"Si de siete leyes hemos aprobado seis, ni tan mal". Para Pedro Sánchez, para su Gobierno, el último examen parlamentario antes del cierre por vacaciones, el de este martes, arrojó un marcador positivo. Una prueba más de la maltrecha salud de hierro de la coalición. Los números eran ciertos —tres leyes que procedían del Senado ratificadas definitivamente y listas para ser publicadas en el BOE, una doble reforma del reglamento del Congreso confirmada, dos reales decretos leyes convalidados y uno derogado—, pero la derrota producto de la acción combinada de parte de los socios de investidura (Podemos, Junts, BNG y hasta Chunta) y del PP era en sí misma un aviso al Ejecutivo. Decayó el decreto antiapagones, una herramienta que Transición Ecológica consideraba clave para prevenir más caídas de la red eléctrica y para robustecer el sistema, y a la vez el naufragio del texto indicaba el distanciamiento total de los morados y el malestar de los posconvergentes por los "incumplimientos" de los socialistas en dos temas capitales para ellos, la oficialidad del catalán en la Unión Europea y la aplicación de la ley de amnistía pese a su constitucionalidad. El golpe en una de las votaciones servía también a los populares para señalar la inestabilidad de la legislatura.

El Ejecutivo había diseñado el último pleno del Congreso de su durísimo curso político liberado de los obstáculos más relevantes. Junts ya le había avanzado que no levantaría su enmienda de totalidad a la reducción de la jornada laboral, el proyecto más señero de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Y también se había negado a sacrificar sus enmiendas parciales a la ley de acceso a la carrera judicial y fiscal, las que introducían el Consell de Justícia autonómico y la supresión de la Audiencia Nacional, inasumibles para el ministro promotor del texto, Félix Bolaños. En principio, la sesión se planteaba pacífica, un respiro para el Ejecutivo tras la convulsión del caso Cerdán, cuyos confines nadie en el PSOE es capaz de anticipar. La Moncloa quería llegar al paréntesis veraniego anotándose una victoria completa, exhibir una renovada mayoría de investidura por la vía de los hechos, con las votaciones sobre iniciativas legislativas, sin cuestión de confianza mediante.

Al 'no' anticipado de Podemos, se sumó el rechazo del BNG, luego de Junts y PP, anunciado a ultimísima hora, y finalmente del diputado de Chunta (partido integrado en Sumar). Vox también estaba en ese 'no'

Lo consiguió, pero a medias. En el pleno se discutieron ocho puntos, dos de ellos referidos a la reforma del reglamento de la Cámara baja —para modificar su redacción, adaptándola al lenguaje inclusivo, y para regular el trabajo de los periodistas y sancionar a los agitadores ultras—, y por eso el presidente contabilizó siete iniciativas. El Gobierno venció en todos menos en la convalidación del real decreto ley de medidas de refuerzo del sistema eléctrico, impulsado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Era el resultado previsible. Al no de Podemos, anticipado el lunes, se sumó el rechazo del diputado del BNG, luego de Junts y PP —anunciado a ultimísima hora— y finalmente del representante de Chunta (partido integrado en el grupo de Sumar), Jorge Pueyo. Marcador final: 165 votos a favor del texto presentado por el Gobierno (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria, Compromís y el exministro socialista José Luis Ábalos, que sí acudió este martes a la sesión), 183 en contra (PP, Vox, Junts, Podemos, BNG, UPN y Chunta) y cero abstenciones. Los morados, pues, votaron junto a la derecha española y catalana y la ultraderecha de Vox para hacer fracasar una iniciativa del Gabinete de coalición.

Otro decreto ley delicado, el de la actualización de las entregas a cuenta de comunidades y ayuntamientos, salió adelante sin problemas, aunque en este caso quedó salvado por el PP, porque los posconvergentes se unieron a Vox en el no. Es decir, que el bloque de investidura no se alineó en su integridad con el Ejecutivo. El marcador: 308 síes (PP, PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, CC, UPN, BNG y Ábalos) por 39 noes (Vox y Junts) y una abstención (Compromís).

