No era un escenario irreal para el Gobierno. En absoluto. Que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado sitúe al fiscal general del Estado al borde del banquillo, algo que jamás ha sucedido en democracia, no ha sorprendido en la Moncloa. Por eso la respuesta también es la esperada: se mantiene intacto el apoyo a Álvaro García Ortiz. No podría cesarlo, porque la ley lo impide, pero tampoco le empujará para que dimita. Entiende que, por mucho que pueda ser finalmente juzgado por un presunto delito de revelación de secretos, no hay “pruebas” contra él. Lo que entrevé es que la propia Justicia es la que hace realmente la labor de “oposición” al Ejecutivo, la que sale al rescate de Alberto Núñez Feijóo.

Hurtado dictó este lunes, 9 de junio, auto de procedimiento abreviado [aquí en PDF], lo que implica que la investigación sobre García Ortiz se cierra, y ahora son las partes las que en diez días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. El magistrado cree que el fiscal filtró un correo electrónico sobre la investigación por fraude fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, “a raíz de las indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. También procesa a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

El Ejecutivo no cederá en su respaldo al jefe del ministerio público aun si se confirma la apertura de juicio oral: "Es un servidor público ejemplar, que ha trabajado y trabaja persiguiendo el delito, con el coste personal que en ocasiones tiene"

Fue el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el que verbalizó la “confianza absoluta” del Ejecutivo en el jefe del ministerio público. Recordó primero que todavía se tiene que agotar la vía de los recursos antes de la apertura de juicio oral —ante el propio magistrado, en reforma, y ante la Sala de Apelación— pero, “sin duda, al final la verdad prevalecerá”. “Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto. Desde luego, el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos [aludía a González Amador], está con los fiscales que persiguen el delito. Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar, que siempre ha trabajado y que sigue trabajando persiguiendo el delito, con el coste personal que en ocasiones tiene, como es este supuesto. Cuenta con la confianza del Gobierno para continuar ejerciendo con sus funciones como fiscal general del Estado”, señaló el titular de Justicia tras asistir a un acto en la sede del Consejo General del Poder Judicial en el que coincidió con García Ortiz y con el que intercambió, dijo, "un brevísimo saludo".

Bolaños también negó “rotunda y categóricamente” que la Presidencia del Gobierno le diera “indicaciones”, como sostiene el juez instructor: “Eso no sucedió nunca —apuntó—. Y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria porque esto no sucedió nunca”.

Preguntado el ministro si es sostenible que García Ortiz continúe en su cargo aun estando procesado, respondió que sí: “Es perfectamente sostenible en un Estado de derecho, con presunción de inocencia, con un auto que es el que conocemos hoy, que no es firme, que cabe, al menos, reforma y apelación. Y, por tanto, nuestra confianza absoluta y plena en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto cuando se enfrentan a presuntos delincuentes y a defraudadores confesos”. ¿Y si se confirma el procesamiento, si finalmente el fiscal general acaba sentándose en el banquillo, el Ejecutivo le pedirá la dimisión? "En ningún caso", zanjó, porque la confianza en él es "absoluta".

Según la tesis del Gobierno, la Justicia salva al líder del PP del "pinchazo" de la manifestación de ayer domingo, que reunió a entre 45.000 y 50.000 asistentes, según la Delegación, y a 100.000 personas, según la dirección de los conservadores

Más contundente que Bolaños fue el ministro de Transportes, Óscar Puente: “La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer tiene que haberles sentado fatal”, escribió en X minutos después de conocerse la noticia. Él es la voz del Gobierno que suele ir un paso más allá en las declaraciones públicas de sus compañeros de Gabinete.

La lectura que hacía Puente no era diferente a la que sostenía la Moncloa. Esto es, que la Justicia la que salva a Feijóo del “pinchazo” de su protesta de ayer en la plaza de España de Madrid, la concentración convocada bajo el lema Mafia o democracia y que reunió a entre 45.000 y 50.000 personas, según la Delegación del Gobierno, 100.000 según la dirección nacional del PP. También este lunes la jueza instructora del caso David Sánchez, el que afecta al hermano del presidente del Gobierno, Beatriz Biedma, envió una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el que apunta que el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, secretario general de los socialistas extremeños, es “fraude de ley”.

Auto de acomodación a procedimiento abreviado del juez instructor del Supremo Ángel Hurtado Descarga

El auto de procesamiento, por tanto, era “esperado” para la Moncloa, y casa con lo que entienden como un ataque “por tierra, mar y aire” a Sánchez, en el que la pieza del fiscal general es una más, y una muy codiciada. Y ante ello, lo que cabe, para el Ejecutivo, es mostrar su “apoyo total” a García Ortiz. “Mantenemos lo dicho hasta ahora. Todos los periodistas saben que la prensa tenía el correo antes y que la verdad es la que es”, explican en el equipo directo del presidente. Es decir, niegan en la Moncloa que el fiscal general filtrara el mail que desmontaba la primera versión, dada por El Mundo el 13 de marzo de 2024, de que había sido el ministerio público el que había ofrecido un pacto a González Amador, cuando lo que realmente había sucedido era justo lo contrario. La oferta y el reconocimiento de dos delitos fiscales por parte del novio de Ayuso partió de su letrado, no de la Fiscalía. Además, el juez ha ignorado todos los testimonios de periodistas que declararon ante él que conocían la noticia antes de que ese correo estuviera en conocimiento de García Ortiz.