En muchas ocasiones, en la Moncloa recuerdan que todo estaba allí, que todo arranca allí, en la carta que Pedro Sánchez dirigió a los ciudadanos el 24 de abril de 2024, la que abrió un periodo de reflexión de cinco días tras el cual decidió permanecer el cargo, "con más fuerza si cabe", y con todas las consecuencias. Porque ya entonces, reiteran, él hablaba de una "operación de acoso por tierra, mar y aire" para intentar hacerle "desfallecer" en lo político y en lo personal. Entonces, quien acababa de ser imputada era su mujer, Begoña Gómez, pero poco más tarde se acabaron abriendo investigaciones contra su hermano, David Sánchez, y contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Causas que siempre el Ejecutivo vaticinó que quedarían "en nada" y que desde el equipo del presidente y desde el partido enmarcaron en el mismo contexto, la "cacería" de la derecha y la ultraderecha política, mediática y judicial contra el Gobierno de coalición progresista. Los dos últimos casos, no obstante, ya tienen la instrucción cerrada y asfaltada la pista hacia el juicio oral. Llegados a este punto, en la Moncloa consideran que solo queda resistir, aguantar el envite, por mucho que presione el PP, aferrarse al mástil.
Ese mensaje de entereza se activó cuando la jueza Beatriz Biedma procesó al hermano de Sánchez y lo envió al banquillo —este lunes la magistrada remitió la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura porque el ya expresidente de la Diputación de Badajoz buscó el aforamiento a toda prisa—, y se repetía este 9 de junio con el auto de procedimiento abreviado contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. Algo que jamás había pasado en democracia. El Ejecutivo se lanzó desde el primer minuto a ratificarle su apoyo total y hasta el final, aunque tenga que sentarse en el banquillo si son desestimados los recursos. "Ya nos están masacrando, pero no podemos ceder a la mentira", argumentan con crudeza en la Moncloa, donde insisten en que se sienten víctimas de una persecución judicial sin fundamentos, sin "pruebas".
El Gobierno no tiene potestad para cesar al jefe del ministerio público, pero sí podría empujarle para que se vaya. No lo ha hecho y no piensa hacerlo
García Ortiz no es solo el fiscal general del Estado. Sánchez lo toma como una pieza que la derecha quiere cobrarse para arrinconarle más a él mismo, para dañarle. Por eso en diciembre expresó claramente la "confianza del Gobierno en su fiscal general del Estado". Así, con ese su, con ese significativo posesivo. Y por eso en todo momento el Ejecutivo no ha vacilado en prestarle su respaldo, porque entiende que una dimisión sería tanto como una rendición. El Gobierno no tiene potestad para cesar al jefe del ministerio público —aunque quisiera hacerlo, que no es el caso—, pero sí podría empujarle para que se vaya. No lo ha hecho y no piensa hacerlo.
La Moncloa viene sosteniendo, primero, que lo que hizo García Ortiz fue "perseguir el delito". Porque veló por la imagen de la institución que dirige y desmontó el bulo que en la tarde del 13 de marzo de 2024 difundió el entorno de Isabel Díaz Ayuso: que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un pacto de conformidad a su pareja, a Alberto González Amador. Fue la versión que primero publicó El Mundo. Pero era falsa. Había sucedido exactamente al revés: había sido la defensa del empresario la que había buscado la oferta para librar a su cliente de la cárcel, lo que suponía el reconocimiento de dos delitos fiscales. Eso es lo que constaba en el comunicado que el ministerio público lanzó en la mañana del 14 de marzo de 2024. La tesis del Ejecutivo, en línea con la de García Ortiz, es que varios periodistas conocían el mail entre el letrado de González Amador y la Fiscalía antes de que obrara en su poder.
Los testigos han dicho que es inocente y que no hay ninguna prueba", subrayan en el entorno del presidente, en el que se apoyan en el testimonio de varios periodistas ante el magistrado instructor
"Los testigos han dicho que es inocente y que no hay ninguna prueba", rubrican en el entorno del presidente. La Moncloa se apoya en el testimonio que varios informadores ofrecieron ante el juez instructor de la causa ante el Supremo, Ángel Hurtado. Pero el magistrado, en el escrito en el que propone el procesamiento del jefe del ministerio público y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pasa de largo y no considera que prueben nada ni que descarguen de responsabilidad al fiscal general.
"¿Y si sale absuelto?"
Hurtado apunta que lo que pretendía este, en la noche del 13 de marzo de 2024, era obtener los correos intercambiados entre el letrado de González Amador y el fiscal Julián Salto para "acabar facilitándolos a un medio, como la Cadena SER, para que le diera publicidad". Miguel Ángel Campos, periodista de la emisora de Prisa, negó ante el magistrado que el mail en cuestión se lo hubiera "proporcionado el fiscal general del Estado". Hurtado escribe que no hay que dar "credibilidad" al testimonio del periodista, "posiblemente condicionado, de alguna manera, por su deber deontológico de proteger su fuente de información". El secreto profesional permite a los periodistas no revelar sus fuentes, pero no les ampara para mentir en sede judicial.