La actualización de las entregas a cuenta fue salvada por el PP, porque Junts también votó en contra. En la doble reforma del reglamento del Congreso sí operó la mayoría de investidura

Las tres leyes que tenían pendiente la votación de enmiendas llegadas del Senado fueron aprobadas sin problemas y se publicarán en el BOE. La más relevante políticamente de todas era la que creará la Agencia Estatal de Salud Pública, que se había estrellado en marzo por la pataleta conjunta de Junts y PP contra los socialistas por otra norma que no tenía nada que ver. Las otras dos, la ley sobre responsabilidad civil y seguro de circulación de vehículos a motor y la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias para incentivar la construcción o compra de vivienda para dedicarla al alquiler habitual  —esta última, dato curioso, con el sí de Vox y el no de Sumar y Podemos—.

Para las dos reformas del reglamento del Congreso, PSOE y Sumar contaron con el bloque de investidura sin fisuras y con la oposición de PP y Vox. Y para la convalidación del tercer decreto ley que entraba en el pleno de este martes, el que contiene beneficios fiscales para acontecimientos de excepcional interés público (desde el Año Tàpies hasta la celebración del Xacobeo 2027, el Gran Premio de España de Motociclismo o el centenario de la Generación del 27), el Gobierno contó con el apoyo de toda la Cámara, salvo el no de Vox y la abstención de Águeda Micó, la diputada de Compromís ahora en el Mixto.

La más relevante de las leyes que venía del Senado y que ahora pasa al BOE es la de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que había naufragado en marzo por la pataleta de PP y Junts

Un saldo positivo para el Gobierno. 42 iniciativas legislativas aprobadas definitivamente en estos dos años de legislatura, sumando decretos leyes, proyectos y proposiciones de ley y también la reforma del reglamento de la Cámara baja. Un triunfo del 87,5%, celebraba en redes el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafa Simancas.

Las razones del varapalo del PP

En público y en privado, el Ejecutivo prefiere concentrar sus críticas en el partido de Alberto Núñez Feijóo. Desde Montevideo, en la segunda parada de su gira por Latinoamérica, y junto al presidente uruguayo, Yamandú Orsi, Sánchez acusó al PP de "estar votando en contra del interés general", no solo contra el Ejecutivo, al rechazar el decreto antiapagones. Los conservadores, dijo, hacen "todo menos política" e intentan que el Gobierno sufra un castigo parlamentario. "No lo hemos sufrido, lo han sufrido los españoles". El presidente confirmó además que su Gabinete volverá a llevar el real decreto ley a la Cámara baja. "Y ya le adelanto", dijo al periodista que le preguntó en la rueda de prensa, "que será aprobado". En su equipo ya habían anticipado que el texto regresará de nuevo al Parlamento porque ya se barruntaba la derrota desde que Podemos anunció su no. En la Moncloa eran plenamente conscientes de que, si la norma quedaba en manos del PP, Feijóo no la salvaría, porque su prioridad era asestar un varapalo a los socialistas en una fecha simbólica, el último pleno del curso, precisamente para romper la imagen de estabilidad que se pretendía proyectar.

Sánchez adelanta desde Montevideo que volverá a presentar el 'decreto antiapagones' en la Cámara. E insiste en que llegará hasta el final: "Sobre Presupuestos y demás, o legislatura, pues hombre, si de siete leyes hemos aprobado seis, ni tan mal"

Sánchez no arrojó ni la más mínima sombra de duda sobre la continuidad de la legislatura. Los medios le inquirieron en la capital uruguaya si, con la foto salida de la Cámara este martes, mantenía su propósito de presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado en el otoño y de aguantar hasta 2027. "Sobre Presupuestos y demás, o legislatura, pues hombre, si de siete leyes hemos aprobado seis, ni tan mal", respondió.

