Nueva semana dura para el PSOE y la coalición de Gobierno que mantiene con Sumar. Al choque fiscal con sus socios externos, motivado especialmente por la retirada del impuesto a las energéticas, que enfrenta a los más conservadores —PNV y Junts— con los progresistas —, se ha unido la presión añadida dentro de la propia alianza con Sumar. Compromís, quien integra la confluencia magenta con dos escaños, amenaza a los socialistas con truncar la mayoría si no se abre a acciones concretas para dar respuesta a los efectos de la DANA. Primero, a nivel económico, incluyendo medidas concretas en unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que de por sí, en vistas del clima fiscal entre los socios, peligran. Segundo, en rango parlamentario, con una comisión de investigación para depurar responsabilidades por la actuación frente a la DANA.
Los nacionalistas valencianos saben que los socialistas se enfrentan a una situación incómoda por la DANA y que la propia presión social de la Comunidad Valenciana hará de por sí que el partido ceda en estas reivindicaciones. Pero no rehúyen la escenificación pública para apretar aún más. Al interés propio de priorizar la mirada hacia los intereses valencianos se une un importante componente: la posibilidad de que en los próximos meses haya adelanto de elecciones autonómicas. Y mostrar músculo frente a los socialistas interesa en la competencia del espacio ideológico con el PSPV-PSOE. Esa tensión, pese a todo, no ha impedido que salga adelante la segunda votación que aprobó en el Congreso el nuevo Consejo de RTVE. Compromís viró de un voto en blanco a un apoyo pese a no estar contento con la legislación.
Ese pulso pudo verse el miércoles en la comparecencia del ministro Ángel Víctor Torres. Águeda Micó, la portavoz parlamentaria de Compromís arremetió con dureza contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, pero tachó a su propio Gobierno de haberse puesto "de perfil" ante la gestión de "un kamikaze" en referencia al dirigente valenciano. "El presidente del Gobierno tendría que haber dado un paso al frente el día después de la tragedia", añadió. Internamente, se considera que el Gobierno central no ha estado a la altura de la situación. Aunque con ese toque de atención a Sánchez no se le reclama no haber asumido el mando con la emergencia nacional, porque iría en contra del autogobierno valenciano. Pero sí una mayor involucración y disposición de medios. Desde el PSOE no se ha contestado a esa presión públicamente. Se cree que la asunción de responsabilidades procederá una vez que empiece a recuperar la normalidad en la autonomía. Para entonces, el contexto puede ser ya muy diferente.
En esa intervención, Micó lanzó un mensaje: el Gobierno debe "tomar las riendas de la reconstrucción" mediante los próximos Presupuestos incorporando partidas para infraestructuras que protejan a las poblaciones y para reconstruir aquellas que se han destruido. De lo contrario, esos dos votos clave para la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez peligran. Micó entró en terreno político reprochando al PSOE su disposición a aprobar las cuentas de Mazón, por su parte, y así "mantener a un incompetente en la reconstrucción de nuestro país solo para decir que Sánchez es mejor". Una cuestión que, en parte, se resolvería con la aplicación de esa emergencia nacional —que rechazan— para tener el mando en lugar de apostar por la cogobernanza. Hasta ahora el Ejecutivo central ha implementado un paquete de ayudas por valor de más de 14.300 millones de euros.
El PSOE empezó a elevar el tono el miércoles en la comparecencia de Robles en el Senado, pero la estrategia sigue siendo la de no entrar al trapo
Pero Compromís lamenta que el Ejecutivo no eleve el tono con Mazón pidiéndole irse, cuando el PP juega con no la imagen de no querer entrar en la pugna política mientras presiona a su vez a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. De hecho Micó viene ejerciendo estos días la posición más combativa dentro de la alianza del gobierno en el plano parlamentario. Fuentes de Sumar de alto grado reconocen que la disputa que el PP está elevando a Bruselas "interesadamente" para desviar la atención sobre Mazón acabará perjudicando a las instituciones europeas por el interés de escudar al valenciano de sus "errores cometidos". Pero esa posición solo la ha trasladado públicamente Micó. En su intervención del miércoles apuntó que "nuestros pueblos [los valencianos] están llenos de barro, pero el Gobierno de Mazón está lleno de mierda hasta el cuello". Se dirigió a Feijóo espetándole que "sostiene a un mentiroso y a un negligente solo para no darle un triunfo a la izquierda".
Esa misma tarde, en una comparecencia de idéntico carácter en el Senado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya elevó el tono contra el PP. Pero la estrategia sigue siendo la de no agresión.