"¿En qué pruebas se basa el juez para decir que García Ortiz reveló datos sensibles de González Amador? ¿Dónde están en el auto?", se preguntan en el círculo del presidente, remitiéndose al escrito de Hurtado, de 51 páginas [aquí en PDF], y en el que no ven por ningún lado la pistola humeante, la prueba que demostraría que fue el fiscal general quien filtró información reservada de un particular.
"¿En qué pruebas se basa el juez para decir que García Ortiz reveló datos sensibles de González Amador? ¿Dónde están en el auto?", se preguntan en el círculo del jefe del Ejecutivo. En la Moncloa achacan la 'ofensiva' judicial a la ley de amnistía
Los máximos colaboradores de Sánchez han venido subrayando que el caso de García Ortiz es otra muestra más de la "cacería" de la derecha. Por eso el apoyo se mantendrá hasta el final, aunque se acabe sentando en el banquillo de los acusados. "¿Van a llevarlo a juicio solo con indicios, sin pruebas? ¿Y si finalmente sale absuelto?", han razonado en estos meses en la Moncloa, advirtiendo de que una dimisión de García Ortiz sería equivalente a "darle su cabeza" por anticipado a la derecha. En el Ejecutivo creen además que la hostilidad de los jueces contra Sánchez tiene un origen claro: la ley de amnistía que las Cortes aprobaron hace un año y que el Tribunal Constitucional podría validar a finales de este mes. Jueces y magistrados, razonan, se sintieron agredidos, "y de aquellos polvos viene todo lo demás".
Otros miembros del Gabinete son más expeditivos y creen que lo que interpretan como una ofensiva judicial se debe más a otras razones. "Son un atajo de franquistas, sin más", sentencia un integrante del Ejecutivo. En el Gobierno hay quienes creen que, en realidad, quizá García Ortiz no tenía aptitudes suficientes para ser fiscal general. Pero su imputación y posterior procesamiento precisamente "lo han blindado". "Si no le hubieran sentado en el banquillo, estaba fuera", sentencia un responsable del Ejecutivo, que comparte con sus compañeros que, ya en este punto, solo cabe protegerlo y defenderlo frente a "una injusticia como una catedral".
Al Ejecutivo le ha irritado sobremanera que el juez afirme que García Ortiz recibió "indicaciones" directas de la Presidencia del Gobierno: "Eso no sucedió nunca"
Otros miembros del Gobierno tienen una visión distinta: estiman que "no tiene nada que ver" la resolución conocida este lunes ni con la amnistía ni con la extracción conservadora de algunos magistrados del Supremo: "Hay que hacer las cosas bien y si no se hacen la ley tiene que ser igual para todos. Es de primero de Derecho que una prueba indiciaria es una prueba. Dicho esto, Álvaro tiene su presunción de inocencia como la tiene todo el mundo", apunta una integrante del Gabinete.
Para "ganar el relato"
Al Ejecutivo le ha irritado sobremanera, además, que Hurtado afirme en su auto que, "a raíz de las indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno", García Ortiz, "con la finalidad de ganar el relato", entró "en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales", sobre todo a través de WhatsApp, "para preparar una respuesta y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo" a González Amador. En declaraciones a los medios, el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quiso negar "rotunda y categóricamente" la afirmación del magistrado de que el fiscal obró tras las "indicaciones" de la Moncloa: "Eso no sucedió nunca —apuntó—. Y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria porque esto no sucedió nunca".
García Ortiz es un servidor público ejemplar, que siempre trabaja y trabajará persiguiendo el delito. Cuenta con la confianza del Gobierno para continuar ejerciendo como fiscal general", asegura Bolaños
El ministro había compartido este lunes un acto en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Había podido intercambiarse "un brevísimo saludo" con el jefe del ministerio público, nada más, aseguró. Y tras augurar que, "sin duda, al final la verdad prevalecerá", pasó a ratificar el respaldo del Ejecutivo: "Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto. Desde luego, el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos [lo decía por González Amador], está con los fiscales que persiguen el delito. Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar, que siempre ha trabajado y que sigue trabajando persiguiendo el delito, con el coste personal que en ocasiones tiene, como es este supuesto. Cuenta con la confianza del Gobierno para continuar ejerciendo con sus funciones como fiscal general del Estado".