Pero los nubarrones, sin embargo, no se disipan. Podemos marcó distancias con el Gobierno desde que lanzó su "plan de rearme". Es decir, desde que decidió aumentar el gasto militar hasta llevarlo al 2% en 2025, en cumplimiento de sus compromisos con la OTAN. Y la mancha de la corrupción por el caso Koldo / Ábalos / Cerdán, que ha llevado al último exsecretario de Organización socialista a la cárcel, no ha hecho sino acrecentar las fricciones. Los morados rehúsan negociar nada con el Ejecutivo —y no lo hicieron para el decreto antiapagones, pese a que Aagesen les llamó— y ya han avanzado que votarán a favor de aquellas medidas con las que estén de acuerdo y se plantarán con las que no compartan. Este era el caso: el texto redactado por Transición, a su juicio, defiende los intereses del "oligopolio energético" y no evitará que puedan repetirse apagones en el futuro.

Los morados justifican su negativa al texto de Aagesen por su defensa del "oligopolio energético". El alejamiento obedece al aumento del gasto militar y ahora se añade el estallido del 'caso Cerdán'. En la Moncloa duele más la actitud del PP, porque las medidas del decreto "no son nada ideológicas"

El no de la formación de Ione Belarra ha irritado al departamento de la vicepresidenta tercera, porque las medidas sí meten en vereda a las eléctricas, esgrimen, ya que refuerzan la supervisión y ayudan al robustecimiento de las renovables, y además cuentan con un amplio consenso social, desde las empresas hasta organizaciones ecologistas como Greenpeace. En la Moncloa, sin embargo, no cargan las tintas contra sus socios porque "ellos explican por qué no están de acuerdo" y la relación con las energéticas es un punto cardinal de su oferta política.

"Pero el PP no está en desacuerdo con las medidas y en realidad sí comparte el decreto ley", añaden. "Es que no son medidas nada ideológicas, no se entiende que nos digan que no", razona otra integrante del círculo de confianza de Sánchez. La industria y el sector han presionado a los populares y a Junts, sin éxito. Los populares justificaron su no en el relato que el Gobierno ha tejido sobre el apagón del 28 de abril —su informe repartió culpas entre las empresas y Red Eléctrica— y en que no ha habido "una sola dimisión o cese" tras quedar la Península sin luz durante horas. La propia dirección popular sí reconoció que "otros de los asuntos" que contenía el decreto ley ya derogado sí les convence, aunque figuran "de manera incompleta", y con ellos presentará una proposición de ley en el Congreso, en coordinación con sus comunidades autónomas, "para garantizar las inversiones" que España necesita "en materia de energía". El PP habló de "derrota total" en los objetivos que el Gobierno se había marcado para este pleno.

En Junts relacionan su doble castigo en el pleno a los "incumplimientos" del Gobierno con ellos en la oficialidad del catalán en Europa y en la aplicación de la ley de amnistía: "Que se pongan las pilas"

Fuentes de Junts admitieron que el Ejecutivo sí había sido sensible a algunas de sus demandas, y que las habían incorporado en los textos que se sometían a convalidación este martes. Pero su desacuerdo con el Gobierno es de carácter más político, por sus "incumplimientos" en cuestiones centrales para ellos. Sobre todo, la oficialidad del catalán en Europa —el pasado viernes volvió a aplazarse porque no se concitó la necesaria unanimidad entre los Veintisiete— y la aplicación de la ley de amnistía. "Es que nos parece muy grave lo que está pasando en España y lo que está pasando por la corrupción, y sin embargo parece que no esté pasando nada. Si en el Gobierno no tienen mayoría, si quiere que la legislatura dure, hay que cumplir —advierten desde la cúpula parlamentaria de los posconvergentes—. Es que ellos van con la normalidad y no es exactamente así. [Los socialistas] tienen un problema muy gordo y tienen trabajo por hacer. Se relajaron un poco con el pleno sobre corrupción del pasado 9 de julio. Pero con nuestros temas aparcados, es imposible dar un paso más. Es que no tenemos por qué darles oxígeno nosotros. Si se quieren ahogar, es su problema".

