Parecen quedar lejos los tiempos en los que se repetía, en las ruedas de prensa posteriores a los Consejos de Ministros, una misma letanía. "Máximo respeto a las resoluciones judiciales". Poco más añadía el Gobierno cuando los periodistas preguntaban a las distintas portavoces por decisiones de los tribunales que se habían producido horas antes, o a veces incluso durante la comparecencia. La regla, heredada desde mucho tiempo atrás, era que apenas se comentaban sentencias o autos. Pero esa norma no escrita caducó. El Ejecutivo, empezando por el propio presidente, no se inhibe ya de cargar en ocasiones contra algunos jueces, contra esa "minoría" que entiende que hace un "daño inmenso" a la Justicia por sus instrucciones a veces "defectuosas". Y lo hace como mecanismo de defensa, porque se siente víctima del "acoso" de la derecha y porque está convencido de que hay que "llamar a las cosas por su nombre", porque además una parte de los ciudadanos siente que es así, que hay una parte de la judicatura que combate políticamente a Pedro Sánchez a través de sus decisiones. Y aunque en privado las reflexiones son más duras, en público el Gobierno mide sus palabras y se frena para no aumentar la temperatura del choque.

Esta es una de las semanas en las que más puede percibirse esa estrategia ondulante. En parte porque uno de los hitos lo da el calendario: el viernes se celebra la apertura del año judicial, calentada esta vez por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. El Gobierno lo sigue defendiendo a capa y espada, desde el primer minuto, porque cree en su "inocencia", porque "siempre" estará del lado de quienes "persiguen a los delincuentes", en alusión al novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, procesado también por fraude fiscal y falsedad documental. Pero también han enturbiado el ambiente las palabras de Sánchez el pasado lunes en TVE, en la primera entrevista en un medio español en un año. "Hay jueces haciendo política y hay políticos que tratan de hacer justicia. Afortunadamente es la minoría, pero la hay y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la Justicia, al Poder Judicial", sostuvo ante la periodista Pepa Bueno, editora y presentadora del Telediario 2.

Hay jueces haciendo política y hay políticos que tratan de hacer justicia. Es la minoría, pero hacen un daño terrible a la Justicia". La frase de Sánchez en TVE desató una inmediata tempestad contra él. El Gobierno, obviamente, no rebajó sus palabras

El jefe del Ejecutivo lo decía, sobre todo, por las causas abiertas contra su mujer, Begoña Gómez —por el juez Juan Carlos Peinado—, y contra su hermano, David Sánchez —por la magistrada de Badajoz Beatriz Biedma—, de los cuales defendió su "honestidad" y su "inocencia". "Creo, además, que aún confiando en la Justicia y aún pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales en nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios de que eso no es así, de que hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos". Sánchez espera que "el tiempo ponga las cosas en su sitio", pero también apremió al Consejo General del Poder Judicial a reflexionar cómo defenderse de causas que no respeten los "parámetros de independencia, de respeto a la presunción de inocencia". Y respecto al fiscal general, se alineó con el voto particular de un magistrado de la Sala de Apelaciones del Supremo que no respaldó que se abra juicio contra él sin tener "ninguna prueba". No cargó en ningún caso contra otras instrucciones que afectan a su partido, como la del caso Koldo / Ábalos / Cerdán que conducen en paralelo la Audiencia Nacional y el Supremo, porque ni el Gobierno ni el PSOE han puesto en duda duda esa investigación ni la actuación de los magistrados. Todo lo contrario.

La mayoría de las asociaciones judiciales salieron en tromba el martes contra Sánchez por su entrevista en TVE por "no conocer el respeto al Poder Judicial" y "estar gobernando con los votos de Junts, fruto de un pacto en el que se habla de lawfare" (dijo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura), porque "no es aceptable cuestionar la integridad de todo un poder del Estado" (Asociación Judicial Francisco de Vitoria), porque esas declaraciones evocan las "manifestaciones populistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra jueces que le molestan" (Foro Judicial Independiente). La progresista Jueces y Juezas para la Democracia concedió que no le correspondía al jefe del Ejecutivo hacer esas críticas, pero sí convino que "se está tratando de instrumentalizar la Justicia por motivos políticos".

