El Juzgado de Instrucción número 1 de Sueca (Valencia) investiga un presunto caso de sustracción de menores en el seno de una familia de refugiados ucranianos. La madre del menor, que ahora tiene siete años, se lo llevó de vuelta a Kiev el pasado agosto sin el permiso del padre. La familia llegó en 2022 a España desde Ucrania en busca de un lugar mejor.

El denunciante es el padre del menor, Vyacheslav Komakha, un entrenador personal y profesor de yoga afincado en Cullera, y la madre, la que presuntamente se llevó al chaval de vuelta a la capital de Ucrania, responde al nombre de Diana Skorokhod.

Según un escrito del pasado 16 de noviembre que consta en la causa, Komakha explicó que su todavía mujer (aunque recientemente empezó el proceso de divorcio en Kiev) intentó llevarse al menor, Setefan, una primera vez a finales de abril. La Policía consiguió detenerla en el aeropuerto de Valencia cuando se marchaba a Polonia. En el mismo testimonio, el hombre explica que Skorokhod le denunció por violecia de género en ese momento, aunque una sentencia le absolvió de todos los hechos, según ha podido conocer El Independiente.

El padre tiene pruebas de que su hijo, que necesita tratamiento para el TDAH que sufre desde que nació, está en Kiev desde la sustracción por parte de la madre. Vyacheslav Komakha tiene familia que sigue viviendo bajo el cielo ucraniano. Ellos mismos le han confirmado que el chiquillo se encuentra con su madre en la capital. Incluso una de sus antiguas alumnas le ha enviado vídeos de cómo el niño va al colegio.

"Horas en un refugio por las bombas"

Desde que su mujer se llevó al pequeño Stefan, este entrenador fitness ha intentado ponerse en contacto con él. Mensajes, llamadas. Pero nada. También ha intentado ponerse en contacto con ella, para pedirle por favor que le deje tener contacto con el menor "pero no hay manera", declaró el hombre, de 41 años. El día anterior a su declaración, su hijo "estuvo tres horas en el refugio por un aviso de bomba".

Al igual que otros 30.000 ucranianos, los tres miembros de la familia llegaron a España en busca de la estabilidad que las bombas de Vladimir Putin habían quebrado. Además, buscaron un tratamiento para su pequeño Stefan y su trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Según la abogada de el padre de familia, María Ángeles Seglar, llegaron en junio de 2022 como refugiados.

Desde un primer momento, el menor estuvo escolarizado en España. La pareja lo llevó al CEIP L'Escolaica, en Cullera. Allí asistió de "forma regular" durante el pasado curso. Una certificación firmada por la dirección del centro afirma que era el padre quien se encargaba de él llevándolo y trayéndolo. "Así mismo certificamos que el contacto diario con el tutor lo mantenía el padre en las entradas y salidas de la escuela", se puede leer en la documentación a la que ha accedido este periódico.

María Ángeles Seglar explica que el procedimiento que investiga el juzgado número 1 de Sueca es muy complicado. "Tiene que haber también abierto un proceso civil en Ucrania", resume. El hombre teme que la actual situación de guerra y "corrupción" que vive su país natal dificulte traer de vuelta a su hijo.

Protocolo en España

España cuenta con un protocolo para casos de sustracción de menores confeccionado por los ministerios del Interior, Exteriores y Justicia. En el se explica que se debe presentar con carácter inmediato varios documentos, como la filiación del menor, el certificado del colgio al que el menor ha asistido o el empadronamiento.

En el caso del pequeño Stefan, además juega a su favor que Ucrania es uno de los países firmantes del Convenio de La Haya, lo que facilitaría la comunicación entre el país y España.

El progenitor que quiera denunciar la sustracción de uno o varios de sus hijos, además de empezar un proceso civil (que es obligatorio según el citado protocolo), puede acudir a la embajada o consulado al donde se encuentre el menor. Allí le asesorarán de cuál es la mejor manera de actuar ante las autoridades locales, le facilitarán una lista de abogados expertos y le harán un seguimiento a su causa judicial "para el reconocimiento de las resoluciones judiciales españoles que otorguen la custodia del menor al progenitor español".