La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estuvo registrando este martes el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que ahora lidera Óscar Puente, pero que dirigió José Luis Ábalos durante la pandemia. Es este periodo, 2020, el que se investiga en el marco del recién bautizado como 'caso Koldo', una causa abierta en la Audiencia Nacional contra el que fuera asesor del ministro Koldo García Izaguirre por el presunto cobro de comisiones ilegales en contratos de mascarillas. Cinco de los detenidos pasan este jueves a disposición judicial ante el magistrado Ismael Moreno que tendrá que decidir sobre la libertad o la prisión provisional de los mismos.
Dos agentes de la unidad de élite de la Benemérita se trasladaron sobre las ocho de la mañana al complejo de Nuevos Ministerios para registrar la sede, según confirman fuentes que trabajan en el Ministerio a El Independiente. En concreto, señalan que los guardias estuvieron con el subdirector de Informática y con el responsable de Recursos Humanos y que su visita se prolongó hasta las dos de la tarde. Seis horas en las que recogieron todo tipo de pruebas, pero no se llevaron a nadie detenido.
La investigación que ha estallado esta semana asedia a uno de los colaboradores más estrecho de Ábalos durante su mandato, entreo 2018 y 2021. El ahora diputado dijo en los pasillos del Congreso al enterarse de la noticia que estaba "estupefacto" y "muy decepcionado" por la detención de Koldo García, pero se desligó de cualquier tipo de actividad delictiva. "No me desvinculó, en todo caso me tendrán que vincular", dijo. Fuentes cercanas al diputado señalan que durante el día "estuvo agobiado".
Transportes no fue el único lugar que registraron las Fuerzas de Seguridad. La Fiscalía Anticorrupción --que ha llevado la batuta de la investigación-- reveló que en total se realizaron 26 registros o requerimientos y se practicaron 20 detenciones. Fuentes jurídicas han explicado que la mayoría de estos han quedado en libertad tras el interrogatorio de la Guardia Civil y solo cinco pasarán este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
Lo asume este órgano ubicado en la capital y no un juzgado ordinario por el volumen de la causa que afecta a distintas provincias como Madrid, Murcia, Alicante, Zaragoza, Vizcaya o Cáceres. Además, los delitos que se investigan son cuatro: organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
La 'Operación Delorme' (apellido del creador de la mascarilla), como ha sido bautizada, gira en torno a la figura de Koldo García ya que también han sido arrestados su mujer, Patricia Úriz Iriarte -- que fue "asesora de las secretarias" en el Ministerio, según citadas fuentes--- y su hermano, Joseba García Izaguirre, que fue hace años secretario de seguridad de UGT -Euskadi. Por supuesto, se ha arrestado al responsable de la empresa José Ángel Escolar. Además, fuentes de la investigación han confirmado la detención del empresario y presidente del Zamora Fútbol Club, Víctor de Aldama, quien supuestamente se encargó del transporte de las mascarillas desde China.
La querella, en septiembre
Las pesquisas nacieron al calor de una batería de denuncias que el diputado de la Asamblea de Madrid del PP Alfonso Serrano interpuso en 2022 para vigilar distintos contratos del Ejecutivo durante la pandemia. Adjuntó documentos que afectaban a las carteras de Salvador Illa (Sanidad), Nadia Calviño (Economía) o incluso a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La delicadeza del asunto hizo que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, se quedara con algunas de las investigaciones y derivara el resto al fiscal Luis Pastor. Prácticamente todas terminaron archivadas por falta de pruebas y algunas fueron remitidas a la Fiscalía Europea porque había fondos comunitarios afectados.
Prácticamente todas, menos una. Anticorrupción ha tirado del hilo de tres contratos de la misma empresa zaragozana llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. Eran tres operaciones, una por el suministro de mascarillas para Puertos del Estado por valor de 24,2 millones de euros; otra por suministro de estos cubrebocas para ADIF por un total de 12,5 millones de euros; y una tercera adquisición de material de protección sanitario cuyo destinatario era la Secretaría de Estado de Seguridad por un total de 3,4 millones de euros, pero con cargo a la misma compañía. Compañía que, por cierto, no se dedicaba previamente a la gestión de material sanitario.
La suma total que señalaba la denuncia para esta adjudicataria fueron 40.179.355 euros. Y esto es lo que fuentes de la investigación confirman que ha seguido adelante. El pasado mes de septiembre el Ministerio Público interpuso la querella en la Audiencia Nacional que finalmente ha dado lugar a esta operación que se mantiene bajo secreto de sumario.
Agentes de la Guardia Civil tomaron por esa tercera adjudicación declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, según adelantó eldiario.es. La toma de declaración también ha afectado a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, confirmó EP. De forma oficial, Interior no quiso confirmar este extremo y mantuvo toda la tarde que no se iba a pronunciar sobre un procedimiento judicial abierto.
De dos millones de euros a 53 millones
La empresa disparó su facturación y sus beneficios durante la etapa en la que el ministro de Transportes era Ábalos y el último contrato se publica exactamente siete días después de su destitución el 12 de julio de 2021. Estos ingresos, a su vez, coinciden con los momentos más duros de la pandemia, en el que el Gobierno compró millones de mascarillas a diversos proveedores. Sin embargo, las cuentas de Soluciones de Gestión se desplomaron tras la salida de Ábalos del ministerio, en 2021.
La compañía facturó apenas dos millones de euros, lejos de los 53 del ejercicio contable inmediatamente anterior. Los beneficios también cayeron en picado y Soluciones de Gestión apenas obtuvo 200.000 euros de ganancias.Con el adiós de Ábalos del Ministerio de Transportes, la viabilidad empresarial de la empresa quedó dañada. En apenas dos años, según consta en el análisis de Insight View, el rating de riesgo pasó de ser positiva a “riesgo alto” por impagos. De hecho, en la escala de alerta por impagos pasó de 7 sobre 10 puntos a 1 punto sobre 10.
La investigación se centra ahora en esclarecer cómo era el modus operandi del cobro de las comisiones presuntamente fraudulentas a través de contratos con cargos a la Administración Pública. Las fuentes consultadas reflejan que Koldo García tuvo un incremento patrimonial muy notable durante los meses en el Ministerio.
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