tablero empiezan a moverse al son de las urnas y de los posibles cambios que las elecciones del 23-J propulsen. Si la ministra de Justicia Pilar Llop es una de las que está en duda en caso de una reedición del Gobierno de izquierdas, en la derecha ya empiezan a sonar nombres para ocupar los altos puestos de ese ministerio en caso de un Ejecutivo liderado por Alberto Núñez-Feijóo. Uno de ellos es el del juez Fernando de Rosa, actual Senador del PP y hombre fuerte en la sombra de Esteban González Pons. "Tiene un perfil muy adecuado, una persona razonable y muy sensata", confirma una fuente de los populares.

Fernando de Rosa ha ocupado la portavocía de Justicia en la Cámara Alta y tiene "amplios" conocimientos en esa administración. El juez de 64 años fue elegido en 2019 por la diputación de Valencia. "No lleva mucho tiempo afiliado pero es una persona comprometida con el proyecto", explican. Antes, ocupó la presidencia de la Audiencia Provincial valenciana.

"Tiene incendiada la Administración de Justicia, desprecia la lucha contra la violencia de género, debería haberse ido a su casa", el espetó a Llop este año en el Senado. Esta legislatura, el magistrado ha defendido la lucha contra la violencia machista y ha acusado al Ministerio de haber humillado a las víctimas de Játiva (municipio valenciano) donde se eliminó un juzgado de violencia de género. "Con esta supresión las mujeres maltratadas tienen que recorrer 140 kilómetros para poder ser atendidas en el juzgado de Alzira, en coche y, si va en transporte público, pueden ser dos horas".

El senador con una dilatada experiencia judicial fue uno de los nombres que sonó para un sillón en el Tribunal Constitucional y ha sido el azote del PSOE contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este órgano también lo conoce bien, puesto que ha sido vocal bajo la presidencia de Carlos Dívar e incluso llegó a ocupar la presidencia temporalmente cuando éste tuvo que dimitir.

En 2019, el senador electo por Valencia sonó también para la candidatura a la alcaldía de la capital valenciana, elección que acabó recayendo en María José Catalá, y fue una apuesta personal del líder del PP, Pablo Casado, avalado por una de las "casadistas pata negra", la diputada Belén Hoyo.

Su carrera en el mundo jurídico está ligada a los colores azules, si bien su pasado en Valencia, tan cerca de Francisco Camps, puede ser una de las piedras en su camino al Ministerio. De la Rosa dio el salto a la política en 2003 cuando el expresidente valenciano Camps lo nombró secretario de Justicia de la Generatlitat. En 2015 volvió a la judicatura brevemente porque en 2019 de la mano de Pablo Casado decidió retomar la política.

Siendo presidente de la Audiencia Nacional de Valencia su nombre apareció en la trama 'Gürtel' como supuesto destinatario de un regalo de la empresa de Francisco Correa y Álvaro Pérez, pero él siempre lo negó y el juez de la causa lo desestimó.

El magistrado se ha significado dentro del partido convirtiéndose en una pieza clave en materia de Justicia, según indican fuentes populares. El PP lo ha incluido en las listas como número cuatro por Valencia para el Congreso de los Diputados, candidatura encabezada por González Pons. Lo cierto es que el propio Pons también ha sonado para la cartera de Justicia y, en ese caso, las fuentes no dudan que de la Rosa estará a su lado. "Si Esteban va a Justicia Fernando será su secretario de Estado sí o sí", dicen.

Justicia, una cartera de importancia

Llop ha tenido que enfrentarse a un cuerpo de funcionarios enfadado por la congelación de los salarios desde hace varios lustros y, por ende, a diversas negociaciones para las subidas. Ha cedido en dos de ellas, la que tiene que ver con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y la relativa a jueces y fiscales. No así con los funcionarios de un escalón más bajo que han prolongado una huelga durante meses sin que haya terminado dando sus frutos. El Gobierno que salga de las urnas no tiene ni mucho menos saldadas estas cuentas.

La idea del Ejecutivo de Feijóo es, según varias fuentes, dar un papel preponderante a Justicia así como retomar cuanto antes la renovación del CGPJ que lleva paralizada cinco años. El órgano pierde vocales cada cierto tiempo y tiene una de sus principales funciones, la de nombrar las cúpulas judiciales, suspendida por lo que la decadencia de los distintos tribunales es cada vez más patetente. Sólo en el Tribunal Supremo son más de 80 las plazas de magistrados que están sin cubrir.

El PP quiere superar este debate en los primeros meses de legislatura no sin antes acometer la prometida reforma para que sean los jueces los que elijan a sus pares en el Poder Judicial. Esta será una de las prioridades en los primeros meses de legislatura para, inmediatamente después, poder pasar a la renovación del órgano cuyo mandato venció en 2018.

Otro de los temas escabrosos en un cajón es la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que pretende entregar la instrucción a los fiscales y que los jueces se conviertan en árbitros de las investigaciones, asemejando así el sistema judicial a los países europeos. La ministra Llop prometió llevarla al menos en primera vuelta al Consejo de Ministros, pero falló en su palabra debido a que el CGPJ no entregó a tiempo el informe que analizaba el anteproyecto de Ley. Muchos actores jurídicos son conscientes de que, antes o después, este debate debe abordarse y el PP tampoco es ajeno a ello. Por ver está si retoman el papel ya redactado o escogen un nuevo anteproyecto que sería entonces la cuarta vez que se rehace una propuesta de reforma de la LECrim.