Bolaños confirmó que el Ejecutivo mantendrá su aval a García Ortiz, pase lo que pase. Para empezar, recordó, porque cabe todavía un recurso de reforma, ante el propio Hurtado, y ante la Sala de Apelación del Supremo. Por tanto, "es perfectamente sostenible" el apoyo con un auto "que no es firme". Pero si finalmente el fiscal general se tiene que sentar en el banquillo tampoco se le pedirá la dimisión. "En ningún caso", aclaró, porque la confianza en él es "absoluta" y "plena" en él y en todo el ministerio público cuando se enfrenta a "presuntos delincuentes y a defraudadores confesos". El Ejecutivo es consciente del coste de seguir respaldando a García Ortiz —el PP subrayó este lunes que la legislatura está "en colapso" y pidió la comparecencia de Sánchez—, asume que la derecha le seguirá "masacrando", pero insiste en que no puede "ceder a la mentira".
Puente verbaliza la impresión del Gabinete de que la "oposición real" a Sánchez la dirigen los jueces, y que en este caso tuvieron que salir a arreglar el "desastre" de la manifestación del domingo en Madrid
Pero en el Gobierno también se defendía otra lectura más política, que fue la que expresó, a través de su cuenta de X, el ministro de Transportes, Óscar Puente: "La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer [por el domingo] tiene que haberles sentado fatal", escribió. En las últimas horas, en el Ejecutivo y en el partido han reiterado el "pinchazo" de la protesta convocada el domingo por el PP en la plaza de España de la capital, que reunió, según la Delegación del Gobierno, a entre 45.000 y 50.000 personas, y según la cúpula de Alberto Núñez Feijóo, a 100.000. La manera de tapar ese "desastre" de concentración era, a ojos del Gobierno, lanzar un auto de enorme impacto político. Porque lo ocurrido, que el fiscal general del Estado esté ya con un pie en un juicio contra él, nunca había sucedido en las últimas cinco décadas de democracia.
La jueza de Badajoz "se extralimita"
Pero este lunes también los socialistas sufrieron otro golpe de los tribunales. La jueza de Badajoz Beatriz Biedma, en su exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, califica el "aforamiento repentino" del líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, de "fraude de ley". Lo justifica porque, para poder convertirse en diputado en la Asamblea autonómica, decisión que adoptó después de que ella misma propusiera su procesamiento, forzó la dimisión de una parlamentaria y de cuatro personas que le precedían en las listas de candidatos de 2023. Una "maniobra" que la magistrada entiende contraria al artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sostiene que "los jueces y juezas, así como los tribunales, rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal".
La magistrada Beatriz Biedma cree que el aforamiento exprés de Gallardo puede suponer un "fraude de ley", porque para poder convertirse en diputado regional forzó cinco renuncias
Gallardo aseguró sentirse "sorprendido, enfadado y pisoteado" en sus derechos, "tanto como parlamentario como persona". Cree que hay una "falta de garantías" en este proceso, y que la jueza se excede en sus funciones. "Inmiscuirse en las decisiones de un partido político es grave, y juzgar y prejuzgar sin ningún elemento jurídico de base es una extralimitación", protestó el secretario general del PSOE extremeño, en referencia a la argumentación de Biedma en su auto.
A su juicio, elevar la causa al TSJEx "forma parte de la legalidad en este país y poco se puede valorar respecto a esa decisión", pero "sí la interpretación que realiza la magistrada a lo largo de todo su escrito". "La ley nunca puede ser fraude de ley, el fraude de ley se encuentra en la interpretación de la magistrada", manifestó Gallardo, que lamentó tener que sufrir la "pena del telediario", que no obstante asume como "profundo demócrata" que es, informa EFE.
El barón regional insistió en que se demostrará que este es un "caso tremendamente falso e injusto", y denunció que mucho se habla de su "aforamiento exprés" pero poco del "auto exprés" de la jueza, que abrió juicio oral un día después de que él recogiera su acta de diputado autonómico, sin esperar a que la Audiencia resolviera en apelación sobre su procesamiento. Gallardo cuenta con todo el aval de la cúpula federal de Sánchez, pese hay dirigentes en el partido que creen que no estuvo acertado al forzar su aforamiento tan tarde, una vez que la magistrada había propuesto enviarle a él, al hermano del presidente y a otras nueve personas al banquillo.
La ley nunca puede ser fraude de ley, el fraude de ley se encuentra en la interpretación de la magistrada", manifiesta el líder de los socialistas extremeños
El Gobierno piensa seguir con su hoja de ruta: resistir y defenderse de casos que considera injustos y poco fundados. Y uno de ellos es el que afecta a García Ortiz, considerado como uno de los últimos diques que protegen a Sánchez. Aparte queda, claro, el caso Koldo / Ábalos, el más grave de todos los que acechan al Ejecutivo y el de mayor hondura.
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