El pacto por la financiación singular consolida la alianza con ERC y reabre la batalla con el PP y con Page

La actualidad política gira muy rápido y es imposible predecir casi qué va a estallar las costuras en las siguientes horas, pero muy probablemente a partir del próximo lunes, 14 de julio, Cataluña vuelva al primer plano. Por la financiación singular, como ocurrió casi hace un año. Entonces, PSC y ERC alcanzaron un acuerdo que hizo posible la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat el 8 de agosto. El corazón de aquel pacto era un nuevo sistema que los republicanos bautizaron como concierto catalán y que ahora empieza a aterrizar. A tener letra pequeña. Y esa primera traducción legal de aquella entente PSC-ERC, que contó con la conformidad de la ejecutiva de Pedro Sánchez, reabrirá seguramente la guerra con las comunidades del PP y las tensiones dentro del PSOE, especialmente con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Aunque todavía está por ver que la primera reforma legal coseche los apoyos parlamentarios suficientes.

El lunes, a las 12 horas, se cita en Barcelona, en el Palau, la comisión bilateral Generalitat-Estado, el órgano estatutario de mayor rango y mayor relieve político entre las dos administraciones, que copresidirán el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y a la que asistirán la responsable catalana de Economía, Alícia Romero, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. La reunión llega después de que se aceleraran los trabajos entre el Gobierno de Sánchez y el Govern y la previsión es que en ella se cierre un primer acuerdo sobre la financiación y la gestión tributaria.

La previsión es que se concrete uno de los pilares del acuerdo de 2024, que sea la Agència Tributària de Catalunya la que recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos de manera gradual, empezando por el IRPF, y que se consagre el principio de ordinalidad

La previsión, según han avanzado elDiario.es y El Periódico, es que se concrete uno de los pilares que contenía el pacto de PSC y ERC suscrito a finales de julio de 2024: que sea la Agència Tributària de Catalunya (ATC) la que recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos que se paguen en la comunidad de manera gradual, y empezando por el IRPF, el tributo más sencillo de territorializar, a fin de que la campaña de la renta del próximo año sea administrada ya por la Generalitat. El segundo principio es el respeto a la ordinalidad, punto que recogía el texto suscrito y que es medular en Cataluña: se trata de que las comunidades que más aportan al sistema de financiación no queden por debajo en volumen de recursos una vez se procede al reequilibrio territorial.

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— Europa Press TV (@europapress_tv) July 10, 2025

Lo que no está previsto es que en esta bilateral se resuelva otro de los puntos nucleares del acuerdo PSC-ERC: la contribución que la Generalitat debería pagar al Estado por los servicios que presta y el mecanismo de solidaridad con el resto de CCAA. Este aspecto queda pendiente para una siguiente reunión de la bilateral. Por el momento, los dos gobiernos mantienen el máximo celo sobre los detalles más técnicos y no quieren dar por nada seguro acerca del contenido, precisamente para no hacer descarrilar todo en la última curva.

Los socialistas, para sacar adelante la proposición de ley pactada con ERC, necesitarían el concurso de todos sus socios, incluidos Junts y Podemos, y también Compromís o Chunta

El acuerdo que se selle finalmente el lunes será trasladado a una proposición de ley en el Congreso, habrá que ver si firmada de manera conjunta por PSOE y ERC o por solo uno de ellos. En cualquier caso, ahí arrancará una complicada negociación con los grupos. El Gobierno necesitará el apoyo de todos sus socios de investidura para sacar adelante una reforma que previsiblemente tocará la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Es decir, que tendrá que convencer a Junts, que siempre ha considerado que el pacto de PSC y ERC es insuficiente porque la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende hacer extensible un nuevo modelo de financiación, que reconozca las singularidades territoriales, a todas las CCAA. Y también tendrá que atraer a otras formaciones como Podemos o Compromís o Chunta, más reticentes, estas dos últimas porque quieren mimo para sus respectivos territorios, Valencia y Aragón. Los posconvergentes también advirtieron de que no bastaba el acuerdo al que llegaron en febrero Gobierno y ERC para la quita de la deuda, pero al final reconocieron que aunque se quedara corto, no se opondrían. La condonación parcial de la deuda, sin embargo, no ha llegado aún a la Cámara baja, si bien Montero esperaba que pudiera quedar lista antes de final de año. Los socialistas, no obstante, siempre han advertido de que no pueden hacerse cargo de lo que hagan otros grupos. Es decir, confían en que aquello que lleven al Parlamento recabe el respaldo necesario para salir aprobado, pero si no servirá para que cada grupo se "retrate".

