El real decreto ley de embargo de armas a Israel será aprobado por el Consejo de Ministros, si nada se tuerce, el próximo martes. El ala socialista del Gobierno asegura que está puliendo las aristas más "técnicas", pero que la voluntad es firme. La dificultad radica ahora en una cuestión "compleja" de aterrizar: desarrollar el compromiso, enunciado por Pedro Sánchez, de prohibir la importación de productos israelíes procedentes de los territorios palestinos ocupados. El escollo con el que se ha topado el Ejecutivo es cómo discernir qué bienes provienen de esos asentamientos ilegales, dar con una fórmula que permita diferenciarlos de los que llegan de Israel.

Ese es el obstáculo "técnico" que esgrimen fuentes gubernamentales, que insisten a su vez en que el problema no reside en el Ministerio de Defensa ni en sus presumibles reticencias, que ya han sido salvadas. La propia Margarita Robles ponía voz este miércoles a lo que desde su equipo señalaban unas horas antes: su departamento no pone pegas al embargo de armas a Israel. "Nosotros lo estamos haciendo ya en la práctica, por parte del ministerio no hay objeción a que se decrete ese embargo", apuntó en los pasillos del Congreso. Defensa no se responsabiliza del retraso en la aprobación del texto. Una demora que generó ansiedad y enfado en Sumar, el socio menor de la coalición que no obstante rebajó la presión en las últimas horas después de recibir las garantías de los socialistas de que el decreto verá la luz el próximo martes.

Nosotros lo estamos haciendo ya en la práctica, por parte del ministerio no hay objeción a que se decrete ese embargo", señala Robles en el Congreso

Según indican desde el Ejecutivo, el escollo más relevante ahora mismo tiene que ver con el encaje de las relaciones comerciales con los asentamientos israelíes en Palestina. Sánchez, en su declaración institucional del pasado 8 de septiembre, cuando anunció las nueve medidas "contra el genocidio en Gaza" y de apoyo a la población palestina, incluyó la "prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Cisjordania, con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados". El martes 9, el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo político que presentó en rueda de prensa el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pero no hubo más detalles. Ni se tradujo en ninguna orden ministerial, como se esperaba. Porque el jefe del Ejecutivo había afirmado en su comparecencia en la Moncloa que las medidas se ejecutarían de manera "inmediata", salvo el decreto ley de consolidación del embargo de armas.

Fuentes gubernamentales explican que varias de las iniciativas anunciadas por el presidente finalmente se incluirán en el decreto ley. Entre ellas, el veto a los bienes de los colonos judíos o la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes.

"Montar un sistema" de códigos

Con respecto a los productos procedentes de los asentamientos ilegales, en el Ejecutivo apuntan que la complejidad estriba en que hay que "montar un sistema" para detectar la mercancía que provenga de ellos y que se pueda paralizar en Aduanas, que dependen de Hacienda. Un bien importado desde Israel cuenta con un código país, pero no es tan fácil saber si en concreto procede de los territorios ocupados. El reto del Ejecutivo, la tarea en la que en concreto está volcado el Ministerio de Economía, es poder saber el origen. "Estamos trabajando en ello, pero hay maneras de hacerlo, de saber si procede de un territorio ocupado. En ello estamos", apuntan fuentes del máximo nivel.

Estamos trabajando en ello, pero hay maneras de hacerlo, de saber si procede de un territorio ocupado", explican fuentes del Gobierno del máximo nivel. En la Moncloa insisten en que se trata de un texto complejo

El Gobierno opta por tanto por blindar con rango de ley el veto al comercio con los asentamientos judíos en Palestina, desechando la opción de una orden ministerial. "Siempre dijimos que es un decreto ley complejo, en el que hay que encajar normativa, acuerdos comerciales de carácter internacional y no puedes equivocarte. Todo se está afinando y estamos seguros de que el martes se podrá aprobar", apuntan en la Moncloa. "La dificultad —añaden fuentes próximas a Sánchez— está, como en tantas otras ocasiones, en las cosas sutiles. Cuando en un texto se incluyen cuestiones que requieren de sofisticación, tienes que ver muy bien cómo lo haces".

