La negociación entre el PSOE y los partidos independentistas de Junts y ERC para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a cambio de amnistiar a los líderes del procès catalán ha activado las críticas de organismos e instituciones que tradicionalmente han guardado silencio sobre posiciones políticas. Es el caso de Artículo 30, un think tank ligado al Ministerio de Defensa.

En un comunicado de su Junta Directiva, apuntan a que si la amnistía sale adelante, "la Ministra de Defensa, Margarita Robles, que se presentó en las listas electorales del PSOE como 'independiente', debería plantear seriamente su dimisión para no ser cómplice de esta lamentable situación".

Artículo 30 nació en 2013 como plataforma para "fomentar el análisis y el debate sobre cuestiones estratégicas de seguridad, especialmente en aquellos aspectos que afectan a la política de Defensa" española. En síntesis, nació con la puesta en marcha de la Estrategia de Seguridad Nacional para promocionar "la cultura de defensa". Su nombre hace referencia al trigésimo artículo de la Constitución: "Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España".

"En la medida de lo posible hemos huido de la crítica o señalamiento a los partidos políticos", reza el comunicado. "Sin embargo, la anunciada amnistía afecta gravemente al Estado de Derecho y presenta un panorama de gravísima fragmentación política, poniendo en riesgo los intereses nacionales y agravando las amenazas existentes en materia de seguridad".

Para la organización, anular las sentencias judiciales, así como legitimar los movimientos políticos de octubre del 17 cuando se declaró la independencia de Cataluña, "implica que España queda difuminada como nación soberana, así como el conjunto de instituciones que garantizan la unidad y la igualdad de los españoles".

Mas críticas

Así como Artículo 30, otras instituciones han levantado la voz contra la futura ley de amnistía. Organismos que, por un motivo u otro, no se extienden en sus críticas a unos u otros movimientos políticos.

Es el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado lunes decidió, por nueve votos a favor y cinco en contra, emitir un comunicado en contra de la amnistía que considera "la abolición del Estado de Derecho", como informó Irene Dorta.

En el texto acordado se manifiesta que hasta ahora el Consejo ha sido mero observador de lo que estaba ocurriendo, pero que ahora asisten con "intensa preocupación y desolación" al pacto de una ley de amnistía que "supone la degradación, cuando no la abolición, del Estado de derecho en España".

Los vocales acusan al presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de anteponerse a la Constitución con una ley que producirá la impunidad de un sector de la población. "Confundir el 'interés de España' con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política". El comunicado refleja que la amnistía supone "degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse desde el rechazo al pluralismo político, como el 'interés de España'".

La amnistía, dicen, generará "una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos" lo que supone quebrar el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. "Se violenta la independencia de los tribunales" y se rompe el marco de convivencia, remachan.