Sortu y el PNV han secundado la iniciativa puesta en marcha para solicitar la absolución “inmediata” de Béatrice Molle-Haran y Txetx Etcheverry. Los autoproclamados ‘artesanos de la paz’ ejercieron por encargo de ETA de mediadores para escenificar el desarme de la banda terrorista en abril de 2017 en Baiona. Ambos serán juzgados el 2 y 3 de abril por el Tribunal Penal de París acusados de portar, transportar y tenencia de armas, munición y explosivos de la banda. Los dos fueron detenidos en una operación llevada a cabo por la gendarmería francesa el 16 de diciembre de 2016 en la localidad vascofrancesa de Louhossoa. Se les incautó una decena de cajas con armas y explosivos que formaban parte del arsenal de la organización criminal.

Los arrestados formaban parte del grupo de civiles del País Vasco francés que se proclamó como los ‘Artesanos de la paz” y en octubre de 2016 se ofreció a ETA para mediar y facilitar un proceso de desarme. Ahora, el entorno de la izquierda abertzale y de apoyo a este colectivo ha iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar que Etcheverry y Molle-Haran sean absueltos de los delitos de los que están acusados. En el manifiesto para el que pide apoyo la izquierda abertzale y al que también se ha adherido el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se considera que se implicaron para compensar “la falta de iniciativa de París y Madrid para acompañar la decisión de poner fin definitivamente a la lucha armada tomada por ETA cinco años antes”.

Inicialmente, desde el anuncio de cese definitivo de octubre de 2011, ETA intento utilizar el desarme de su arsenal para negociar beneficios para sus presos. La negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a acceder a ese intercambio y la negativa de ETA a desarmarse como el Gobierno vasco como testigo, hizo que se alargara todo el proceso. Tampoco la participación de los mediadores internacionales fue suficiente para hacerla posible. Sólo cinco años más tarde, ETA decidió aceptar la participación del movimiento de civiles ‘Artesanos de la Paz’ justificando que convertía “al pueblo” en el testigo de su dsarme.   

En el escrito en el que ahora se pide la absolución de dos de los ‘artesanos’ se subraya que España y Francia se negaron a facilitar el proceso y que durante el tiempo transcurrido desde el anuncio de su cese definitivo de la violencia -20 de octubre de 2011- “los dos estados habían proseguido su represión contra ETA”. Acusan a los dos gobiernos incluso de haber tomado iniciativas para “impedir que la organización ETA procediera al desmantelamiento moderado y seguro de su arsenal”.

Un "afán de venganza"

Se añade que someterles ahora al proceso judicial en el que están inmersos “va en contra de los avances que quedan por hacer hacia más paz y reconciliación”. Reiteran que no ayuda a frenar “el afán de venganza” que aún persiste ni a mejorar el “reconocimiento debido a todas las víctimas” ni a mejorar el destino de “los que siguen encarcelados o en el exilio” o a dar pasos en favor de la “memoria y la verdad”.

Desde el PNV se apunta que la firma y apoyo a este manifiesto por parte de su presidente responde a que la formación ve “injusto” que se procese a los dos ‘artesanos de la paz’. Recuerdan que como partido acudieron al acto celebrado en Bayona el 8 de abril de 2017, donde se escenificó la entrega de armas y ‘zulos’ de ETA, cuya geolocalización la banda había facilitado a los ‘artesanos de la paz’. Sabin Etxea recuerda que envió una delegación, conformada por Joseba Aurrekoetxea y Pako Arizmendi, para estar presente durante los actos organizados por los ‘Artesanos de la Paz’.

Aquel 'desarme de ETA' consistió en la entrega de la geolocalización de ocho 'zulos, 118 armas de fuego, cerca de tres toneladas de material para fabricar explosivos, 378 detonadores y 25.700 balas.

En el manifiesto activado estos días se subraya que en aquel ‘Día del desarme’, como se refieren al 8 de abril de 2017, fue la sociedad civil la que se encargó de “neutralizar” el arsenal de ETA porque “la organización armada le había confiado esta responsabilidad”. Un proceso del que sin embargo se desmarcó con rotundidad el lehendakari Iñigo Urkullu y su Gobierno. El 8 de abril de 2017 ni siquiera acudió Urkullu, ni la entonces presidenta de Navarra, Uxue Barkos. Días antes, ambos rompieron las negociaciones que durante días habían mantenido con los ‘artesanos de la paz’.

Un proceso que Urkullu cuestionó

Posteriormente, en un detallado documento titulado ‘Descripción y valoración del papel desempeñado por el Gobierno vasco en el desarme y disolución de ETA’, Urkullu relató cómo los ‘Artesanos de la Paz’ buscaron la implicación del Ejecutivo vasco y navarro en el proceso pero sin que se le permitiera participar. El propio Gobierno vasco acumulaba años, desde 2011, reclamando a ETA que le considerase como verificador de su desarme –tras la negativa del Gobierno de España- para entregar las armas, petición que siempre fue desoída. En 2017 los contactos con el colectivo civil al que ETA había asignado su representación llegó a mantener hasta nueve reuniones con los dos gobiernos autonómicos. En ellas también intervino el Comité Internacional de Verificación (CIV), con Ram Manikkalingam, y que fue quien forzó la necesidad de que los gobiernos vasco y navarro participaran del proceso. Los encuentros entre los Ejecutivos, los ‘artesanos’ y el CIV se celebraron entre el 6 de febrero y 30 de marzo.

En su relato de lo sucedido, el Gobierno vasco aseguró que siempre sintió que los ‘artesanos’  sólo buscaban obtener un “apoyo ciego” del Ejecutivo y no su participación activa. Apuntó que se pretendió que diera su aval a una ‘hoja de ruta’ para la entrega del arsenal de ETA que ya había sido diseñada previamente por la izquierda abertzale, la banda y los ‘artesanos de la paz’. En el escrito Urkullu lamentó la falta de transparencia y que los ‘artesanos de la paz’ se limitaran a informar sobre un plan prestablecido. Concluyó que se “desdeñó e ignoró” al Gobierno vasco.

En el relato de hechos el Gobierno vasco afirma que fue Urkullu quien insistió en que las armas entregadas no debían ser inutilizadas ni destruidas y que el proceso debía incluir garantías suficientes por parte de ETA de que el cese de armas fuera “definitivo y verificado” además de “unilateral e incondicional”. Denunciaba también que la pretensión de los ‘artesanos de la paz’ siempre fue que no se planteara aquella operación como una “entrega de armas” para que no se transmitiera una imagen de derrota de ETA y menos aún que la escenificación se hiciera en un clima festivo, como se pretendía, por la humillación y daño que podría suponer para las víctimas.