El Gobierno no esperaba un nuevo auto del juez Juan Carlos Peinado sobre el caso Begoña Gómez este miércoles. Y menos en el sentido al que apunta en su resolución: propone que la mujer del presidente sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y la cita para este sábado a las seis de la tarde para informarle del procedimiento. En el Ejecutivo cundió de inmediato la "sorpresa y el estupor" por la decisión. No por el hecho de que Begoña Gómez pueda ser juzgada por un jurado —una previsión que está recogida en la ley para los casos de malversación—, sino por el momento elegido por el magistrado para hacerlo, cuando aún no ha acabado la instrucción. Igual que no se comprende su llamamiento para este fin de semana. La sensación es que se busca la "humillación pública" de la esposa de Pedro Sánchez.

La decisión de Peinado se conoció apenas minutos antes de que arrancara en el Congreso la sesión de control al Gobierno. Sin el presidente en el hemiciclo, obviamente, porque sigue de viaje en Nueva York por la apertura del 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. El auto no afloró en las primeras preguntas de la oposición, pero sí en los pasillos. Los ministros, en público, admitieron esa sorpresa y también indignación.

El sistema de recursos es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto.

"Surrealista, se explica por sí solo", señaló la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en declaraciones a los medios en la Cámara baja. "El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto", respondió por su parte el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El TS rechazó en julio el intento de Peinado de imputarle a él mismo por malversación y falso testimonio en esta misma causa.

En el auto, fechado el martes, el magistrado acuerda trasformar la pieza separada en la que ha investigado el presunto delito de malversación por la contratación de Cristina Álvarez en "procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado". La decisión afecta a la propia asesora, a la mujer del presidente y al delegado del Ejecutivo en Madrid —y ex secretario general de la Presidencia del Gobierno—, Fran Martín Aguirre. Los tres son llamados para este sábado a las 18.00, tal y como prevé la ley del jurado en su artículo 25.1: "Incoado el procedimiento, el juez de instrucción lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los imputados. Con objeto de concretar la imputación, les convocará en el plazo de cinco días a una comparecencia, así como al Ministerio Fiscal y demás partes personadas".

El juez apunta en su auto que no pueden ser tenidas las palabras de Gómez en su declaración del pasado 10 de septiembre "en sentido exculpatorio", pues solo contestó a su defensa. Es más, le recrimina a ella y a su asesora que solo respondieran las preguntas que les plantearon sus abogados, acogiéndose a su derecho a no contestar las formuladas por el propio magistrado o por el fiscal. "Hubieran podido esgrimir argumentos en su descargo", valora. Por ello, señala, "se puede colegir, con las leyes de la lógica y de la empírica, que se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora no podía determinarse de una forma concreta". En su opinión, existen indicios "racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos" que le permiten dar ahora el paso de transformar las diligencias previas en un procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado.

En el Ejecutivo creen que es "llamativo" el momento elegido por el juez, cuando no ha cerrado aún la instrucción y tiene varias diligencias en marcha. Sí admiten que la institución del jurado es competente para juzgar el delito de malversación

En la Moncloa reconocen que la ley del jurado, en su artículo 1, establece que el tribunal del jurado es competente para juzgar causas relacionadas con el delito de malversación de caudales públicos. Así ocurrió con el expresidente valenciano Francisco Camps en el juicio de los trajes, recuerdan. Pero agregan que Peinado podía haber continuado con su investigación —"prospectiva", califican— y haber propuesto la apertura de juicio oral por varios delitos, sin despiezar la parte relativa a la presunta malversación cometida por Gómez.

En el corazón del Ejecutivo aseguran que es "llamativo" el momento procesal elegido por el juez, porque "no está cerrada la instrucción" y de hecho quedan varias diligencias por resolver, como la petición a la Moncloa para que le remita todos los correos de Gómez desde 2018. Además, la Audiencia Provincial de Madrid tiene aún varios recursos sobre la mesa contra decisiones adoptadas por el juez Peinado tanto en esta pieza separada como en esta, la que abrió en agosto.