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no rebajó la reflexión de Sánchez: hay una "minoría de jueces cuyas decisiones son muy difíciles de entender". Una expresión, "decisiones difíciles de entender", que la propia ministra utilizó el pasado 10 de junio, cuando el instructor de la causa contra García Ortiz, el magistrado del Supremo Ángel Hurtado, propuso su procesamiento —que confirmó un mes más tarde la Sala de Apelaciones—. La aseveración estaba más que pensada. Era "suficientemente prudente, pero suficientemente explícita", según explicó aquel día la propia Alegría.

Alegría insistía en que hay decisiones judiciales "difíciles de entender", pero añadió que la opinión de Sánchez es "muy compartida por la inmensa mayoría de españoles" y que "no pasa nada por llamar también las cosas por su nombre"

Sin embargo, este pasado martes la portavoz iba un paso más allá al afirmar que la opinión del Gobierno no era aislada o exótica. Primero, porque algunas decisiones de esa "minoría de jueces" estaban siendo corregidas por instancias superiores —la Audiencia de Madrid ha rectificado resoluciones del juez Peinado, aunque ha avalado otras actuaciones suyas polémicas, y el Supremo sí frenó en seco su intención de que el ministro Félix Bolaños fuera imputado—. Dos, porque es una reflexión "muy compartida por una inmensa mayoría de españoles". Y tres, y aquí estaba otro mensaje relevante, porque "no pasa nada por llamar también las cosas por su nombre".

Confianza en el "sistema de recursos"

Y es que en el Gobierno se ha producido un proceso de maduración. Porque ha llegado a la convicción de que tiene que combatir de cara, sin rodeos, lo que considera que es una "persecución política" hacia el presidente y su entorno más directo. De ahí que Sánchez fuera diáfano el lunes en TVE o que este miércoles, él mismo y en una entrevista en el diario británico progresista The Guardian, ampliara la longitud de onda de su denuncia. "La gran mayoría de los jueces en España cumplen con sus obligaciones y hacen su trabajo. Pero hay algunos jueces que están jugando a la política, y esa es una realidad a la que nos enfrentamos no solo en España, sino también en muchas otras democracias, especialmente cuando se trata de fuerzas o gobiernos progresistas", subrayó. Es decir, que la izquierda en España y en otros puntos del mundo está sufriendo ese mismo hostigamiento.

El presidente denuncia el acoso también en 'The Guardian' y abre el flanco internacional: "Otras democracias" y fuerzas y gobiernos progresistas también sufren a jueces que hacen política

El titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se encargó, como en otras ocasiones, de intentar templar, sin por supuesto dar marcha atrás respecto a lo dicho por Sánchez. En declaraciones a los medios este miércoles en su ministerio en Madrid, pidió "reconocer el trabajo de esa inmensa mayoría de magistrados que hacen su labor cotidiana con profesionalidad y con imparcialidad". Pero, añadió, "lamentablemente hay actuaciones muy minoritarias que están generando un intenso debate social y dentro de la propia carrera judicial sobre el daño que están haciendo a la Justicia". Y, como ocurrió cuando Peinado intentó que el Supremo le imputara, Bolaños expresó su "total y absoluta confianza en el Estado de derecho y en el sistema de garantías y de recursos, que irán corrigiendo aquellas resoluciones judiciales que no son conformes a derecho y que irán poniendo todo en su sitio".

Y ante el amago de boicot en la apertura del año judicial del viernes en protesta por la presencia de García Ortiz ante el Rey, el ministro Bolaños avisó de que "todos los poderes del Estado", o sea, también los jueces, "se deben al respeto que merecen instituciones constitucionales tan importantes en este caso como la Fiscalía General del Estado y la persona que la encarna", García Ortiz, que sigue gozando de "toda la confianza" del Ejecutivo "porque es una persona que está haciendo una magnífica labor, está persiguiendo el delito y está contando la verdad".

Pero, ¿cuándo se produjo el punto de inflexión? ¿Cuándo el Gobierno cambió el paso y empezó a dirigir críticas hacia el Poder Judicial? La tramitación de la ley de amnistía tensó las relaciones, pero precisamente Bolaños fue la persona elegida por Sánchez para intentar tender puentes con jueces y fiscales. El giro vendría algo después, con la imputación de Begoña Gómez, en abril de 2024. Fue entonces cuando el presidente denunció, en aquella carta que precedió a sus cinco días de reflexión, una "operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire" liderada por la derecha y la ultraderecha.

