La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este jueves la "injerencia inaceptable" que supone el plan de vivienda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que es "improvisada", carece de presupuesto, bajo la máxima de que "el Estado aporte cada vez menos y las Comunidades Autónomas cada vez más", y por vulnerar competencias que corresponden a las distintas regiones.
En concreto, el jefe del Ejecutivo ha remitido una misiva a los presidentes autonómicos para que la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar este viernes en Barcelona sirva como punto de partida para la aprobación de un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda.
En ella, el presidente del Gobierno plantea un acuerdo basado en incremento de la inversión pública, un blindaje indefinido de la calificación de las viviendas con protección pública y el cuestionamiento e intervención de la información inmobiliaria existente en España.
En una carta de respuesta, la presidenta madrileña comunica que Madrid no se adherirá a esta propuesta al considerarla "improvisada", sin un debate previo "que debería haberse producido en la Conferencia Sectorial de Vivienda", y que se ha comunicado a los presidentes autonómicos por carta "48 horas antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes".
"No solo carece de planificación y respaldo presupuestario, sino que además vulnera claramente la distribución competencia establecida en nuestra Constitución", añade Ayuso para justificar el rechazo en la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press.
Asimismo, reprocha al jefe del Ejecutivo central esta "injerencia inaceptable" al tratar de "dirigir" las políticas de vivienda de cada una de las regiones "con condiciones impuestas y medidas uniformes" cuando esta materia es "competencia exclusiva de las comunidades autónomas".
En este marco, Ayuso subraya que si el Ejecutivo central quiere tratar del tema de la vivienda "seriamente" debe comenzar por derogar la actual Ley de Vivienda, "una norma intervencionista, profundamente ideológica y técnicamente fallida".
En su opinión, esta normativa "no ha resuelto los problemas de acceso a la vivienda, ha ahuyentado la inversión privada, y ha reducido la oferta de alquiler e incrementado los precios, además de favorecer la ocupación ilegal y la inquiocupación de viviendas, vulnerando el derecho a la propiedad" y de "romper el principio de autonomía política de las comunidades autónomas, tratando de imponer criterios que limitan nuestra capacidad de actuación".
Financiación como herramienta de imposición
"Si en verdad deseáis que las comunidades autónomas colaboremos, debéis empezar por respetar el marco competencial y renunciar a utilizar la financiación como herramienta de imposición política y chantaje", advierte la presidenta madrileña al Ejecutivo central en la misiva, en la que resume su propuesta en que "el Estado aporte cada vez menos y las comunidades autónomas, cada vez más".
Según la lectura que hace Ayuso de la propuesta de pacto, se propone triplicar la inversión en vivienda "sin explicar de dónde saldrán esos fondos ni qué criterios se aplicarán para su distribución". Recuerda así a Sánchez que sin Presupuestos Generales del Estado aprobados "ni una hoja de ruta clara, ese compromiso carece de respaldo real".
Igualmente, remarca que, además, de las partidas destinadas a las políticas de vivienda, el Ejecutivo central ha dejado sin ejecutar más del 60%. "No es creíble tu ofrecimiento de triplicar la inversión en vivienda, habida cuenta de los antecedentes de vuestros anteriores anuncios relativos a la construcción de 184.000 viviendas o la empresa pública de vivienda", afea al presidente del Gobierno.
En la misma línea, Ayuso alega que este planteamiento, además, "condicionaría" las políticas de vivienda del Gobierno regional, impidiendo que pudiera ejecutar sus propios programas, cuando además Madrid lidera la construcción de vivienda protegida en España, con el 53% del total nacional.
En cuanto al blindaje de forma indefinida de la calificación de las viviendas protegidas, la presidenta madrileña traslada su discrepancia con la idea de tener que hacerlo de manera obligatoria en el caso de la vivienda protegida de promoción privada que no recibe ayudas públicas --en la Comunidad la calificación de la vivienda protegida de promoción pública ya tiene carácter indefinido-- al considerar que ello supondría "un grave perjuicio a los promotores y a las familias, con viviendas que perderían valor con el paso del tiempo".
"El Gobierno que presido lleva tiempo impulsando actuaciones en favor de una vivienda accesible, contando también con los promotores privados, y dinámica, que facilite la vida a las familias. No hacerlo se traduciría en cronificar la dependencia respecto a las Administraciones públicas, que es lo que, lamentablemente, pretendéis habitualmente hacer el Ejecutivo que presides y vuestros socios", argumenta la presidenta madrileña.
Intento "muy preocupante" de control
Respecto a la propuesta de intervenir el mercado de la información inmobiliaria bajo el pretexto de acabar con un supuesto "monopolio", la presidenta ha recalcado que se trata de "un intento, muy preocupante, de control" y, en consecuencia, trasladando su rechazo a que "se use la vivienda como excusa para manipular la información o imponerle filtros ideológicos".
"La existencia de portales privados no debería ser un obstáculo, ni una excusa, para que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana mejore el tratamiento y la accesibilidad de los datos del Observatorio de Vivienda, conjuntamente con toda la información procedente del resto de las Administraciones, a la que las comunidades autónomas aportamos la nuestra", arguye Ayuso.
En este contexto, la presidenta madrileña reitera la defensa de la Comunidad de Madrid de "un modelo de gestión basado en la libertad, la seguridad jurídica y la confianza en quienes crean empleo, construyen viviendas y contribuyen al avance de la región y a la prosperidad de los madrileños". "Porque pensamos que es lo mejor para todos y creo que los datos avalan nuestra convicción", zanja.
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