El magistrado decidió investigar a Gómez y a su asesora por un delito, el de malversación, que él había rechazado tres meses y sin explicar el porqué de su cambio de criterio. Y lo hizo, y es lo que subrayan en la Moncloa, después de que el Tribunal Supremo frenara su intento de escalar la causa: él elevó una exposición razonada para que el alto tribunal imputara a Bolaños por los delitos de malversación y falso testimonio. El TS se negó y le lanzó un severo reproche: archivó el caso y no imputó al ministro por la "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud". Peinado, por tanto, opta por llevar a jurado popular la pieza concerniente a la contratación de Álvarez, aunque continúa la instrucción de la causa principal, la que abrió en abril de 2024, en la que intenta recabar indicios contra Gómez por los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.

"Es que es todo un despropósito, es un disparate", resuelven fuentes de la Moncloa, donde recuerdan que "las casualidades no existen". En el Gobierno ven afán de protagonismo (y de titulares) del instructor, y estiman que por eso lanzó su auto este martes, justo después de que la Audiencia de Badajoz confirmase el procesamiento del hermano del jefe del Ejecutivo, David Sánchez, así como de Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas extremeños y expresidente de la Diputación de Badajoz, y de otros nueve investigados por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. En este caso, lo que se juzgará es la supuesta contratación irregular del hermano del presidente por parte de la institución pacense.

Todo el mundo puede sacar sus conclusiones. Está a la vista de todos", resume un miembro del Gabinete. "Muchísima gente en España va a terminar pensando que se está buscando un juicio más político que legal", coincide el presidente de Castilla-La Mancha

Según indican en la Moncloa, lo que busca el juez es la "humillación pública" de Begoña Gómez. Sobre todo por su declaración el sábado por la tarde. "Todo el mundo puede sacar sus conclusiones. Está a la vista de todos. Resulta más que extraño", resume un miembro del Gabinete muy cercano a Sánchez, preguntado si lo que el instructor busca es la lapidación de la mujer del líder socialista. En la sala de máquinas del Gobierno ya llevan recalcando hace tiempo que el presidente se enfrenta a un caso de "persecución y acoso a su familia". Y por eso él habló, en su entrevista en TVE del pasado 1 de septiembre, que hay "jueces que hacen política". Y uno de los aludidos era, obviamente, Peinado.

Incluso manifestó su extrañeza el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en declaraciones a los periodistas tras un acto en Toledo. Al plantear Peinado que un jurado popular juzgue a Gómez "muchísima gente en España va a terminar pensando que se está buscando un juicio más político que legal". La propuesta, dijo, le ha "sorprendido" y le resulta "extraña". Pero no cree que acabe prosperando su decisión, porque "cuando la persona a la que se quiere enjuiciar tiene una alta relevancia política, es inevitable que haya una mezcla de juicio político" y, en su opinión, "eso no es lo saludable". "La figura del jurado popular está pensada para otros supuestos" y lo que no sabe es si el juez señala ese camino porque estime que no prosperaría su investigación y prefiere conducirla a través de un jurado popular, remachó, informa EFE.

Su instrucción se va a estudiar en todas las facultades de Derecho", tercia Yolanda Díaz; "me gustaría hablar de cosas serias", expresa el ministro Fernando Grande-Marlaska a la salida del Congreso

"La instrucción de Peinado se va a estudiar en todas las facultades de Derecho", respondió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de Sumar. "Me gustaría hablar de cosas serias", deseó a la salida del Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Por el momento, el Ejecutivo vuelve a la casilla Peinado. Esta tarde, el presidente comparece en rueda de prensa en Nueva York para hacer balance de su viaje por la Asamblea General de Naciones Unidas, pero muy probablemente sea interrogado por la última decisión del magistrado que investiga a su esposa.