La vivienda es y será uno de los caballos de batalla de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. El Gobierno va dosificando sus anuncios después de sellar la pata principal, el acuerdo en la ley de vivienda. Primero, y ayer martes lo aprobó el Consejo de Ministros, la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb. Y ahora, y lo adelantó el propio presidente, Pedro Sánchez, ante el pleno del Congreso este miércoles, reservará 4.000 millones para financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas a alquiler social y alquiler a precios asequibles.

A poco más de un mes de los comicios, ya todo queda revestido del envoltorio electoral, y estaba claro que el Ejecutivo no iba a renunciar a su principal instrumento, la aprobación de medidas semana tras semana. De ahí que Sánchez no desaprovechara la oportunidad que le brindaba la comparecencia en la Cámara baja de este miércoles —convocada también para dar cuenta del último Consejo Europeo, de la ayuda militar española a Ucrania y de las relaciones con Marruecos— y que se unirá a la de la próxima semana en el Senado ante Alberto Núñez Feijóo. El Gobierno quiere explotar una de sus principales bazas y con gran impacto entre los votantes: el acceso a la vivienda, muy difícil sobre todo para los jóvenes.

Se deberán cumplir dos condiciones: eficiencia energética y destino de la actuación a alquiler social o a precio asequible, o cesión en uso durante al menos 50 años, precisa

La sesión de este 19 de abril, por tanto, contó con un nuevo anuncio: la promoción de esas 43.000 viviendas nuevas, que serán tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Para ello, dijo, se creará una nueva línea ICO dotada con 4.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos. Estas 43.000 viviendas sociales se suman a las 50.000 procedentes de la Sareb y movilizadas ayer martes, así que el cómputo total será de 93.000 viviendas sociales. Todas las actuaciones financiadas deberán cumplir dos condiciones, precisó: eficiencia energética y destino de la actuación a alquiler social o a precio asequible, o cesión en uso durante al menos 50 años. Sánchez proclamó que su Gobierno va a cumplir con el artículo 47 de la Constitución, porque hará del acceso a la vivienda "un derecho", y no una "mercancía" cada vez más exclusiva en manos de unos pocos.

El presidente proclamó su "compromiso rotundo" de que el Ejecutivo va a "convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado del bienestar", dejando atrás el "modelo neoliberal consagrado en la ley del suelo del PP, el que apostó por la liberalización total y aprobó el modelo fiscal regresivo que cebó la burbuja, que trajo paro, corrupción y desigualdad". Sánchez recordó que la dificultad de acceso a la vivienda es uno de los principales motores de la desigualdad, que España es el cuarto país de los Veintisiete en el que los ciudadanos deben hacer un sobreesfuerzo financiero mayor para pagar el alquiler, el país en que la subida de los alquileres es ya del 45% frente al 11% de encarecimiento de la vivienda en propiedad. España es el tercer país con más pisos vacíos, dijo, y uno de los que tiene menos porcentaje de parque público de vivienda, menos del 3%, frente al 9% de la media europea y a mucha distancia de otros Estados miembros como Holanda y Dinamarca, que alcanzan el 20%. El compromiso del Ejecutivo es avanzar hacia esa cifra, para que la vivienda "sea un derecho y no un problemón".

Sánchez reafirma su compromiso de hacer de la vivienda "el quinto pilar del Estado del bienestar" y avisa a las CCAA del PP: la ley de vivienda "se cumplirá en todos los territorios"

Sánchez reivindicó que "desde el inicio de la legislatura", el Gobierno ha dado "pasos firmes" en esa dirección, ya que han multiplicado por ocho los recursos destinados a esta política: de 425 millones —último Presupuesto del PP, en 2018— a 3.500 millones —las cuentas de 2023—, se han puesto en marcha planes para rehabilitar 500.000 viviendas, se ha aprobado el bono de alquiler o limitado la subida de los arrendamientos al 2%. Y ahora se aprobará, probablemente antes del 28-M, la nueva ley de vivienda, gracias al apoyo de ERC y Bildu. Ahí el presidente lanzó una advertencia a las comunidades del PP que amenazan con no desplegar en su integridad la nueva norma: "Las leyes  que aprueba este Parlamento democrático se cumplen y la ley de vivienda se cumplirá en todos y cada uno de los territorios de nuestro país". El texto permite a las autonomías que declaren zonas tensionadas, en las que poder limitar los precios de los alquileres, pero no obliga a ello para no invadir sus competencias.

Medida "justa y acertada"

Pero como el Gobierno es consciente de que la ley "no es suficiente", hay que aumentar la "oferta de vivienda pública". Bajo esa premisa se encuadra la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb —se regulariza la situación de 14.000, se ponen 21.000 a disposición de comunidades y ayuntamientos y se cederá suelo para construir más de 15.000 nuevas viviendas y otras dotaciones públicas como hospitales, escuelas o espacios deportivas—, una medida "justa" y "acertada".

El presidente carga de nuevo contra PP y Vox por el "atropello" que quieren pergeñar en Doñana, otro de los ejes de la campaña del 28-M

"Justa", porque hace una década el PP "se gastó 58.000 millones de euros en rescatar bancos quebrados, y solo se ha recuperado el 10%", así que ahora se devolverá "parte de esa deuda a la sociedad". Y "acertada", porque saca a España del "fracasado modelo neoliberal" y "sienta las bases de un modelo distinto". Y como el Ejecutivo no se "va a detener" en ese punto, anuncia ahora la promoción de 43.000 nuevas viviendas de alquiler social. Anuncio, por cierto, que se llevó la acusación de "electoralismo" por parte de Podemos y de su secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien también presumió de la "influencia" y "fuerza" ejercida sobre el ala socialista de la coalición.

