Toda regla tiene una excepción. Y el real decreto ley de embargo "total" de armas a Israel que este martes aprobó por fin el Gobierno también la tiene: se podrán aprobar en el futuro operaciones "excepcionales", de carácter extraordinario y puntual, siempre que sean autorizadas por el Consejo de Ministros. Es la cláusula de salvaguarda que el Ejecutivo se reserva por si le hace falta firmar adjudicaciones con Tel Aviv, algo a lo que Sumar, el socio minoritario de coalición, se opone.

El Consejo de Ministros acordó este martes, con María Jesús Montero al frente —Pedro Sánchez está en Nueva York por la apertura del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU—, el real decreto ley que anunció el presidente anunció el 8 de septiembre y que se ha retrasado por razones "técnicas". Ahora tendrá que seguir su camino hasta el Congreso, que deberá convalidarlo en un plazo de un mes. Y son necesarios, de nuevo, todos los socios de investidura si es que el PP rechaza el texto.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que compareció en rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete con la portavoz, Pilar Alegría, fue el encargado de explicar el contenido de un decreto ley que supone, dijo, "un paso contundente y pionero a nivel internacional" en cuanto a la consolidación del embargo de armas, y una muestra más del compromiso nítido de España para que se llegue a una "paz justa y duradera" y pare el "genocidio" que Israel perpetra día a día sobre Gaza. El texto recoge las medidas que no pudieron ser formalizadas en el Consejo de Ministros del pasado 9 de septiembre por su complejidad técnica y que han requerido la interlocución y el trabajo de varios departamentos, a fin de casar la normativa europea y nacional y el encaje con los acuerdos internacionales.

Son, así, cuatro las medidas esenciales que contiene el decreto ley aprobado por el Gobierno este martes. La primera, la "consolidación del embargo total de armas a Israel, la prohibición de las exportaciones con destino a Israel y de las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y productos o tecnología de doble uso", tal y como Sánchez avanzó que se haría, en base también, precisó, a la "normativa de control de comercio exterior y de material de defensa y de doble uso".

Dos, "la denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel". Cuerpo explicó que este es "un insumo esencial para las Fuerzas Armadas israelíes". Los combustibles "no estaban incluidos hasta ahora en el reglamento de control de comercio exterior" y pasan a incluirse para denegar estas solicitudes de tránsito. Esta medida no estaba en su literalidad entre las anunciadas por el presidente hace dos semanas: él hizo referencia al veto al tránsito "por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las Fuerzas Armadas israelíes". Lo que se hace, pues, es ampliar el foco e incluir a los combustibles para aviones.

Tercera iniciativa, "la prohibición de importación de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado". Este, como ya informaba la semana pasada este diario, ha sido uno de los escollos a la hora de la elaboración del decreto ley, por la dificultad para discernir entre los bienes procedentes de Israel de aquellos originarios de los asentamientos ilegales. Cuerpo explicó que el texto arbitra un proceso "en dos fases" mediante el cual será el Ministerio de Exteriores el que haga "una propuesta de los códigos postales de las localidades a las que hacen referencia estos territorios ocupados, que será luego aprobada por el presidente de la Agencia Tributaria", para que a partir de ahí se pueda disponer de una lista completa que "se pueda circular a nuestros funcionarios en aduanas" y así "de manera eficaz se pueda impedir el paso de estos productos".

La última medida está relacionada con esta última: es, dijo, la "prohibición de la publicidad de comercialización de bienes originarios de estos asentamientos ilegales y de servicios prestados en ellos". El ministro hacía referencia a, por ejemplo, la publicidad que entra en España de hoteles ubicados en los territorios ocupados y que, a partir de ahora, quedará prohibida, según precisaron fuentes de Economía.

El real decreto ley incluye una disposición transitoria para "revocar las autorizaciones vigentes a fecha de la entrada en vigor" del texto —que en principio se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado— y para "prohibir las pendientes de resolución". Es decir, que los contratos que aún quedaran en pie o los que estaban para resolverse quedarán anulados, "todo ello para evitar que haya ningún agujero o ninguna casuística no prevista". Pero además el decreto ley incorpora, y esta es la novedad, una disposición adicional que permite que el Consejo de Ministros autorice operaciones "de manera excepcional" y puntual, para atender "intereses generales nacionales".

Cuerpo insistió en que se trata simplemente de una salvaguarda, de que el Consejo de Ministros preseve su capacidad para actuar en ocasiones muy extraordinarias, en casos "concretos, específicos", y siempre que tengan que ver con el "interés general", un concepto que incluye la propia normativa de comercio exterior en materia de defensa y de tecnología de doble uso, "aludiendo, por ejemplo, a elementos asociados a la seguridad nacional o la política exterior". Esa rendija se deja abierta para circunstancias "que puedan no haber sido previstas inicialmente o que surjan a lo largo de la implementación de este real decreto ley".

