De un pleno escoba en el Congreso hasta un Consejo de Ministros también escoba. El próximo martes, 29 de julio, el Gobierno de Pedro Sánchez se reunirá por última vez antes del paréntesis de las vacaciones de verano y todavía tiene que cerrar sus contenidos. Y puede que no lo haga hasta unas horas antes, como ha ocurrido en otros momentos de la coalición con Sumar, y en la pasada legislatura con Unidas Podemos. Yolanda Díaz presiona a los socialistas para que se materialice un "giro social" que aporte "certidumbre, esperanza y seguridad" a los ciudadanos y que permita al Ejecutivo abrir una nueva página ahora que se abre la segunda y última parte del mandato y también dejar atrás la tóxica onda expansiva del caso Cerdán. No hay decisiones aún. Las negociaciones prosiguen, y probablemente lo harán hasta el último minuto.

Son dos los asuntos que Sumar considera prioritarios y que quiere que el Consejo de Ministros apruebe el martes. Por un lado, el estatuto del becario, una iniciativa que la vicepresidenta segunda pactó con los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, pero que quedó paralizada por el adelanto de las generales de julio de 2023. Y, por otro, el real decreto ley de cuidados, que tiene tres patas: la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas, el permiso parental de ocho semanas para dedicar al cuidado de los hijos hasta que cumplen ocho años —al menos la mitad (cuatro semanas) retribuido— y la fijación de un permiso de 34 semanas para familias monoparentales (ahora es de 26). La formación de Díaz se ha tropezado en ambas cuestiones con las reticencias de los socialistas, tanto por razones económicas como por discrepancias ideológicas, ya que por ejemplo Hacienda duda mucho de la conveniencia de establecer 34 semanas para los hogares monoparentales —mayoritariamente, constituidos por una madre con hijos— porque se podría retornar a la "discriminación" de la mujer en el trabajo.

En la reunión preparatoria del Consejo de Ministros de este jueves no se vieron los dos temas que pide Sumar (estatuto del becario y decreto ley de cuidados) porque no hay acuerdo aún: Esto es alta negociación. De aquí al martes siempre hay tiempo", dicen en la Moncloa

El estatuto del becario [aquí en PDF] sí fue discutido el pasado lunes en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), con la intención de que el anteproyecto se apruebe ya en el Consejo de Ministros del 29 de julio, pero no entró el real decreto ley sobre cuidados porque se mantenían las discrepancias en el seno de la coalición. Ayer jueves, se reunió la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGSEyS), el órgano que dirige el titular de Presidencia, Félix Bolaños, y que prepara el índice de temas que luego abordará el Consejo de Ministros. Fuentes de la Moncloa sí señalan que "no se vieron esos dos temas", pero no significa que se descarten por completo para el martes. En el equipo de Sánchez recuerdan, de hecho, que las materias más sensibles o en las que se apuran las negociaciones entre los socios hasta el final es más que frecuente que sea el propio presidente el que las lleve en mano a la reunión del Gabinete. Sin haber sido incluidas, por tanto, en el orden del día.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, antes de entrar al acto ‘Alianzas y acciones ante el genocidio en Palestina’, en la Casa Árabe de Madrid, el pasado 23 de julio de 2025, en Madrid. | EUROPA PRESS / A. PÉREZ MECA

En suma, que hay margen todavía para que las conversaciones entre el PSOE y Sumar prosperen. "A ver qué se logra. Esto es alta negociación. De aquí al martes siempre hay tiempo", apuntan desde la Moncloa. A fin de cuentas, la decisión final depende de Sánchez y del grado de presión que ejerza Sumar. "Hasta el martes queda mucho, vamos a ver cómo avanzan las negociaciones", comparten fuentes del socio minoritario de la coalición.

A los socialistas les frenan razones económicas, por el coste de las medidas, y también discrepancias ideológicas. En la formación de Díaz piden no tener que ir al Consejo del 26 de agosto: quieren pacto ya

Los socialistas venían esgrimiendo en los últimos días que si no se llegaba a tejer un acuerdo en el seno del Ejecutivo de cara al Consejo de Ministros del martes, podía esperarse al primero después de las vacaciones de verano. O sea, al 26 de agosto. Apuntaban que incluso en esa fecha se cumpliría con el deseo expresado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy: que los permisos se pudieran disfrutar ya con el nuevo curso escolar, a partir de septiembre. Pero los de Díaz rechazan esa demora: exigen el pacto global, sobre el estatuto del becario y el decreto ley de cuidados, para el 29 de julio. "No queremos irnos a agosto. Nuestra intención sigue siendo que el Gobierno lo apruebe el martes. Cuanto antes mejor. Este Gobierno tiene que dar buenas noticias, y no hay mejor noticia que derechos para siete millones de familias", señalan a este diario desde el equipo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social.