La segunda reclamación de Compromís al PSOE es que se investiguen las acciones previas a las inundaciones valencianas. Tanto los posibles errores de la Generalitat como los cometidos por el Gobierno central. Se llamaría a ministros involucrados en la materia, como Robles o el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Algo que no gusta en las filas socialistas. Porque no permite explotar la versión de que las responsabilidades eran de la Generalitat al no demandar ese nivel 3 de emergencia y apostar por la cooperación. Esa comisión también ahondaría en el cauce que se debería seguir desde el plano estatal ante posibles hechos similares en el futuro. De ponerse en marcha y contar con ese ineludible apoyo si se quiere seguir contando con dos votos, la comisión empezaría a trabajar en el primer trimestre de 2025.
¿Qué se requiere para impulsar una comisión de investigación?
Según el artículo 52 del Reglamento del Congreso, una de las fórmulas que se requieren para el impulso de una comisión de este tipo es que la propongan dos grupos parlamentarios. Compromís cuenta con el apoyo de Sumar, y no será difícil adherir a ERC o EH Bildu, por ejemplo. Entre las otras opciones está que haya un respaldo de al menos 70 diputados —no se alcanza con el resto de socios de investidura—, que se formule la comisión a proposición de la Mesa, o que esto parta del propio Gobierno. Para que salga adelante definitivamente, al llegar a pleno tiene que recibir más síes que noes. La propuesta puede encontrar el respaldo de partidos como Vox, que también la exigen en la Comunidad Valenciana con los nacionalistas. Dependerá en todo caso de lo que haga el PSOE. Previsiblemente el PP la rechazará.
Compromís lleva tiempo siendo verso suelto dentro del Grupo Plurinacional, aunque el funcionamiento interno es bueno. Cuentan, además, con una portavocía adjunta que les permite presentar iniciativas propias como esa PNL que impulsará la comisión. Los valencianos, con todo, fueron uno de los partidos que se desmarcó antes del proyecto aglutinador reduciendo su relación con los de Yolanda Díaz a un vínculo electoral. Algo a lo que ahora se dirigen el resto de aliados, como IU, cada vez más desligado de los magentas. El último choque fue la petición de Antonio Maíllo, el coordinador federal, de cambiar el nombre del grupo parlamentario. Otros socios como Més per Mallorca no lo ven mal, pero desde el Movimiento Sumar ya han dicho que no es el momento.
El órdago interno de los nacionalistas valencianos es apuntalado desde fuera de la coalición por Podemos, que también considera necesarias las explicaciones desde el Gobierno por la gestión de la DANA. Los morados, además, ya vienen presionando desde fuera en los últimos meses. Añaden un marco complicado de negociación de presupuestos inasumible para el PSOE y apoyado por las bases moradas, que solicitan una reducción del 40% en el precio del alquiler, entre otras demandas.
Desconfían de Sánchez tras su segundo discurso por la DANA
En esta presión a los socialistas hay un aspecto que preocupa a Compromís de cómo se ha encarado la crisis de la DANA desde Moncloa. En concreto, se focalizan en unas palabras del presidente del Gobierno la semana pasada, tras anunciar el primer paquete de medidas para la reconstrucción y el relanzamiento. Preguntado por el debate de competencias que azuza el PP y si el Ejecutivo tuvo que haberlas asumido desde la tarde del 29 de octubre, Sánchez expresó: "Las mejoras que pueda haber en protección civil ya vendrán". Amplió la declaración posteriormente, casi al final de su comparecencia, indicando que "tiempo habrá tanto en las Cortes Valencianas como en el Congreso para ver cómo mejorar los sistemas de protección civil y ver dónde están las responsabilidades de cada cual en este aspecto".
Pese a ir enmarcada en esa pugna dialéctica con el PP, a Compromís, según fuentes de la formación, le suscita otra lectura: "Igual tenemos que replantearnos las competencias de emergencia". Los nacionalistas valencianos esperan que el Gobierno, en el futuro, no amague con replantear quién debe tener las competencias de Emergencias y Protección Civil. Porque supondría afectar al propio autogobierno, aunque en este caso no se trata de una cesión concreta de competencias solo para la Generalitat. Es de ámbito global. Está regulada por la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015. La coordinación de las mismas y la demanda de medios al Gobierno central corresponde a las comunidades autónomas cuando las emergencias son de ámbito local o autonómico. Solo con el nivel 3 se trasladan las competencias a Interior.
Fuentes de Compromís trasladan que el problema no es de autogobierno, sino que la gestión de Mazón "ha hecho aguas desde el principio". "La consellera no sabía por donde tirar", destacan. "Es una cuestión de que la gente que gobierna se lo tome enserio o no", afirman, ensalzando la gestión del anterior consell del Pacto del Botánico. Con todo, y aunque el PSOE terminase postulándose a una reforma de esas características, los números no darían con los socios. Sí con el PP, con quien no puede arriesgarse a pactar más para no desequilibrar la mayoría de investidura. Las relaciones entre Sánchez y Feijóo, no obstante, no pasan por su mejor momento.
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