El Govern, "convencido" de que satisfará a ERC

El pasado martes, el Govern de Illa se mostró "convencido" de que la bilateral del 14 de julio cumplirá con lo pactado con la formación de Oriol Junqueras hace un año. La consellera de Territorio y portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, recordó que el acuerdo con los republicanos contempla tres grandes ámbitos sobre la financiación: un nuevo modelo "ajustado a las necesidades" de Cataluña, "mejoras" en la recaudación, empezando por el traspaso del IRPF, y el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya, aspecto este último en el que se ha estado trabajando estos meses para dotarla de más personal, medios y recursos. La reunión en el Palau de la Generalitat, por cierto, se celebra algo más tarde de lo previsto —en el papel se decía que se debería haber formalizado el pacto en la bilateral en el primer semestre de 2025— por el estallido del caso Cerdán que ha absorbido todas las energías de Gobierno y PSOE en las últimas semanas. Illa prometió con sus socios de ERC y comunes que cumpliría los acuerdos. Y su determinación es total.

El presidente de Castilla-La Mancha avisa de que la financiación singular, si sale adelante, será "el mayor atentado a la igualdad de oportunidades entre españoles"

La tormenta ya se está acercando. Y en el Govern son conscientes de que habrá ruido. Illa siempre ha defendido que el modelo catalán no será "insolidario", ni romperá nada, ni será insensato. Pero ya el año pasado, cuando se conoció la letra de la entente con ERC, en el PSOE se generaron tensiones que ahora pueden volver a repetirse. El primer líder territorial a la contra, ya lo era, es el presidente de Castilla-La Mancha. Este mismo jueves, él avisó de que la financiación singular de Cataluña, si sale adelante, será "el mayor atentado a la igualdad de oportunidades entre españoles". Lo hacía después de que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, confirmara en La hora de La 1 (TVE) que el lunes la bilateral abordará este asunto, una cita que es "positiva" porque se enmarca en la "normalidad institucional".

Para García-Page, sin embargo, "es bastante posible que estemos ante la decisión más grave". "Ojalá me equivoque, pero si eso sucede será, probablemente, lo más triste que he visto en todo lo que va de democracia y lo que llevo al servicio público", apuntó el barón socialista desde un acto en Toledo, en el que añadió que no se va a quedar "de brazos cruzados" si finalmente se aprueba. El jefe de la Junta de Castilla-La Mancha cree "muy importante" que se mantenga "el concepto de redistribución del esfuerzo colectivo". O sea, "que lo que se genera termine revirtiendo en todos", especialmente en los servicios públicos. El presidente regional siempre ha cargado contra los "privilegios", porque parte de la base de que "la mayor libertad que se puede tener" es saber "que jugamos todos con las mismas reglas". "Estamos en un momento en España donde se ha puesto de moda defender lo indefendible", lamentó, informa EFE.

Asturias también ha puesto pegas al 'concierto catalán'. La federación rechaza de plano la ordinalidad y su número dos ya dijo en el comité federal que el reconocimiento de la diversidad territorial "no puede ser sinónimo de privilegios"

Los socialistas solo gobiernan cuatro comunidades: Cataluña, Castilla-La Mancha —con mayoría absoluta—, Navarra y Asturias. La comunidad foral disfruta de su propio convenio económico, por lo que no forma parte, como Euskadi, del grupo de CCAA del régimen común. El presidente del Principado, Adrián Barbón, sí mostró reticencias el año pasado. El pasado sábado, en el comité federal, él no pudo acudir por indicación médica a causa de una infección bacteriana, pero su voz en el órgano, el secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Luis Ramón Fernández Huerga, advirtió de que la búsqueda de acuerdos "no puede tener como resultado la desigualdad territorial". "El reconocimiento de la diversidad territorial que defendemos no puede ser sinónimo de privilegios ni puede dar como resultado el que existan territorios que se sientan menos escuchados, menos visibles o menos prioritarios. No hay cohesión si existe trato diferencial", aseguró ante sus compañeros. Y es que la resolución política del 34º Congreso de la FSA-PSOE, celebrado en Avilés el pasado enero, remarca que "no cabe aplicar un principio de ordinalidad que implique una financiación privilegiada para determinados territorios". "Siempre hemos defendido que el sistema debe estar centrado en los ciudadanos y no en la capacidad fiscal de los territorios, que conllevaría una financiación privilegiada", añade el texto.

El acuerdo interno

El 41º Congreso Federal del PSOE, el que se cerró en Sevilla el 1 de diciembre de 2024, alcanzó un consenso interno que contentó tanto al PSC como a Page, las dos posturas más dispares. Por un lado, se afirma, como querían los socialistas catalanes, que la reforma del sistema reconocerá "las singularidades y las diferentes variables determinantes en su coste, de manera que garantice la igualdad de derechos en el acceso a los servicios públicos independientemente del territorio en el que se viva". Pero, al tiempo, y como querían Castilla-La Mancha y otras federaciones, se consagra que el nuevo modelo de financiación "será aprobado de manera multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin perjuicio de la relación bilateral del Estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes estatuto".