Los lazos comerciales con los asentamientos israelíes situados en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este han sido objeto de una nueva denuncia pública esta misma semana. Hasta 82 organizaciones internacionales de la sociedad civil, entre ellas Oxfam, reclamaron este lunes la prohibición del comercio con estos emplazamientos.

La campaña, Stop Trade with Settlements ("Frenad el comercio con los asentamientos"), muestra cómo Estados y empresas extranjeras "contribuyen de forma directa a la crisis humanitaria provocada por la prolongada ocupación israelí a través de sus actividades comerciales continuadas con los asentamientos ilegales". Las organizaciones recalcan que prohibir las relaciones comerciales con los territorios ocupados es una medida "necesaria" para "defender los derechos humanos, proteger los medios de vida de la población palestina, frenar la expansión de los asentamientos israelíes y poner fin a la ocupación ilegal".

Más de 80 organizaciones internacionales lideran una campaña para exigir la prohibición del comercio con los asentamientos ilegales, una medida "necesaria" para "defender los derechos humanos", proteger a los palestinos y "poner fin a la ocupación ilegal"

Los números, insisten, hablan por sí mismos. En los últimos cuatro años, Israel ha aumentado las actividades de asentamiento en Cisjordania y en Jerusalén Este, lo que ha conducido a la construcción de más colonias y de apropiación de tierras. En mayo de 2025, el Gobierno de Benjamin Netanyahu decidió establecer 22 nuevos asentamientos en Cisjordania, y en agosto se aprobó la reactivación del proyecto E1, la construcción de 3.400 viviendas para uso exclusivo de la población israelí que conectará Jerusalén Oriental y el asentamiento de Ma’ale Adumim, por lo que Cisjordania perdería su continuidad territorial. En conjunto, con las autorizaciones de los últimos años, se han superado "récords previos" y "marcan un hito histórico en la expansión de asentamientos, alcanzando su nivel más alto desde los Acuerdos de Oslo (1993-1995)", según Oxfam.

700.000 colonos judíos en los asentamientos ilegales

La consecuencia directa es que el territorio palestino se fragmenta aún más y se dificulta más el tránsito de su población. Se calcula que más de 700.000 colonos israelíes viven en cientos de emplazamientos en los territorios ocupados, la mayoría en la zona C de Cisjordania. Los asentamientos de los colonos judíos controlan ya más del 42% de la superficie total de Cisjordania y están conectados "mediante diversas infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y parques industriales, además de contar con casi 800 puestos de control militares".

Entre las compañías que han comerciado o continúan haciéndolo con los colonos judíos figuran Tui, Siemens, Carrefour, Maersk, Barclays o la española eDreams Odigeo y su filial Opodo

Oxfam recuerda que "la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024 es clara: los Estados que permiten entablar relaciones económicas o comerciales con los asentamientos son cómplices en el mantenimiento y expansión de los asentamientos ilegales israelíes y, por tanto, de la ocupación ilegal por parte de Israel de los territorios palestinos ocupados". Entre las compañías que han comerciado o continúan haciéndolo con los colonos figuran el conglomerado turístico alemán Tui, la distribuidora francesa Carrefour, la multinacional tecnológica germana Siemens, la naviera danesa Maersk, el banco británico Barclays o "la empresa española eDreams Odigeo, una de las mayores compañías de viajes del mundo", y "junto a su filial, Opodo, está documentado que estas empresas han ofrecido hoteles y alojamiento en asentamientos israelíes en Cisjordania".   

El muro, por tanto, no estaría ahora situado en Defensa. "Creo que fui de las primeras personas que dije que lo que ocurría en Gaza era un genocidio y en ese sentido, desde el principio hemos estado siempre para compatibilizar los intereses de la defensa nacional con los que tienen nuestras Fuerzas Armadas", alegó la ministra Robles ante los medios. Ella misma confirmó, como explicaba ayer este diario, que su departamento está ya haciendo en un proceso de reconversión, de acuerdo con su plan de desconexión, y por tanto no necesita "en este momento ningún tipo de material israelí ni de tecnología israelí", por lo que el Ejército va a quedar protegido.

Robles sí admitió que "quedaban algunos flecos desde el punto de vista de tecnología", pero la situación logró reconducirse desde finales de julio. Fuentes de Defensa agregaron que los técnicos del ministerio han estado trabajando todo el verano, de manera concienzuda, para ir anulando los contratos existentes —dos se anularon la pasada semana, por valor de casi mil millones de euros, para la adquisición de lanzacohetes Silam y misiles contracarro Spike LR2— y buscando relevos en la industria española y europea.

