El Gobierno intenta pasar página del choque por el contrato con Israel pero la crisis deja tocado a Marlaska

La crisis se mantuvo viva apenas 24 horas pero, como todas, no pasan en balde. El choque de PSOE y Sumar por el contrato de compra de más de 15 millones de balas a una empresa israelí se incorpora a la lista de desencuentros entre los dos socios de coalición en esta legislatura. Quizá uno de los más severos. La tormenta pasó, las dos partes quieren dejarla atrás, pero de ella queda un damnificado evidente: Fernando Grande-Marlaska. Porque el presidente, Pedro Sánchez, fue quien le desautorizó. Quien ordenó que se rescindiera ese contrato de manera unilateral, cuando hasta entonces Interior, aferrándose a un informe de la Abogacía del Estado, defendía que revocarlo no era posible porque supondría el pago de una costosa indemnización y la pérdida de un material necesario para la Guardia Civil.

Lo sucedido es una muesca más para un ministro que acompaña a Sánchez desde su aterrizaje en la Moncloa, en junio de 2018 —solo son igual de longevos María Jesús Montero, Margarita Robles y Luis Planas—, y que, pese a ser objeto de contundentes críticas por parte de la oposición de derechas y de los socios de izquierdas, ha evitado quemarse en la pira. El presidente le ha protegido siempre, le ha respaldado después de los sucesivos baches y crisis, ha hecho ver que es uno de sus hombres de su confianza, un miembro de su Gabinete en el que confía. En la gran remodelación del Ejecutivo de 2021 —cuando Sánchez prescindió de Carmen Calvo, José Luis Ábalos o Iván Redondo— o tras la nueva legislatura, en noviembre de 2023, Marlaska aparecía en las quinielas de los hipotéticos relevos, pero jamás se cumplieron. Y ahora todo apunta a que ocurrirá lo mismo. Aunque el líder socialista suele sorprender con los movimientos en su equipo, en la Moncloa no cuentan ni con la dimisión ni con el cese del ministro del Interior. Y quienes conocen bien al presidente insisten en su "protección", en el afecto personal que le tiene. Un cariño que también le profesa, y ella misma lo dijo en una entrevista en televisión, la vicepresidenta Montero.

La consigna es, de hecho, no dar más hilo a la cometa. Los dos socios, una vez lanzado el comunicado conjunto por el que anunciaban su decisión de romper de manera unilateral el contrato de munición con la compañía israelí IMI Systems —por valor de 6.642.900 euros—, decidieron mirar hacia delante y no recrearse en lo ocurrido. No reavivar las fortísimas tensiones vividas en las horas previas. Ministros y altos cargos consultados por El Independiente eludían hurgar más en la herida y disparar más hacia Marlaska. Incluso en Sumar. "Ya pasó todo. A seguir trabajando", indicaban fuentes muy próximas a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Hasta IU, que había puesto sobre la mesa la posibilidad de salir del Gobierno si no se anulaba la adjudicación, se daba por satisfecha, se apuntaba el tanto —como por otro lado también hizo Díaz— y no exigió más cuentas al ministro. "Una vez hay rectificación no se piden dimisiones", concluía un alto cargo de la federación. El silencio de muchos altos mandos contactados era también muy elocuente. Nadie quiere ya mirar atrás. Marlaska guardó silencio en público: ayer no tenía agenda —más allá de su asistencia al Consejo de Seguridad Nacional en la Zarzuela—, y este viernes tampoco la tiene.

Pero, ¿qué pasó? En la Moncloa reconocen que no sabían que Interior había formalizado el contrato con la empresa hebrea IMI Systems —representada en España por Guardian Defense & Homeland Security— el pasado 16 de abril, Miércoles Santo. Se enteraron "por la prensa". Porque fueron los medios los que informaron de que el contrato adjudicado el 21 de octubre de 2024 no solo no había sido cancelado —como habían prometido Marlaska y el Gobierno en su conjunto para aplacar la contestación de Sumar—, sino que se había cerrado. De hecho, este jueves 24 de abril el Boletín Oficial del Estado publicaba la formalización de esa adjudicación. Interior adujo que decidió proseguir con el contrato porque la Abogacía del Estado desaconsejó la resolución, dado lo avanzado del proceso. Revertirlo supondría el abono de la indemnización y la renuncia a un material, 15,3 millones de cartuchos, que necesita la Guardia Civil para atender sus obligaciones.

