El pasado viernes se conocía la última operación de la Guardia Civil contra la marihuana. Una más. Los agentes, en colaboración con las autoridades alemanas detuvo a 10 personas para desmantelar una organización dedicada al tráfico de drogas entre ambos países.

El auge del consumo de esta droga preocupa gravemente a todos los órganos dedicados a la lucha contra los estupefacientes. Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta a la Fiscalía Antidroga pasando por las autoridades médicas. Las incautaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil tampoco dejan de crecer.

El desmantelamiento de las plantaciones de marihuana genera "principales problemas logísticos" para los Cuerpos de seguridad. Entre sus plantillas no hay medios humanos ni técnicos adecuados para el tratamiento de las plantas, que se tienen que, por un lado, custodiar como prueba en las investigaciones judiciales y, por otro, destruir el resto.

La Guardia Civil, quien más incautaciones realiza por la localización de los invernaderos, ha sacado a concurso un contrato de 327.210 euros para que una empresa se haga cargo de estos trabajos, que tendrán una duración de dos años desde el próximo 1 de febrero. Contando los impuestos, la cantidad roza los 400.000 euros que se reparten en cinco lotes. La Benemérita ha incluido en sus cálculos que el contrato se tenga que prorrogar 18 meses más. Si así fuese, el coste total sería de 720.000 euros.

Crecimiento exponencial

En la justificación de la licitación se expone que los cultivos ilegales de marihuana "han crecido exponencialmente en los últimos años tanto en plantaciones en exterior como indoor que por orden judicial deben ser destruidas para evitar que lleguen al mercado sustancias ilícitas".

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) viene colaborando con las unidades policiales en estas tareas. Sólo el año pasado ayudó a hacer desaparecer a cerca de un millón de plantas, un tercio del total intervernidas.

"En el caso de pequeñas plantaciones son los propios agentes los encargados de desmantelarlas, pero en el caso de las grandes se ven imposibilitados para desarrollar dicha actividad, dado de que además de no estar preparados ni disponer de la maquinaria necesaria, absorvería el tiempo de las plantillas policiales", señala el informe del CITCO.

Cinco zonas

El Instituto Armado ha delimitado las zonas donde necesitan destruir grandes plantaciones de manera urgente: Almería, Granada y Málaga, Madrid y alrededores, Comunidad Valenciana y Cataluña. El presupuesto varía en cada uno de ellos, yendo desde los 165.000 de la primera provincia hasta los 27.588 de zona del levante. Esto da una idea de las localizaciones donde los narcotraficantes tienen más presencia.

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Independiente, el servicio constará del "desmantelamiento de grandes plantaciones mediante el tratamiento que es cada caso determine la autoridad judicial". Así, los trabajadores tendrán que dar apoyo "en la extracción de las muestras y su conservación en cajas de cartón para evitar su putrefacción" antes de arrancar las plantas. Una vez se saquen las raíces, tendrán que triturarlas o compactarlas, depende del tiempo de conservación que el juez que lleve cada caso determine.

La empresa tendrá que tomar todas las medidas de confidencialidad necesarias, incluyendo no poder comunicar los trabajos a terceras personas. "Todos los trabajadores de la empresa, tanto personal técnico como auxiliar, serán adecuadamente instruidos por el propio adjudicatario, en el sentido de que deban observar en todo momento la adecuada reserva y confidencialidad en lo referente a los servicios objeto del mismo, tales como fechas y horas de realización del servicio, y en general cualquier dato o información que pueda ser relevante".