Sumar expresó su queja con esa disposición adicional única que contiene el decreto: los socios de coalición exigen que el texto sea tramitado como proyecto de ley para poder introducir enmiendas. Y, "mientras esa cláusula no sea modificada por las Cortes Generales, Sumar se opondrá a cualquier operación que se proponga como excepción al embargo vía Consejo de Ministros", apuntaron en un comunicado. Fuentes de Economía apuntaron que se intentará "evitar" el recurso a esa disposición, pero "ante cualquier imprevisto es importante que exista esa posibilidad".

El ministro, para convencer a sus socios de investidura, remarcó que con la redacción concienzuda que se ha dado al decreto "se agotan todos los márgenes de actuación legal disponibles". "Hemos querido llegar al máximo de lo que permiten, manteniendo, como no puede ser de otra manera, el único límite que supone el respeto al derecho internacional, los tratados internacionales y también a la normativa comunitaria", señaló, mostrando su confianza en que los grupos también aprecien ese esfuerzo del Ejecutivo para que de este modo el decreto ley se pueda convalidar "con una mayoría suficiente". "Queremos tener un texto cerrado y aplicable en términos prácticos. No queremos un decreto ley que no pueda aplicar un funcionario de aduanas", ilustraban fuentes gubernamentales.

Cuerpo no hizo referencia explícita a ningún grupo. Ni siquiera a los más duros, Podemos —su líder, Ione Belarra, expresó sus sospechas de que lo aprobado por el Gobierno sea un "embargo fake" por los "agujeros" en su aplicación—, y Junts, cuyo líder, Carles Puigdemont, ya dijo la semana pasada que veía un "error" boicotear productos y empresas israelíes. Fuentes de Economía detallaron que el texto se hizo llegar a los grupos el pasado fin de semana y que el feedback era positivo hasta el momento. "No descartamos tampoco que el PP pueda acabar entrando, han evolucionado en su postura sobre Israel esta última semana", al calificar Alberto Núñez Feijóo de "masacre" lo que está sucediendo en Gaza.

En el Gobierno, por tanto, quieren que los grupos sean conscientes de que se ha intentado llegar al "máximo posible" pero también siendo conscientes de los "límites sobre qué se puede y qué no se puede hacer", ya que no cabe desbordar ni el ordenamiento jurídico nacional ni comunitario ni los tratados internacionales. En ese sentido, el decreto ley no puede ir más allá del tratado con EEUU que regula el funcionamiento de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), dado que España no inspecciona las naves que hacen escala en ambas.

España, a partir de ahora, continuó Cuerpo, va a "seguir empujando" para que, "en conjunción y en colaboración" con los socios europeos se aumente la "presión" sobre Israel y se vayan dando pasos como los anunciados la pasada semana por la Comisión Europea, como la eliminación de los derechos preferenciales arancelarios para Israel, y que requieren de mayoría cualificada en el seno del Consejo Europeo.

El texto aprobado por el Consejo de Ministros de este martes refuerza asimismo la "transparencia y la rendición de cuentas" por parte del Gobierno, ya que se compromete a comparecer trimestralmente en el Congreso para explicar el despliegue de las medidas recogidas. Cuerpo sostuvo que con iniciativas como la del tránsito de combustibles u otras será necesario estar "pendientes y vigilantes" por si se produce un "desvío" procedente de otros Estados miembros.

Economía asegura no haber hecho ninguna estimación sobre el posible pago de indemnizaciones por la ruptura de contratos con Israel. "Especificidades y casuísticas lo iremos viendo", indicaban desde el entorno del ministro. Este aclaró en rueda de prensa que el impacto del embargo en la economía española será pequeño porque se trata de cantidades "poco significativas" para el total del comercio español, ya que Israel supone alrededor del 0,5% del total de las exportaciones. Son "elementos muy marginales" para la economía española pero el Gobierno sí quiere "lanzar ese mensaje, en este caso esta prohibición para estas empresas" ubicadas en asentamientos ilegales, "para las cuales sí puede tener un efecto significativo" no poder exportar ya a España.

Tampoco supondrá el decreto "ninguna disrupción o ningún menoscabo" en el funcionamiento y el trabajo que día a día llevan a cabo las Fuerzas Armadas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, subrayó Cuerpo. El ministro recordó que Defensa está desplegando desde hace meses un plan de desconexión de Israel, para el que trabaja con la industria española y la europea, con el objetivo de tener "dependencia cero" del país hebreo y de reforzar la autonomía estratégica.

El titular de Economía había comenzado su exposición con cuatro cifras. Los más de 65.000 fallecidos en Gaza, los más de 165.000 heridos, los dos millones de desplazados, los más de 250.000 personas, incluidos niños, en riesgo de desnutrición. Datos que deben "interpelar" a la sociedad y que explican la génesis de este decreto ley, sostuvo. Ahora queda por ver que lo entiendan así también los grupos parlamentarios.