Pedro Sánchez ha logrado amarrar a ERC como socio con el acuerdo sobre la financiación singular emanado ayer lunes en la comisión bilateral Generalitat-Estado, pero no quiere decir ni que el nuevo modelo esté listo, ni que se vaya a poder desplegar pronto, ni que el Ejecutivo asuma el principio de ordinalidad que le pide Cataluña. El proceso, si se culmina —y es improbable, porque Junts ya ha advertido de que no lo apoyará "de ninguna de las maneras"—, llevará sus tiempos y, en todo caso, no supondrá ningún "privilegio" para ninguna comunidad autónoma.

Es lo que aseguró este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros apenas 24 horas después de la reunión en Barcelona. Los dos gobiernos sellaron un pacto de seis páginas muy vago y sin calendario, pero que de inmediato soliviantó no solo a las comunidades del PP sino también a las dos que preside el PSOE y que son del régimen común: Castilla-La Mancha y Asturias. Barones populares y socialistas advirtieron de que no consentirán "privilegios" hacia Cataluña.

"Lo verdaderamente importante a resaltar aquí son los hechos —respondió Alegría durante su comparecencia—. Y los hechos es que mientras haya y mientras hay un gobierno progresista al frente en este país no va a haber ningún privilegio, como nunca lo ha habido de ningún territorio sobre otro". La ministra apuntó que la prueba es que desde que Sánchez gobierna ha inyectado 300.000 millones de euros más a las CCAA que en los siete años de Mariano Rajoy en la Moncloa, "es decir, un 47% en materia de financiación autonómica". Una suma de la que se han beneficiado, insistió, todos los territorios.

El Ejecutivo quiere abordar el debate del nuevo sistema "con calma, con sosiego, con seriedad" pero también "avalados por los hechos", los 300.000 millones de euros más que han recibido las CCAA desde que Sánchez está en la Moncloa

Alegría recordó que desde que el líder socialista asumió las riendas del Ejecutivo lleva apelando a afrontar el debate del modelo de financiación, pues este lleva caducado 11 años. Desde 2014. No lo hizo el PP cuando estaba en el poder, dijo, pero sí Sánchez. "Y además lo queremos hacer", prosiguió, y aquí estaba una de las claves, "con calma, con sosiego, con seriedad, pero por otro lado, por supuesto, avalados por los hechos. Y los hechos son lo que les digo, 300.000 millones de euros más para todas las CCAA en estos siete años de Gobierno".

Los socialistas aún no han adelantado cuándo quieren llevar la proposición de ley de reforma del sistema al Congreso, ni han precisado en qué momento se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a la ministra de Hacienda con todos los consejeros autonómicos del ramo, más allá de decir que la cita será tras el verano. El Govern, sin embargo, espera que el grupo de expertos que le asesora para el aterrizaje del modelo le aporte "en septiembre u octubre" cálculos y escenarios que permitan al Ejecutivo de Salvador Illa negociar con Madrid los detalles de la nueva financiación para Cataluña. Así lo manifestaba esta mañana la consellera de Economía, Alícia Romero, esta mañana en TV3, informa EFE.

La portavoz pasó a repasar los principios que constan en el acuerdo sellado con la Generalitat y que "desde siempre" ha defendido el Gobierno: suficiencia financiera —que todas las CCAA reciban "más recursos"—, "solidaridad entre todos los españoles", corresponsabilidad fiscal —no solo desde el punto de vista del gasto, sino también desde la perspectiva de los ingresos—, y una bilateralidad "absolutamente compatible con la multilateralidad". Y una fórmula "aplicable a todas las CCAA".

