Pedro Sánchez ha decidido convertir la vivienda pública en una de sus principales bazas electorales de cara las elecciones del 28-M y a las generales de finales de año. En menos de quince días, el presidente del Gobierno no ha parado de prometer la construcción de pisos destinados principalmente al alquiler social. Primero, anunció que movilizará 50.000 viviendas de la Sareb y después prometió otras 40.000 casas entre construidas y rehabilitadas mediante una nueva línea ICO de 4.000 millones, con cargo a los fondos europeos. El colofón llegó el pasado martes con el anuncio de otros 20.000 pisos que se levantarán en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa.

No obstante, en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas a finales de esta semana, el Gobierno no ha incrementado los recursos que pretende destinar a la vivienda. De hecho, mantiene ese gasto en el 0,5% del producto interior bruto (PIB), igual que en los dos años anteriores. Se trata de una partida de unos 6.000 millones de euros, según cálculos de El País, y que el Gobierno espera que crezca a medida que lo haga la economía, alrededor de un 20% en los próximos cuatro años.

Las promesas en materia de vivienda social se remontan al comienzo de la legislatura y para culminar sus planes se necesitarían al menos otras dos. Dentro de los proyectos de construcción se incluyen iniciativas que fijan un horizonte de hasta una década en la que se pretende que el parque público pase desde el 3% actual al 9% de la media que tiene la Unión Europea y alcanzar, en algún momento, el 20%.

El exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, ya prometió allá por 2019 poner en marcha un plan para levantar 20.000 viviendas durante la legislatura, precisamente mediante la fórmula que contempla la última promesa de Sánchez. Es decir, a través del traspaso de los suelos de Defensa al Sepes (Entidad Pública Empresarial del Suelo). De momento, Sepes ya ha puesto en marcha la promoción de 17.359 viviendas que serán licitadas en colaboración público-privada mediante cesión de derecho de superficie.

Según datos oficiales del Ministerio, un total de 15.288 se iniciarán en un primer grupo de suelos ya adscritos, cuyas obras de urbanización empezarán en los próximos meses y concluirán entre el primer semestre de 2025 y el primer semestre de 2027. En concreto, los suelos adscritos a esta primera fase del convenio entre el Sepes y el Mitma se ubican en Ibiza (Ca N’Escandell), Málaga (Buenavista Residencial), Sevilla (Cuartel de Artillería), Valencia (Cuartel de Ingenieros y Parque de Artillería), Mallorca (Son Busquets) y Mahón (Vasallo). También se contempla otra gran actuación en Madrid con la Operación Campamento.

Una vez que termine el citado trabajo urbanístico, Sepes cederá las actuaciones a las administraciones locales competentes (Ayuntamientos o Comunidades Autónomas) para que, a través de un derecho de superficie, liciten estos suelos para promover y gestionar el parque de vivienda asequible. También hay asignados al Plan otro grupo de promociones en planificación y estudio ubicadas en Dos Hermanas, Telde, Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Guadalajara, Navalcarnero (Madrid) e Ibi (Valencia).

El último anuncio de Pedro Sánchez, por tanto, no supone más que dar continuidad al plan que ya tenía trazado el citado organismo público para la adquisición de más terrenos donde levantar nuevas viviendas. "Esta cifra [17.359] no es ni mucho menos definitiva. Los nuevos suelos que tiene en estudio deberían permitirnos alcanzar las 34.000 viviendas a lo largo de la próxima década", adelantó ya la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el pasado mes de noviembre.

Camino burocrático

La clave está en que detrás de todas las promesas que coinciden con la aprobación de la nueva ley de Vivienda hay un arduo camino burocrático que podría dejar en tierra de nadie los proyectos para levantar los nuevos inmuebles. La política de vivienda está transferida a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que son, en último término, las que deben recalificar los usos de los suelos y dar las autorizaciones pertinentes para poner en marcha las construcciones.

De momento, el Consejo de Ministros del 9 de mayo llevará el acuerdo entre el Mitma y el Ministerio de Defensa para la compra de suelo de las Fuerzas Armadas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, detalló que la ley no permite la cesión de suelo del Ejército, sino que tiene que haber una contraprestación económica.

Y ahí entran en juego las diferentes inyecciones millonarias aprobadas por el Ejecutivo para el Sepes durante los últimos años. "La financiación se destina a compensar a la entidad por el valor del suelo, los costes de la urbanización de los ámbitos urbanísticos hasta la adquisición de la condición de solar, de los proyectos y, en su caso, del concurso de proyectos, así como de la promoción y cualquier otra adquisición, gestión o actividad inherente al proceso de consecución de las viviendas para ser destinadas al alquiler asequible o social sobre los suelos de Sepes", explica el Ministerio.

Raquel Sánchez llegó a definir al Sepes como "el brazo ejecutor de la política de vivienda del Estado y promotor de suelo del Estado". En total, el Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible (PVAA) recoge la construcción de 100.000 viviendas en alquiler social o asequible en suelo público. Aunque las recientes promesas de Sánchez en plena precampaña electoral para atraer al electorado joven han elevado esa cifra hasta más de 180.000.

Ante las críticas dirigidas desde el PP, que acusan a Sánchez de no haber empezado a construir ninguna de las viviendas prometidas desde su llegada a La Moncloa, el jefe del Ejecutivo sostuvo que ya hay 66.000 viviendas en construcción. Desde el Ministerio de Transportes se limitan a decir que ya están "movilizadas" y las detallan así en función de los planes o programas de ese Departamento.

Planes en marcha

De un objetivo total de 14.266 viviendas, ya hay 7.217 casas que ya tienen convenios en coordinación con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos con los acuerdos alcanzados en el marco de los dos últimos Planes Estatales de Vivienda. Por otro lado, hay firmadas ya 4.947 viviendas que han sido acordadas directamente con diferentes Entidades Locales y CCAA fuera de los citados Planes Estatales.

Asimismo, aseguran que hay acuerdos en marcha ya para construir 14.000 viviendas que se van a ejecutar con los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo son 20.000. Además, integran en esa recopilación las viviendas recogidas en el acuerdo alcanzado con entidades bancarias para constituir el Fondo Social, de las que casi 10.000 ya están arrendadas y las las 14.000 ya habitadas del parque de la Sareb. La oferta del jefe del Ejecutivo también se basa y ahonda en planes ya contemplados por la estrategia del denominado 'banco malo' que se creó para absorber los activos tóxicos de la crisis inmobiliaria.

El otro paquete corresponde a las ya citadas 15.957 casas que se están desarrollando por Sepes y que fueron anunciadas en mayo de 2019 bajo el nombre de "Plan 20.000". Según las cifras actualizadas, ahora se contemplan 464 en Ca N’ Escandell, 830 en Son Busquets, 438 en Cuartel de Ingenieros (Valencia), 600 en el Parque de Artillería (Valencia), 1.362 en Buenavista Málaga, 10.700 en Campamento, 853 en Sevilla, unas 40 en Mahón, 90 en Ceuta y 66 en Melilla.

Sepes también ha firmado protocolos de colaboración con otras administraciones, como el de Navalmoral de la Mata, con la Junta de Extremadura o el Ayuntamiento de Pedrafita do Cebreiro en Lugo, para desarrollar vivienda asequible y abordar políticas de reto demográfico. Además, ha formalizado otros protocolos con Ayuntamientos como los de Batea o Sarrià de Ter, ambos en Cataluña, para generar vivienda asequible en dichos municipios.