El punto de inflexión sobrevino con la imputación de la mujer del presidente, a la que siguió la de su hermano y luego la del fiscal general. "Hay un día que el vaso se colma, y por eso hemos decidido responder"

La acusación contra su esposa —luego le seguiría la de su hermano, David— le desazonó personalmente y le hizo responder políticamente. Se produjo un click, como explican en la Moncloa: "Todo ministro portavoz de turno está obligado a decir que respeta las decisiones judiciales, porque la separación de poderes exige un respeto institucional, un fair play. Pero el día en que empieza a dejar de ser así es cuando sufres un caso que interpretas como de lawfare, no de justicia. Es una evolución, es una línea de crítica que primero te cuesta cruzar, que luego cruzas un poquito, que más tarde vas aterrizando aunque no pronuncies la palabra lawfare. Es que hay un día que el vaso se colma. ¿Por qué vas a tenerle respeto a un proceso judicial cuando es de persecución? Es lo que ha pasado, por lo que hemos decidido responder. La alternativa es no hablar o no poner las cosas encima de la mesa".

La voz divergente de Robles

En el equipo del presidente, no obstante, precisan que no se trata de una estrategia desplegada por "el conjunto" del Gobierno, que hay una escala. Que pueden ir más allá en sus críticas a los jueces los ministros Óscar López y Óscar Puente, que en cambio Félix Bolaños debe sonar más contenido por ser el responsable de Justicia, que Pilar Alegría está más obligada a guardar un papel más "institucional" desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros porque ahí quien habla es el Gobierno en su conjunto y sus mensajes están medidos al milímetro. Que la titular de Defensa, Margarita Robles, evita en cambio secundar las críticas —"los jueces trabajan y cumplen con su trabajo, yo me quedo en eso", señaló este mismo miércoles—. Y que el presidente optó por pasar al ataque en su entrevista en TVE.

La respuesta del líder socialista a Bueno estaba "muy pensada", según indican en su equipo. Lo había advertido ya en la última copa de Navidad, pero era claro que tendría mayor impacto dicho ante las cámaras, en la tele pública

La respuesta que dio a Bueno, cuando le preguntó si creía que había una "guerra" de los jueces contra el Gobierno, "estaba muy pensada", según relatan en la Moncloa. No era improvisada. Tampoco era estrictamente nueva: se había querellado a través de la Abogacía del Estado contra Peinado por prevaricación (y fracasado en el intento) y ya en la última copa de Navidad, el pasado diciembre, señaló que "algún juez" contribuye a la labor de la oposición, que le preocupaba que el PP "juega con las cartas marcadas". Días antes, en la recepción en el Congreso por el Día de la Constitución, confesó que se sentía víctima de un acoso "mediático, político" y también "judicial". Pero en ambas ocasiones se lo decía a los periodistas en conversación informal, sin cámaras ni micros, y el lunes pasado lo expresaba en la tele pública, ante una audiencia millonaria. Un salto de gigante, lo que explica su mayor impacto.

"Somos conscientes de la trascendencia del punto al que hemos llegado —justifican en la Moncloa—. También hemos evolucionado con la prensa: lo decíamos primero en corrillos con periodistas, y lo hemos ido diciendo luego con las cámaras delante. Y es que al principio tienes fe en que puedes estar equivocado, pero luego llegas a la conclusión de que parte de la judicatura ha decidido tumbar al presidente. Cuando te sientes víctima es cuando cruzas ciertas líneas. Hasta entonces tienes esperanza. Y cuando llegamos a ese punto es cuando pensamos que por qué no lo vamos a decir".

En el Gobierno han concluido que parte de la judicatura quiere "tumbar al presidente". Pero no habla de "guerra" de los jueces ni por ahora quiere usar la palabra 'lawfare' porque quedan instancias por pronunciarse y confía en que todo quedará en nada

Se ha producido, por tanto, a ojos del Gobierno, una gradación. Una subida de peldaños. Progresiva. Pero no ha llegado a lo alto de la escalera: no quiere hablar de "guerra" de los jueces, ni tan siquiera emplear la palabra lawfare, y la razón es que "quedan por pronunciarse instancias superiores" y el Ejecutivo "quiere creer que el tiempo pondrá las cosas en su sitio". Es decir, que al final las causas contra la esposa y el hermano de Sánchez quedarán en nada, que la Sala de lo Penal del Supremo acabará absolviendo a García Ortiz porque no hay "pruebas" contra él. "Nosotros vamos describiendo la situación que vivimos. Lawfare implica que ocurra lo que le pasó a Lula en Brasil, que pisó la cárcel y luego sus condenas fueron anuladas, significa decir que hay una serie de jueces y fiscales organizados con el PP para derrocar al Gobierno, y no estamos en eso", aducen.