En septiembre se puede revisar la relación PSOE-Junts

"¿Pero qué quieren que hagamos con el catalán en la UE y con la amnistía? No depende de nosotros", responden en la Moncloa. Para lo primero, necesitan el sí de las otras 26 capitales y que el expresident Carles Puigdemont pueda retornar a Cataluña es una decisión de los tribunales. "Que hagan lo que tengan que hacer", replica Junts. Los posconvergentes reconocen que el Ejecutivo "ha apretado más" para conseguir la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en Europa, pero creen que falta "más implicación directa de Sánchez, como cuando se fajó para que Teresa Ribera lograra ser vicepresidenta de la Comisión". Y estiman que se requiere más presión hacia Alemania, el país que puede hacer girar al resto de Estados miembros que ponen pegas, porque Berlín "va a necesitar en algún momento el voto de España". Y respecto a la amnistía, "igual", "la Justicia no aplica lo que se aprobó en las Cortes, así que que se pongan las pilas". En la formación de Puigdemont avisan de que decidirán a partir de septiembre sus siguientes pasos, "si vale la pena seguir igual" porque "está todo muy encallado".

En el Ejecutivo, algunos miembros se manifiestan más preocupados por la deriva de Podemos, porque su rechazo de este martes, por ejemplo, arrastró a Junts, que "iba a apoyar el decreto" de Aagesen

En el Gobierno, algunos miembros se dicen más preocupados por la deriva de Podemos. Porque su actitud puede arrastrar a otros socios a despegarse de Sánchez, conscientes de que una iniciativa que vaya con los votos muy justos ya no sale. "Junts iba a apoyar el decreto antiapagones. Simplemente no ha querido estar del lado de la derrota este martes. Lo decidió por la mañana, porque ayer [por el lunes] su voto era favorable, pero al bajarse Podemos del barco, ellos hicieron lo mismo", relata un ministro.

Lo ocurrido este martes en el Congreso apunta la dificultad evidente que tendrá el Ejecutivo para continuar aprobando iniciativas —en realidad, en lo que va de legislatura ha sufrido pleno a pleno— y, sobre todo, para sacar adelante unos Presupuestos. Aún no ha logrado disponer de unos nuevos y los que están vigentes son los de 2023, aprobados en el pasado mandato de Sánchez, cuando quien compartía coalición con él era Unidas Podemos, y no Sumar. Pensar que los morados pueden llegar a apoyar unas cuentas que consoliden el aumento de la inversión en defensa suena hoy por hoy una entelequia. Y con Junts en la Moncloa continúan sin saber a qué atenerse. Poco antes de que la portavoz del grupo, Míriam Nogueras, confirmara su no al decreto antiapagones y a la actualización de las entregas a cuenta —sus votos "no son un cheque en blanco"—, en el Ejecutivo decían con sorna que podían cambiar de voto varias veces antes de tomar la decisión.

La cuesta para los Presupuestos se presenta muy empinada. Y aunque para los socialistas el verano llega ahora como un respiro, saben que lo que está por venir puede ser también duro

Los socialistas se marcharon de vacaciones con la sensación de que el caso Montoro, que ahora señala al PP, les da un pequeño respiro, igual que el último pleno del Congreso. Pero no se llaman a engaño y saben que lo queda es muy duro, porque nadie sabe qué deparará el caso Cerdán ni cómo se desenvolverá lo que queda de legislatura. En la cúpula parlamentaria piden a Sánchez que en septiembre vuelva "con todo", con un paquete ambicioso de medidas que, al menos, sirva para retratar a todos. A los socios y a la derecha. Y que, a partir de ahí, ya se verá qué camino tomar.