Lo que más frena al ala socialista del Ejecutivo es esta última iniciativa. La ampliación de permisos para las familias. Por su alto coste para las arcas públicas, aunque no solo: "Es complicado que podamos terminar de acordarlo de aquí al martes. Es mucho dinero todo", advertían desde Hacienda antes de la reunión de CGSEyS de ayer.

Un debate de fondo

De las tres patas del real decreto ley, hay una, la de la fijación de permisos de 34 semanas para familias monoparentales, que genera dudas en el ministerio que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. El debate, esgrimen, es de fondo, porque se corre el peligro de que los empleadores discriminen a mujeres sin pareja porque saben que, de ser madres, tendrían que disfrutar de una baja mucho mayor que la de los hombres, y en el fondo esa situación supondría regresar al punto anterior al de la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad de 16 semanas, una igualdad de derechos que el primer Gobierno de Sánchez aprobó en marzo de 2019 y que se hizo efectiva el 1 de enero de 2021.

En Hacienda creen que puede ser discriminatorio para la mujer sin pareja poder disfrutar de un permiso de 34 semanas, por la penalización que podría sufrir por parte del empleador. Pero asume que las feministas del PSOE piden más apoyo a las monomarentales. Actualmente, el permiso es de 26 semanas

¿Por qué Hacienda entiende que de facto sería una discriminación sobre todo hacia la mujer? Porque los hogares monoparentales —formados por uno solo de los progenitores con hijos— están mayoritariamente integrados por mujeres. Según la última Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada en abril de 2021, había en 2020 1.944.800 hogares monoparentales, de los cuales el 81,4% (o sea, 1.582.100) estaban sustentados por mujeres, frente a los 362.700 de padre con hijos. En el departamento de Montero asumen que la batalla es difícil, porque incluso dentro del PSOE hay una corriente muy mayoritaria entre las feministas a favor de un mayor apoyo a los hogares monomarentales.

En Sumar reconocen la discrepancia "ideológica" con su socio, pero rebaten la argumentación de Hacienda: "No es en absoluto discriminatorio. Es que es un permiso para familias con un solo padre, no hay una diferencia entre hombres y mujeres, los padres con hijos tendrían el mismo derecho. No vivimos en el siglo XX". Actualmente, los hogares monoparentales disfrutan de un permiso de 26 semanas, así reconocidas por el Tribunal Constitucional en noviembre de 2024. Los magistrados entendieron que lo que es discriminatorio es que la suspensión del contrato con reserva de puesto sea solo de 16 semanas en estos casos. Definieron como una "omisión sin justificación" que la norma "no prevea la posibilidad de que la primera extienda su permiso por el periodo que hubiera correspondido al otro progenitor, en caso de existir, y el impacto que esa omisión tiene en los niños y niñas nacidos en familias monoparentales". La sentencia se aprobó por unanimidad, con voto particular concurrente de los jueces conservadores Concha Espejel y Enrique Arnaldo.

Una familia en el parque del Retiro, el 4 de julio de 2023, en Madrid. | EUROPA PRESS / EDU PARRA

El cálculo de las 34 semanas se explica porque el deseo de Sumar es que los permisos por nacimiento de hijo se amplíen de las 16 semanas actuales a las 20. En un hogar con un solo progenitor, según defiende Sumar, este debería poder disponer de un tiempo total para cuidar a su niño igual al que sumarían los dos miembros de la pareja: es decir, las 20 semanas de uno más las 20 semanas del otro. Pero como es obligatorio por ley que las primeras seis semanas las disfruten los dos progenitores a la vez, estas solo se cuentan una vez. O sea, 20 + 20 - 6 = 34.

Los permisos parentales de hasta ocho semanas para cuidar a niños de hasta ocho años ya están en vigor, pero no son retribuidos, y la UE obliga a ello. Sumar pide esa remuneración para cuatro semanas. También que los permisos de paternidad y maternidad se amplíen de 16 a 20 semanas

Otra de las patas claves de la demanda de Sumar son los permisos parentales. Desde junio de 2023, en virtud de uno de los últimos decretos leyes aprobados por el Gobierno de coalición con Unidas Podemos y antes de las generales del 23-J, está en vigor esa figura, por la que los padres y madres trabajadores pueden solicitar un permiso parental para dedicarse al cuidado de sus hijos menores de ocho años. El permiso tiene una duración no superior a las ocho semanas, continuas o discontinuas, y puede disfrutarse a tiempo completo o en régimen de jornada parcial. Pero ahora mismo no está retribuido.

Sin embargo, la Unión Europea obliga a que sí se remunere la prestación, y lo plasmó en la directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. España tenía hasta el 2 de agosto de 2024 para trasponerla al ordenamiento jurídico, pero aún no lo ha hecho. Díaz defendió el pasado 15 de julio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el incumplimiento de la normativa europea de conciliación cuesta a España 9.000 euros diarios de multa, y pronto subirá la sanción a 43.000 euros al día. La vicepresidenta segunda remarcó que igual que se pone el acento en los 10 millones de pensionistas, ahora hay que hablar de los siete millones de padres y madres.

