La investidura de Pedro Sánchez se ha tejido en las últimas semanas en diferentes escenarios. Unas negociaciones en las que Junts y Esquerra han ido a ciegas respecto a lo que el otro partido negociaba con los socialistas, puesto que la comunicación en el bando independentista está rota desde la salida de Junts del Govern, hace un año. Los republicanos han clamado en los últimos meses por la unidad de las fuerzas independentistas, pero Carles Puigdemont se ha negado a ceder el protagonismo recién recuperado tras seis años de ostracismo político en los que Esquerra ha sido el único interlocutor del Gobierno.

En este contexto, el equipo negociador designado por Pedro Sánchez ha jugado las cartas de esta partida con especialización de interlocutores y negociaciones estancas para conseguir la cuadratura de los intereses de todos sus socios. A la espera de lo que tenga que decir el PNV, puesto que Bildu ya ha dado su sí a Sánchez.

Reconocimiento y mediador para Puigdemont

La negociación con Puigdemont -el ex president fugado se apresuró a coger las riendas de la negociación de Junts, pese a que no tiene cargos orgánicos en el partido, y ha pilotado las negociaciones con muy pocas concesiones a la ejecutiva del partido- han recaído sobre el número tres del PSOE, Santos Cerdán. Bajo el paraguas de la Ley de amnistía Puigdemont tenía dos prioridades: su reconocimiento como interlocutor político del Gobierno, algún tipo de reconocimiento de Cataluña como "nación" y la figura del relator internacional.

El primer punto empezó a desbrozarse el pasado septiembre, con la visita de la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, al Parlamento Europeo. Fue el primer paso en la formalización de las negociaciones, un reconocimiento que este lunes completó el PSOE con la imagen de Puigdemont junto a Santos Cerdán, en una de las salas de Junts en la Eurocámara, para anunciar que el grueso de la ley de investidura se había cerrado.

El siguiente punto clave para Puigdemont era demostrar que él, al contrario de lo que ha hecho Esquerra en los últimos años según Junts, no aceptaría promesas. Solo habría acuerdo con cesiones tangibles, advertían desde JxCat. Esta exigencia no se ha traducido en la aprobación de la Ley de amnistía antes de la investidura, como se reclamó en un principio, pero sí en la promesa de que el texto acordado se registre en el Congreso antes del debate de investidura.

La obsesión por los compromisos verificables está en la base también de la exigencia de un "relator internacional" que formará parte de la mesa de negociación PSOE-Junts en la que el propio Puigdemont tendrá un papel protagonista. El ex president anunció este jueves que la mesa se reunirá por primera vez este mes de noviembre, y que ambos partidos han pactado ya los nombres de esos observadores internacionales -serán varios- que integrarán el "mecanismo de verificación" de los acuerdos que ambos partidos se han comprometido a negociar.

Entre esos acuerdos futuros, la exigencia del reconocimiento de Cataluña como nación, una vez descartada la vía de la "minoría nacional" que se planteó durante las negociaciones. Una fórmula que Gonzalo Boye ha utilizado en la defensa legal de Puigdemont por su encaje en la legislación europea, pero que no satisfacía las aspiraciones nacionalistas. El reconocimiento del carácter nacional y del derecho de autodeterminación serán una de las exigencias a las que Junts condicionará la estabilidad de la legislatura en los próximos meses.

Tsunami, Rodalies y 15.000 millones para ERC

ERC quedó inicialmente marginada de la negociación sobre la ley de amnistía, pese a haber sido los primeros promotores de esa idea. Por eso durante los primeros compases de las negociaciones con el PSOE insistieron en que su propuesta de acuerdo de investidura tenía "tres carpetas": amnistía, reconocimiento del derecho de autodeterminación y la carpeta del bienestar, en la que incluían el traspaso de Rodalies y acabar con el déficit fiscal de la Generalitat.

A esa última carpeta corresponde el acuerdo sobre el traspaso de las Cercanías catalanas. Una cuerdo que incluiría un calendario para traspasar a la Generalitat la infraestructura de Adif y Renfe correspondiente a estos servicios de Rodalies, así como la financiación necesaria para las mejoras pendientes.

Ha sido el gran tanto en el haber de los republicanos, junto a la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de Cataluña con el FLA. Una medida extensible al resto de las comunidades autónomas, pero hecha a la medida de la Generalitat, la administración que más recurrió al fondo de financiación creado por Cristóbal Montoro.

Los republicanos han conseguido hacerse además con una bandera nada despreciable en la negociación de la amnistía: que la ley dé cobertura tanto a los procesados por Tsunami Democràtic como a los CDR. Entre los primeros figuran tres importantes dirigentes de Esquerra, con Marta Rovira a la cabeza. Los segundos ejemplifican las posibles consecuencias penales del procés para los militantes anónimos que se creyeron las arengas los líderes independentistas. Es decir, da cumplimiento a la promesa "no dejar a nadie atrás" ni "buscar soluciones personales" que siempre esgrimió Puigdemont, pero ahora se podrá atribuir Esquerra.

El líder de Junts quiso hacer extensible la amnistía a todos los casos que afectan a dirigentes independentistas y su entorno, con la vista puesta en Laura Borràs, Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye o los Pujol, pero esa exigencia ha quedado sujeta a las conclusiones de una comisión de investigación en el Congreso.