En la anunciada estrategia popular de usar todos los instrumentos a su alcance para intentar frenar la amnistía -considerada inconstitucional por los que ahora la promueven- los populares están valorando la posibilidad de reunir el próximo 13 de diciembre en Estrasburgo (Francia) a las organizaciones sociales más significativas que han mostrado su oposición a dicha Ley y convocaron la gran manifestación de Madrid del pasado día 18, según ha podido saber El Independiente.

La fecha escogida no es otra que el día que tiene previsto acudir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Parlamento Europeo para hacer balance del semestre de presidencia de turno de la UE. Una presidencia que ha pasado con más pena que gloria orillada por un calendario político en España marcado por las urgencias electorales del adelanto del 23-J, las posteriores negociaciones para conseguir los votos con los que ir a la investidura y la formación de Gobierno.

Sánchez acude a la Eurocámara para hacer balance del semestre europeo

Más de cien asociaciones convocaron la gran manifestación del pasado día 18, a la que se sumaron PP, Vox y Ciudadanos. Bajo el lema “No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación: por la libertad, la unidad y la igualdad”, se trataba de una miscelánea de organizaciones de la sociedad civil entre las que destacaban S´ha acabat, Convivencia Cívica Catalana, Enraizados o Foro España.

En todo caso, los populares cuentan con las limitaciones a la hora de llevar a un gran número de asistentes a la ciudad de Estrasburgo el 13 de diciembre , habida cuenta de que la localidad se colapsa cuando se reúne la Eurocámara, a lo que se unen ya las fiestas navideñas para esa época. La climatología, además, condiciona el formato de la protesta.

No se trata de organizar una concentración o acto en la calle como tal, dicen fuentes populares, sino de un foro donde los organizadores del acto del 18-N puedan tomar la palabra y explicar los motivos de su rechazo a dicha ley, en consonancia con el discurso del escritor y filósofo Fernando Savater, quien al final de la manifestación multitudinaria apeló a la "resistencia" y "seguir luchando contra la amnistía".

"Una cosa es el derecho a la diferencia y otra cosa es la diferencia de derechos, que se inventen derechos distintos para los españoles y que haya españoles de primera y de segunda", dijo el vasco quien defendió que las FSE debían escoltar a Carles Puigdemont, sí, pero para llevarle a la prisión del Alcalá-Meco. El Grupo Popular en el Parlamento Europeo podría invitarle para reiterar esas palabras en una estrategia por la que quiere demostrar, además, que no sólo los partidos de la oposición, sino amplios sectores sociales, se oponen al perdón de delitos gravísimos protagonizados por el independentismo catalán los años 2017 y 2019.

De hecho, el pasado martes, Alberto Núñez Feijóo, anunció en Antena3 nuevas movilizaciones para el mes de diciembre. "No nos vamos a callar", dijo para agregar que "tenemos una responsabilidad con la historia. Vamos a defender en la calle que nadie es más que nadie en España”. Así, la presencia de Sánchez en el pleno de Estrasburgo sería aprovechado por el PP para volver a llevar el debate sobre la Amnistía a las puertas de la Eurocámara. Ayer lo hicieron desde el mismo pleno, donde se debatió, en mitad de una considerable bronca, sobre la situación del Estado de Derecho en España.

No se trataría de una manifestación, sino de un foro para darles la palabra

Populares y socialistas han sacado conclusiones muy distintas de lo que pasó ayer. Para los primeros, el comisario de Justicia de la Unión, Didier Reynders, ha tomado nota al comprometerse a estudiar, según sus propias palabras, "con detenimiento, independencia y objetividad" la ley de Amnistía al objeto de determinar "su cumplimiento" con la legislación europea en lo que se refiere a división de poderes, independencia de la Justicia y persecución de los delitos de corrupción. "Les puedo asegurar que seguiremos muy de cerca esta cuestión. El estado de derecho es lo que nos une", advirtió.

En cambio, el PSOE pone el acento en otro aspecto de esa intervención, en concreto cuando Reynders reiteró que Cataluña "sigue siendo una cuestión interna de España, que tendrá que dirimirse según su orden constitucional". También es cierto, según destacaron fuentes del PSOE, que el comisario "no se ha posicionado en contra de la proposición de ley de la amnistía", pero ignoran que ha anunciado que la estudiará con detenimiento.

Las mismas fuentes de Ferraz repiten en esencia los argumentos de la secretaria de Estado de Exteriores, Ángeles Moreno, quien se quejó ayer de la ausencia de antecedentes de "un debate sobre una ley nacional que no ha sido aprobada en un estado miembro. Es una cuestión interna española- dicen en el cuartel general de los socialistas- que debe debatirse en su Parlamento. Será sometida control del Tribunal Constitucional y la ley será ejecutada por los jueces", exactamente las mismas palabras que la secretaria de Estado.