"Lo que ocurrió fue una cadena de errores administrativos. Este caso era mediático porque saltó en octubre y había que estar al tanto, por tanto lo que se ha producido es un error de vigilancia. Pero eso no le toca a un ministro, porque no está para estar pendiente de expedientes. Se trata de un fallo institucional, culpa de una concatenación de errores de varias personas, de tal manera que una sola no habría provocado el problema". Es el relato de la Moncloa, que evita por tanto señalar a Marlaska, pero sí responsabiliza a sus subordinados en Interior, que son los que entienden que debieron haberlo parado. No creen que el ministro actuara con "maldad" ni con afán de "ocultación". "Pura inercia, pura burocracia", resume un veterano responsable en contacto habitual con Sánchez, descargando de toda responsabilidad al titular de Interior.

Montero, la pieza "clave"

En cuanto estalló la noticia, Díaz se movilizó para dar marcha atrás. Ella misma contaba este jueves en Toledo que se había encargado de negociar personalmente con Marlaska y con Sánchez para lograr la revocación de la compra de munición. El presidente comprendió los motivos de sus socios y ordenó arreglar el problema. Aunque supusiera desautorizar a su ministro. Automáticamente, activó a su círculo más próximo: su director de Gabinete, Diego Rubio, y los dos ministros que llevan la interlocución de los grupos y también los equilibrios en el seno del Ejecutivo: el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Ella fue especialmente "clave".

El camino para revocar el contrato que el miércoles se veía "muy complicado" se fue abriendo paso en las horas siguientes. Hasta alcanzar el acuerdo en el seno del Ejecutivo, con el consenso por tanto de Díaz. La salida hallada es que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) —que preside la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, y que integran altos cargos de Exteriores, Interior, Defensa y Economía— denegará a IMI Systems "el permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato". En la Moncloa creen que esa solución facilitará las cosas, porque con la negativa de importación "por interés general", el departamento de Marlaska ya cuenta con un "motivo justificado" para disolver la adjudicación. "Así, los funcionarios que firmen la operación estarán cubiertos porque hay una decisión de la JIMDDU que lo avala". No obstante, en el Ejecutivo asumen que la compañía hebrea recurrirá la decisión ante los tribunales, lo que abrirá un probable litigio contencioso-administrativo.

No obstante, no todos en el PSOE tienen claro que el itinerario elegido sea seguro. Un contrato, explican algunos expertos juristas en el partido, se puede rescindir cuando hay un incumplimiento del proveedor porque la mercancía no alcanza los estándares adecuados o por plazos, pero ese no es el caso, de modo que si se rompe la adjudicación corresponderá al Gobierno el pago de la indemnización y del lucro cesante.

"Pero el problema no está solo ahí, sino en que las balas son necesarias para la Guardia Civil, por lo que tendrá que abrirse un nuevo proceso de contratación pública y ahí no es fácil que un funcionario y un interventor te lo avale, porque sería como pagar dos veces por un mismo material, y con los tiempos que corren, en los que te llevan a los tribunales por la mínima, te pueden acusar de malversación y prevaricación. No hay que olvidar que los procedimientos administrativos los instruyen funcionarios, y en la JIMDDU se sientan funcionarios", asegura un dirigente consultado. "Es que puede haber hasta responsabilidades jurídico-penales para los funcionarios que lo hagan, y veremos al PP pedirlas. Es todo insensato política y jurídicamente", afirma otra. La Moncloa simplemente informó de que la Abogacía del Estado y los ministerios competentes "ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones".

Desde el equipo de Sánchez desdramatizan el choque —hablan de "crisis mediática"— y elogian la comprensión de Sumar, que vio que "nunca hubo mala fe". Y aunque admiten que lo sucedido magulla a Marlaska, insisten en que todo es "mucho menos grave de lo que parece". "Se nos coló un expediente de compra de 6,6 millones. Pero lo que ha habido es un incumplimiento de un compromiso político, no hemos vulnerado la ley, no se acaba el mundo. Hemos tenido un problema de vigilancia de un expediente en el que había que estar encima", concluyen en la Moncloa. En Interior prefieren no hacer más comentarios para no alimentar la polémica.

La erosión que sufre el ministro es constante desde hace años. Ya ha sido reprobado por las Cortes Generales en tres ocasiones. El Congreso lo hizo en febrero de 2023 por la tragedia ocurrida en la valla de Melilla meses antes, en junio de 2022, en la que fallecieron al menos 23 personas. En febrero de 2024, el Senado y después de la Cámara baja le reprendieron por la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz), embestidos por una narcolancha. Pero Marlaska ha sido señalado por la oposición por el cese —luego declarado ilegal por el Supremo— del coronel Diego Pérez de los Cobos, por el Delcygate, la fuga de Carles Puigdemont en agosto del año pasado, el acercamiento de presos de ETA a Euskadi, el colapso en Barajas por los solicitantes de asilo o las devoluciones en caliente. También el PP le reprocha que haya cedido a la delegación de las competencias migratorias a Junts —una reforma, no obstante, que ni se ha empezado a tramitar—, y los socios de izquierdas, que no ponga fácil la derogación de la ley mordaza. Interior es siempre un ministerio que abrasa a su titular pero Marlaska, al menos hasta ahora, ha conseguido sobrevivir.