La pregunta es por qué. Por qué ahora. En la Moncloa cuentan que no tenía sentido "fingir la realidad". El PP, apuntan, "dibuja una realidad paralela" y el Gobierno "debe contestar". Recuerdan que lo que diferenció la campaña de las autonómicas de 2023, en las que el PSOE se hundió, a la de las generales de julio de ese año, en las que Sánchez salvó el Gobierno, es que el presidente "dio un paso al frente y optó por defenderse". "Si no replicamos, corremos el riesgo de instalarnos en el mismo statu quo que en 2023. Por eso hemos dicho que ya está bien, que no pasa por llamar a las cosas por su nombre, como dijo Pilar el martes. Pero es verdad que a nosotros también nos choca entrar al choque con los jueces". "Hemos pasado de expresar el respeto a las decisiones judiciales a unos hechos que desbordan lo que era una frase hecha —redondea un alto cargo del complejo monclovita—. Y el respeto a la Justicia, además, se demuestra mejorando sus condiciones de trabajo, aumentando sus plantillas, aprobando leyes que modernicen su estructura".

"Un prevaricador como la copa de un pino"

"Es que creo que el presidente fue el lunes en TVE, ante todo, honesto. Nosotros somos respetuosos con el Poder Judicial, pero prefiero un presidente que sea honesto. Lo políticamente correcto ya lo hacemos y los jueces también hablan del Gobierno", explica un miembro de muchísimo peso del Ejecutivo. En privado, los ministros, el equipo directo de Sánchez, hablan con muchas menos cortapisas. Este miércoles, por ejemplo, cundía el estupor y la indignación tras la decisión de Peinado de exigir todos los correos de Begoña Gómez desde 2018 para que los investigue la UCO. "Peinado es un capítulo aparte. Es un prevaricador como la copa de un pino", despachan en el círculo más próximo a Sánchez. "Cuando te preguntes qué es una investigación prospectiva [prohibida por la ley] solo tienes que seguir la instrucción de Peinado de esta causa", escribió en X el ministro Puente. Gómez tendrá que volver a declarar ante el magistrado el próximo miércoles, 10 de septiembre, por un delito de malversación en la contratación de su asesora, Cristina Álvarez, y David Sánchez deberá sentarse en el banquillo por tráfico de influencias y prevaricación.

Ministros creen que vale la pena que Sánchez sea "honesto" y diga lo que mucha gente piensa. En el Gobierno se estima que el origen del combate de algunos jueces es la ley de amnistía. Pero hay quienes entienden que la norma fue solo "la cerilla en el bidón"

En el Ejecutivo ha prendido la tesis de que el combate de una "minoría" de los jueces contra el líder socialista hunde sus raíces en la ley de amnistía, que concibieron como una agresión a su función jurisdiccional. Otros cargos de peso, sin embargo, creen que el perdón a los líderes del procés pudo actuar como "la cerilla en el bidón", como el catalizador, pero que realmente lo que ha operado es "la magia de la polarización". "Es aquello de 'el que pueda hacer, que haga' que dijo [José María] Aznar, que cuando la sociedad se divide en dos bandos y obligas a la gente a elegir uno, acopla sus decisiones a esa visión. Tiene más que ver con el sentido de pertenencia, de tribu. Y esto es la utilización de los juzgados para atacar a un político".

En la pasada legislatura, cuando se estrenó el Gobierno de coalición, era Unidas Podemos quien cargaba duramente contra los jueces, y entonces el ala socialista corregía a sus socios. Nunca secundaba a los ministros morados. Pero progresivamente el PSOE ha ido asumiendo el lenguaje de su izquierda, acercándose al de los independentistas. "Es que el tiempo ha acabado dando la razón a Podemos. Todas las causas que le montaron resultaron falsas. Era el PP el que desde el Gobierno utilizó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para tumbar a la oposición. Es que podemos entrar en una derivada peligrosa, y no cabe morderse la lengua siempre". Las dinámicas han cambiado. Y Sánchez no está dispuesto a dar marcha atrás en su relación tensa con la Justicia. Ni él, ni su Gobierno, ni su partido.