El otro flanco que el Ejecutivo quiere explotar frente al PP es el "atropello" que la Junta de Andalucía, de la mano de Vox, quiere pergeñar en Doñana, regularizando un millar de hectáreas de regadíos ilegales. Sánchez subrayó que la jurisprudencia española y europea son "tajantes contra los planes que tratan de imponer la derecha y la ultraderecha andaluzas" y "todas las alarmas están encendidas en la comunidad científica y en la Comisión Europea". "De ahí que en la sede de la soberanía nacional le pida de nuevo al Gobierno de Andalucía la retirada de sus planes, que reconozca el error y que frene este atropello, porque ni el negacionismo climático de unos [de Vox] ni la soberbia de otros [el PP de Juanma Moreno] salvarán Doñana", reclamó.

"Doñana será salvada si hacemos caso a la ciencia, si cuidamos y no se engaña a los agricultores y si cumplimos con la legislación y las sentencias de los tribunales españoles y europeos", acabó, llevando al hemiciclo las palabras que también ha venido pronunciando en sus últimos mítines, en los que ha incidido en que el humedal onubense, patrimonio mundial de la Unesco, el parque nacional más extenso de España, la mayor reserva ecológica de Europa, es un "sumidero de carbono esencial", un "mecanismo natural" clave para "amortiguar los efectos negativos de la emergencia climática" y el "mayor refugio de las aves migratorias" y de especies como el lince ibérico y el águila imperial. El Gobierno combate a diario a Moreno. Ayer mismo lo hacía el titular de Agricultura, Luis Planas, quien recordaba cómo Doñana es "a la biodiversidad lo que El Prado a la pintura".

La economía española "resiste"

Por lo demás, Sánchez sacó pecho de los datos económicos: la segunda inflación más baja de la zona euro, un crecimiento más robusto que el de los países de nuestro entorno y "sin perder competitividad", por el "extraordinario desempeño de las exportaciones", un marzo histórico en empleo, excelente ocupación turística y hotelera en Semana Santa, tercer desembolso de los fondos europeos... La economía española "resiste", dijo, y eso es un "éxito de país".

El Gobierno presume de los datos, "mal que le pese a los profetas del apocalipsis", y de la gestión progresista de la economía, mejor, dice, que la de la derecha

"Mal que le pese a los profetas del apocalipsis", España "avanza", insistió, contraponiendo su modelo frente al patrón neoliberal del PP. Sánchez recalcó en que todo lo que está consiguiendo España no es obra de "milagros", "tampoco de curanderos y por supuesto no de telepredicadoras" —rejonazo por la predicadora evangélica que mitineó con el PP en plena cumbre iberoamericana—, sino que es consecuencia de que las políticas progresistas "gestionan mejor" que el neoliberalismo. Los socialistas quieren hacer de su gestión económica un valor, y destruir el mantra de que es la derecha quien exhibe mejor hoja de servicios en esta materia.

El principal agujero negro económico para el Ejecutivo es, no obstante, el encarecimiento de los alimentos: en marzo, un 16,5% más frente a hace un año (solo una décima menos que el mes anterior). Sánchez no avanó ningún anuncio, solo afirmó que el Gobierno sigue trabajando para "comprometer todos los recursos que sean necesarios para proteger a las familias". El presidente también agradeció a los grupos el apoyo para la reforma de las pensiones, acometida, insistió, con "paz social", algo "primordial", porque si a las crisis se añade "conflictividad", las dificultades "se multiplican".

El PP intenta conducir el debate hacia el 'sí es sí', materia que el presidente esquiva porque la Moncloa cree que el asunto está ya amortizado

Los raíles de la campaña del 28-M ya están montados para los socialistas: vivienda, Doñana, gestión económica. Y un problema menos, la reforma de la ley del sí es sí, que saldrá adelante por completo en apenas diez días —mañana la aprobará el pleno del Congreso, y el miércoles lo hará el del Senado— gracias al concurso del PP, cuyo apoyo el Ejecutivo minimiza. El foco, defiende la Moncloa, no está ahí ya. Lo quiere situar en la vivienda, y lo busca anuncio tras anuncio.

El PP intentó desplazar el debate hacia el sí es sí, el elemento que quizá más ha erosionado al Ejecutivo en estos más de tres años de convivencia. Pero Sánchez esquivó el asunto, y solo en la sesión de control posterior, tras más de seis horas de comparecencia, entró tangencialmente en él —"La mejor manera de defender esta ley, que es un avance feminista, es precisamente hacer esa modificación técnica del Código Penal y eso es lo que estamos haciendo"—, pero es que el ala socialista del Ejecutivo cree que está amortizado y que los ciudadanos han comprendido el mensaje.

Al tiempo que se desenvolvía el pleno en el Congreso, los populares presentaban su tercera entrega de su propio plan de vivienda, que para el Ejecutivo no es creíble. Sánchez atacó duramente a Cuca Gamarra, la portavoz del PP en la Cámara baja y número dos de su formación, tanto por la política llevada a cabo por su partido como por la que ella practicó cuando era alcaldesa de Logroño, entre 2011 y 2019. El presidente se siente fuerte, pero para los conservadores no habrá nada que le salve porque están convencidos, y así lo dijo Gamarra, de que el 28-M empieza un nuevo ciclo político en España.