Montero ha insistido en que las CCAA del PP no le presentan una alternativa consensuada y conjunta de cómo debe reformarse el modelo, porque los intereses de sus propios barones son dispares

Pero el Gobierno e Illa se enfrentarán a una hostilidad mayor fuera, con las comunidades del PP. Los barones populares exigieron y consiguieron que en las dos últimas conferencias de presidentes, las que acogieron Santander —el 13 de diciembre— y Barcelona —el 6 de junio—, se abordarse el modelo de financiación. Sin llegar a ningún puerto. Montero ha defendido repetidamente que el foro para alcanzar acuerdos es el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que Hacienda cuenta, de entrada, con el 50% de los votos del órgano. Y ha insistido en que las CCAA no le presentan una alternativa consensuada y conjunta, porque los intereses de sus propios barones son dispares.

La vicepresidenta primera ha afirmado asimismo que su planteamiento no es aprobar un sistema que afecte solo a la Generalitat. Lo decía así en una entrevista publicada por El Correo de Andalucía el pasado 29 de junio: "Sobre firmar una financiación singular para Cataluña, al margen de una reforma del modelo de financiación para todas las comunidades, siempre hemos dicho que no. Es que yo eso ya lo he explicado en muchas ocasiones. El próximo modelo de financiación tendrá que incorporar un reconocimiento a las singularidades y a la diversidad territorial de nuestro país pero para todos, no solo para Cataluña".

El próximo modelo de financiación tendrá que incorporar un reconocimiento a las singularidades y a la diversidad territorial de nuestro país pero para todos, no solo para Cataluña", advirtió la ministra

La reforma del vigente sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, es una demanda generalizada desde hace años, pero el acuerdo global PP-PSOE parece hoy completamente imposible. Y Montero, secretaria general de los socialistas andaluces desde el pasado enero, sabe que este es un asunto muy delicado para ella, sobre todo porque en apenas unos meses se enfrentará a un afianzado presidente de la junta, el popular Juanma Moreno, como candidata por su partido. El pasado martes, el consejero de la Presidencia del Gobierno andaluz, Antonio Sanz, ya advirtió de que Montero "está a punto de culminar su mayor traición" a Andalucía si se alumbra la financiación singular catalana, que la Junta estudiará recurrir ante el Tribunal Constitucional en caso de que vea la luz.

Plante del PP con la quita en febrero

Sería la rúbrica, por parte de la vicepresidenta primera, "del mayor ataque a la desigualdad, del mayor agravio y la mayor afrenta que va a sufrir Andalucía y la igualdad entre los españoles, como es la confirmación y la firma del acuerdo con Cataluña en materia de financiación singular", dijo el número dos de Moreno. "María Jesús Montero va a pasar a la historia a partir del próximo 14 de julio como la mayor traidora a Andalucía —siguió Sanz—, porque va a confirmar lo que todos sabemos, que traiciona a Andalucía apostando por la desigualdad y por los privilegios entre unas comunidades autónomas y otras".

Aún no ha llegado al Congreso el proyecto de ley de cancelación del pasivo de las CCAA, que el Gobierno pactó con ERC y que también planteó hacer extensible al resto de territorios

El PP se mostró igual de beligerante con la quita de la deuda. En febrero, escenificó un plante ante Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en señal de rechazo. El acuerdo salió adelante con el apoyo de las tres CCAA del régimen común gobernadas por los socialistas (Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias). La titular de Hacienda acusó a los consejeros populares de "deslealtad inédita" pero se mostró convencida de que, cuando se apruebe la condonación parcial, las CCAA dirigidas por los conservadores acabarán firmando el convenio bilateral para acogerse a la medida, ya que no solo se quitan la losa de la deuda, lo que les permitiría acudir a los mercados, sino ahorrarse el pago de intereses. Montero aseguró ya entonces que la cancelación de 83.252 millones de pasivo (17.104 millones a Cataluña, 18.791 millones a Andalucía) no suponía olvidar la reforma del modelo de financiación. Era una medida complementaria. La idea de la vicepresidenta, por tanto, es hacer como con la quita: un pacto con ERC se hizo extensible a todas las CCAA, y ahora podría ocurrir lo mismo.

El clima político no puede ser peor. La crispación y la guerra total entre Gobierno y PP hacen impensable cualquier acuerdo. Y en este frente, tan delicado, se suma la oposición, o al menos la reserva, de las CCAA gobernadas por los socialistas y de las federaciones que no cuentan con el poder autonómico. El debate es vidrioso y duro de afrontar para un PSOE muy malherido por el caso Cerdán. La próxima semana el foco retornará a Cataluña, pero todo hace prever que el Ejecutivo no se librará de la presión.