Una voz contundente contra el Gobierno de Netanyahu

"¿Que esto le deja algo tocado? ¿Más?", ironiza un alto cargo del Ejecutivo y de la dirección socialista. Nadie tiene dudas, no obstante, de que Marlaska continúa en el Gabinete porque Sánchez le aprecia, le respeta y siente que no puede ceder una pieza de su equipo porque la oposición pida su cabeza. "Pedro quiere mucho a Fernando, lo ha protegido mucho pese a que ha estado al borde del precipicio muchas veces. Es el ojo derecho del presidente, por él siente debilidad, porque cree que le ha sido leal y que, siendo juez de carrera, ha dado la cara ante sus compañeros magistrados", explica un dirigente que conoce bien a Sánchez. Marlaska, aun no teniendo carné del PSOE, se ha implicado activamente en la vida del partido. Juega a su favor, por tanto, el escudo que le proporcionan el jefe del Ejecutivo y la vicepresidenta Montero.

Pero para entender qué ha sucedido también hay que tener en cuenta que los propios socialistas se jugaban mucho en esta crisis. Sánchez ha sido muy activo en la defensa de la causa palestina, en la condena de la masacre provocada por Israel —más de 60.000 fallecidos— y de los ataques de Hamás, en la apuesta por la solución de los dos Estados. España es de los pocos países europeos, de hecho, que reconoce Palestina, y lo hizo en mayo de 2024. No resultaba coherente para el discurso de coalición, por tanto, ser una de las voces críticas contra Benjamin Netanyahu y a la vez comprarle armas a empresas israelíes que no son espectadores en la devastación de Gaza. Guardian Defense & Homeland Security alaba de hecho en sus redes sociales el papel de las tropas israelíes en la Franja. Ese doble rasero podía dañar al bipartito en su conjunto.

Sánchez, por tanto, opta no solo por resguardar su Ejecutivo, sino también por proteger su discurso beligerante contra Israel. De ahí el mensaje final del comunicado conjunto: "Los partidos del Gobierno de coalición progresista están firmemente comprometidos con la causa palestina y la paz en Oriente Medio. Por esto, desde el 7 de octubre de 2023 [la fecha del atentado de Hamás, que hizo estallar el conflicto], España ni compra ni vende armamento a las empresas israelíes. Ni lo hará en el futuro. Los procesos de compra que siguen abiertos se iniciaron antes de dicha fecha y los que sean armamento no se van a ejecutar". El propio presidente había comprometido su palabra en el Congreso el 10 de abril de 2024: "Quédese tranquilo —le dijo a Gabriel Rufián, portavoz de ERC—, que desde el 7 de octubre España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel, ninguna. Eso quiero que lo tenga usted claro para que también lo tenga claro, lógicamente, el conjunto de la ciudadanía española".

El líder socialista también necesitaba compensar a Sumar tras una semana dura para ellos. El martes, el Consejo de Ministros aprobó el plan de seguridad y defensa, una inyección extra de 10.471 millones, que sumados a lo ya invertido da un total de 33.123 millones, cantidad descomunal y que representa el 2% del PIB. Lo que exigía la OTAN. El socio minoritario defendió sus observaciones, puso reparos, sobre todo, al capítulo de compra de armamento (el 19% del total de gasto), pero nada más. Podemos, en cambio, atizó con dureza al "Gobierno de la guerra", sacando músculo en su competencia cainita con el espacio de Díaz. Las diferencias en el seno del Ejecutivo estaban pactadas. Y el ruido, controlado. Por eso urgía cerrar cuanto antes el capítulo imprevisto por la adquisición de balas. Declarar pasada la tormenta. Los dos socios esperan haberla dejado atrás, pero puede que haya más chaparrones en el futuro si la rescisión del contrato se complica y si hubiera varapalos judiciales. Además, ERC, Bildu y BNG no se dan por satisfechos y exigieron la comparecencia de Marlaska en el pleno. Por lo pronto, el Ejecutivo de Netanyahu elevó la protesta: "Condena enérgicamente" la ruptura de lo pactado y considera que España "está sacrificando consideraciones de seguridad por motivos políticos".