Robles pone en valor el "enorme esfuerzo" que se ha desplegado en las últimas semanas para no depender de la tecnología israelí y recalca su confianza en la "potente" industria militar española

Los vínculos con las compañías israelíes, subrayó la ministra, están por tanto superados. "Lo he dicho 80 veces. Lo puedo decir en otros idiomas, pero no lo puedo decir ya ni más alto ni más claro". Robles puso en valor el "enorme esfuerzo" que se ha desplegado en las últimas semanas para no depender de la puntera tecnología israelí y recalcó su confianza en la "potente" industria militar española, que está "firmemente comprometida" y capaz de proveer a las Fuerzas Armadas de "todo lo necesario".

Mensaje de "tranquilidad" también de Sumar

En Defensa inciden en que toda su parte ya ha quedado resuelta en el real decreto ley que se aprobará el martes, y que fijará la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel. El ministerio se ha cuidado mucho en los últimas horas de no aparecer como el escollo para el lanzamiento del texto, sobre todo desde que Sumar apuntara el martes que era Robles la que estaba obstaculizando la aprobación del decreto ley. El diputado de Compromís en el grupo, Alberto Ibáñez, llegó a reclamar a Sánchez que actuara, que cesara a los "ministros rebeldes" que no cumplan sus órdenes. En la Moncloa siempre rubricaron que los problemas eran "técnicos", que no era Defensa el departamento que estaba poniendo pegas, que estaban trabajando intensamente los diversos ministerios implicados. Lo que estaba costando era la afinación de un texto que tiene que casar con la normativa española y además encajar con el ordenamiento jurídico europeo.

Sumar baja el pistón y lanza un mensaje de "tranquilidad": admite que es un decreto ley difícil de articular, pero esos obstáculos podían haberse sorteado si se hubiera "corrido un poco más". Pero el texto estará listo el martes, promete Urtasun

Sumar echó el freno a las críticas este miércoles. Su portavoz, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, quiso lanzar un mensaje de "tranquilidad": convino con los socialistas que el decreto ley es complejo de articular y que por eso se está necesitando más tiempo para que vea la luz. Sí dejó claro que esas dificultades se habrían podido sortear si se hubiera "corrido un poco más", "porque la urgencia de lo que está sucediendo en Gaza nos apremia hacerlo lo antes posible". "Nosotros hemos sido muy críticos con el hecho de que no se aprobara el pasado martes [por este 16 de septiembre]. Ahora bien, sí quiero garantizarles, en nombre de Sumar, que el próximo martes se va a aprobar porque estamos en el Gobierno y vamos a garantizarlo", aseguró ante los periodistas.

También el titular de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó desde Valencia, que la previsión es que el texto vaya al Consejo de Ministros del próximo martes. "Seguimos trabajando para seguir aumentando la presión. No estábamos solos en esos primeros meses, lo que fuimos es liderando ese espacio para ser capaces de aumentar la presión y seguiremos haciéndolo también en el embargo de armas", explicó.

Que finalmente el texto sea acordado por el Gobierno el próximo martes tendrá un simbolismo añadido: coincidirá con la apertura del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. La conversación de todo el planeta girará a lo largo de toda la semana en Nueva York en torno al "genocidio" de Gaza perpetrado por el Gobierno de Netanyahu. Sánchez no presidirá el Consejo de Ministros —lo hará la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en su lugar—, ya que viajará hasta la ciudad norteamericana y presenciará el miércoles 24 el discurso del Rey ante la ONU.

La aprobación por Consejo de Ministros coincidirá con la apertura del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, a la que acudirá Sánchez y ante la que hablará el rey Felipe VI

Lo cierto es que habrán pasado 15 días desde el anuncio del presidente hasta la aprobación del decreto ley por el Ejecutivo. ¿Hubo improvisación? En la Moncloa lo niegan. Señalan que se empezó a trabajar "en paralelo" a la comunicación de las medidas, y rubrican que la tardanza se explica por la complejidad y la necesidad de que la redacción final sea "muy solvente". También en la parte que alude al comercio con los asentamientos judíos ilegales.