Entre esos principios, Alegría no citó la ordinalidad, que es un límite a la solidaridad entre las comunidades, que busca impedir que las más ricas, y por tanto las que más aportan al sistema acaban recibiendo menos recursos por habitante una vez hecha la nivelación. El acuerdo de PSC y ERC lo recogía expresamente, y en el texto firmado por Gobierno y Generalitat se menciona una única vez. Y es en el preámbulo, no en la parte dispositiva, y para recoger el punto de vista del Govern. "Catalunya considera", dice el documento, que la aportación a la solidaridad "debe ser calculada, de manera transparente, con criterios objetivos y es condición necesaria que su aplicación no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final". El texto continúa describiendo la postura del Gobierno central, que considera que "las aspiraciones de Cataluña de atención a su singularidad [...] es compatible con una reforma general del sistema de financiación de las CCAA que garantice su suficiencia, con nuevas reglas comunes que den coherencia al sistema, conciliables con el adecuado tratamiento de las necesidades y singularidades de todos los territorios, y reconocimiento de la multilateralidad como elemento clave en la definición del sistema [...], sin perjuicio de que la bilateralidad tenga mayor presencia".

La ordinalidad aparece en el preámbulo del texto firmado por los dos gobiernos, y solo como una posición de la Generalitat, no como un principio que también asuma el Gobierno central. La Moncloa indica que no es baladí, para el Govern ese principio queda "protegido" y "garantizado"

Fuentes del Ejecutivo insistieron en que la mención a la ordinalidad no está por casualidad en el preámbulo del acuerdo emanado de la bilateralidad. Es, por tanto, relevante que no aparezca en la parte dispositiva, la que describe los principios que inspirarán el nuevo modelo de financiación. Y subrayaron que la ordinalidad es un planteamiento que tiene la Generalitat, no que lo comparta el Gobierno. "La ordinalidad no forma parte de los acuerdos adoptados ayer [en Barcelona], se tendría que debatir en todo caso en el marco general de reforma del sistema, y el de la financiación es uno de los debates más difíciles que afronta este país", sostuvieron desde la Moncloa.

La lectura de la Generalitat, sin embargo, no es coincidente. Según afirmó este martes la portavoz del Govern, la consellera socialista Sílvia Paneque, el principio de ordinalidad queda "protegido" y "garantizado" en el texto, aunque solo aparezca en la parte introductoria (y no asumido por el Ejecutivo central) y no en el pasaje de los acuerdos.

Alegría reclamó al PP que además de lanzar "la crítica constante" diga cuál es su modelo de financiación autonómica, cuál es su "propuesta seria y que vaya más allá de los lugares comunes". Que concrete si su modelo es aquel que valore más la dispersión, "como decía [Alberto Núñez] Feijóo cuando era presidente de Galicia o que pondere más el PIB, como explica [Isabel Díaz] Ayuso o que pondere más la población, como explica el presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno.

Acuerdo para la financiación singular de Cataluña emanado de la comisión bilateral Generalitat-Estado (14 de julio de 2025)Descarga

La portavoz no quiso ir al choque con las duras palabras de los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha, encabezadas por su presidente, Emiliano García-Page, y Asturias. Son críticas, dijo, "respetables y legítimas". Pero "por encima de estas opiniones están los hechos", insistió, reiterando esa inyección de más de 300.000 millones de euros a las CCAA del Ejecutivo de Sánchez. Y añadió que el acuerdo con Cataluña es "extrapolable a cualquier comunidad autónoma". Es decir, que es "generalizable", como señala el texto rubricado por los dos gobiernos.

Alegría reitera que el acuerdo es "extrapolable" a cualquier comunidad, y que la bilateralidad no es "antagónica" a la multilateralidad. Asegura que las críticas, incluso de barones socialistas, son "respetables y legítimas", pero importan "los hechos"

Sí insistió Alegría en que la bilateralidad no es "antagónica" a la multilateralidad que el Gobierno lleva "practicando" en estos siete años (y que le piden incluso los barones socialistas), siendo "perfectamente conscientes de la complejidad de este debate, que no se resuelve de la noche a la mañana". De nuevo, nada de prisas. Y frente a un PP que, con Rajoy en la Moncloa, no se "atrevió" a abrir este debate ni cuando tenía mayoría absoluta, los ciudadanos, "vivan donde vivan", han podido comprobar, siguió, "hay un Gobierno que se compromete con la mejora de los servicios públicos, ya sea en La Zaida [el pequeño pueblo zaragozano en el que la ministra nació], en Zaragoza, en Madrid o en Guadalajara, y ahí están los resultados".