El programa electoral del PSOE para las generales del 23-J ya hablaba, en su página 138, de la ampliación del permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, "incorporando una mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial de los padres y madres a partir de la semana 16". Y también prometía avanzar en la "implantación de permisos retribuidos para los cuidados". Pero Sánchez está más obligado por el acuerdo de coalición con Sumar que firmó con Díaz en octubre de 2023. En su página 22 dice lo siguiente: "Extenderemos el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, incorporando mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial desde la semana 16 y avanzaremos en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo con la directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo [y del Consejo], con el objetivo de remunerar al menos cuatro semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público". En la página 35, los dos socios anticipan el apoyo a las familias monoparentales, también para "equipararlas en derechos", especialmente "en el ámbito de los cuidados".

"Es muy difícil que los grupos voten 'no' a esto"

La negociación de estos días, hasta el martes, probará hasta qué punto el acuerdo llegará a tiempo o tendrá que esperar. Pacto, por tanto, en esos dos asuntos, la ampliación de los permisos familiares y el estatuto del becario, la normativa aparcada desde hace dos años y que busca dotar a los beneficiarios de formación en prácticas no laborales un amplio elenco de derechos, desde la compensación de gastos al respeto a los descansos, incluidos días festivos y vacaciones. También sancionaría a las empresas que incumplan la ley.

La referencia a la ampliación de los permisos para las familias que figura en el acuerdo de coalición de PSOE y Sumar de 2023.

Díaz, en una entrevista en Hoy por hoy, en la SER, defendió que el Ejecutivo está gobernando pese al "ruido" y las "dificultades" de la aritmética parlamentaria, y cree que es posible continuar haciéndolo y avanzar en la legislatura con mucha "mano izquierda" y "enormes dosis de paciencia". Y para ello estima que es imprescindible ese "giro social" que reclama. La vicepresidenta, que acudió a la radio a celebrar los 22 millones de ocupados, según la última EPA, adelantó que se aprobará próximamente el estatuto del becario y confió en poder cerrar el acuerdo sobre el real decreto ley de cuidados. La siguiente parte será la tramitación parlamentaria del primero y la convalidación por el Congreso del segundo. "Es muy difícil votar no a esto. A ver cómo lo explican los grupos que lo hagan. Es importantísimo que se pueda aprobar", destacan en Sumar.

Díaz reclama el "giro social" en este punto de la legislatura, para imprimir un nuevo rumbo tras el 'caso Cerdán'. Pero conviene que el Ejecutivo está gobernando pese al "ruido" y las "dificultades"

Sánchez volvió este jueves de su gira por Latinoamérica —Chile, Uruguay, Paraguay— y, en una conversación informal con los periodistas que le acompañaron al viaje, mostró su determinación de seguir adelante y de agotar la legislatura. Se siente bien, "fuerte" pese al mes del horror que ha vivido por el caso Cerdán, "con las pilas cargadas" para continuar avanzando con su socio de coalición. No hizo una referencia expresa al decreto ley de cuidados o al estatuto del becario, pero sí insistió en que su grupo, el socialista, es el único capaz de articular mayorías en positivo por el bien del país. Rebatió así la "coalición negativa" que describió en la SER el miércoles el presidente del PNV, Aitor Esteban, para aludir a la suma de Junts, Podemos y BNG junto a PP y Vox.

Lo que sí anticipó el jefe del Ejecutivo es que el Gobierno analizará exhaustivamente las leyes en las que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro introdujo cambios a demanda de las empresas. Montero explicó después en Mañaneros 360 (TVE) que se estudiará si esas modificaciones legislativas provocaron "un descalabro en los ingresos del Estado" y se verá "cómo se pueden revertir". "La voluntad del Gobierno es que, por supuesto, todo aquello que haya sido puesto a disposición de un interés general se preserve, pero aquello que ha beneficiado a grandes empresas, efectivamente, se devuelva al Estado", sostuvo. Eso sí, serán reformas que se hagan a futuro, porque "en materia de fiscalidad, no se puede tener un comportamiento que pueda ser gravoso para el contribuyente a nivel retroactivo".

Sánchez confirma que se está revisando cómo revertir los privilegios fiscales para ciertas empresas que aprobó Montoro. Pero los cambios no se aplicarán de manera retroactiva, señala la vicepresidenta Montero

El Ejecutivo de Sánchez, pues, mira en esta recta final de curso hacia atrás, hacia el caso Montoro, pero también hacia delante, cuadrando números para ver si es posible el "giro social" que reclama Díaz y cumplir el programa que ambos socios de coalición se dieron hace dos años.