El Ejecutivo está fuera de plazo para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. La Constitución fija el 30 de septiembre como fecha tope para presentar las cuentas ante el Congreso, y esa liturgia tampoco se representó este martes. Por tercer año consecutivo. Pero esa no es la principal fuente de preocupación para el Ejecutivo ahora mismo. Ya hacía semanas que sabía que no podría cumplir los tiempos marcados por la Carta Magna, ni era su obsesión. La clave de bóveda era, y sigue siendo, reunir los apoyos necesarios, reagrupar a la mayoría de investidura. Y, después de las primeras conversaciones, el Gobierno ya asume que, casi con toda probabilidad, no los tendrá disponibles para el primer trámite de los Presupuestos: la aprobación de la senda de estabilidad. Hacienda prevé enviarla al Consejo de Ministros pronto, a primeros de octubre. Con o sin respaldos.

Cuando Pedro Sánchez adelantó, en la rueda de prensa de balance de curso político, a finales de julio, que presentaría los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya se sabía que las dificultades para que quedaran aprobados serían mayúsculas. Por los recelos y exigencias de Junts, Podemos y ERC, básicamente. En septiembre, en TVE, en su primera entrevista en un medio español en más de un año, el presidente del Gobierno confirmó que sí, que llevaría el proyecto de ley al Congreso, aun a riesgo de que se lo tumbasen, asumiendo por tanto un desafío que hasta ahora había sorteado, consciente de que la votación de los PGE, la ley anual más importante de todas, no es como cualquier otra. Pasara lo que pasara, no convocaría elecciones, prometió. De pronto, bajó el incentivo para los grupos, pero también se impuso un límite: no aceptaría cualquier petición porque no estaba en juego la suerte de la legislatura.

Que no se iban a respetar los tiempos era ya obvio desde hace semanas, porque la maquinaria presupuestaria se suele activar, en tiempos de estabilidad y de mayorías parlamentarias estables, en junio, para que en julio el Gobierno pueda llevar a Congreso y Senado la primera piedra de las cuentas públicas, la senda de estabilidad. Esa primera orden de Hacienda a los ministerios la lanzó el 3 de septiembre. Era, por tanto, inviable llegar al día 30 con el proyecto listo para llevar al Congreso y cumplir así con el artículo 134.3 de la Carta Magna, que señala que el Ejecutivo deberá presentar ante la Cámara baja los PGE "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". Los vigentes, en realidad, son los prorrogados de 2023, que fueron aprobados antes de las últimas elecciones generales, con una composición de las Cortes —y del Ejecutivo— distinta a la actual.

La presión en los últimos días, no obstante, ha crecido hacia la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ella ha reiterado estos días, la última vez este martes en los pasillos del Senado, que su pretensión es aprobar "en los próximos días" los objetivos de estabilidad. ¿Cuándo? No será en el Consejo de Ministros del próximo martes, precisó la número dos del Ejecutivo. Añadió que ahora mismo se están incorporando materias importantes para "facilitar su aprobación". "Tenemos el diseño básico de las cuentas", subrayó Montero, quien especificó que el Ejecutivo está "trabajando" tanto en la formulación del proyecto de ley con los distintos ministerios y hablando con los socios parlamentarios.

Fuentes del Ejecutivo admiten que las primeras conversaciones con los grupos no están siendo positivas. El primer escollo a superar sería la senda de estabilidad, la que marca los objetivos de déficit y deuda para todas las administraciones públicas para los próximos tres años, y que deben aprobar Congreso y Senado. Según describen desde el entorno de Montero, los aliados del Ejecutivo no acaban de ver la "bondad" del planteamiento del Ejecutivo —Hacienda no quiere adelantar números, más allá de mostrar su disposición a ser generosa con comunidades y ayuntamientos, permitiéndoles una reducción más suave de sus números rojos—. Junts, detallan, "sigue arriba", en el monte. Sin ceder en sus exigencias.

Nada nuevo. Ya ocurrió el año pasado. El Gobierno sí sometió a votación la senda en julio una primera vez, y los posconvergentes se unieron a PP y Vox y la tumbaron. Hacienda volvió a llevar los mismos objetivos de estabilidad en septiembre al Congreso y, antes de llevarse un segundo bofetón, retiró el texto, aduciendo que veía una rendija. Creía que Junts estaba dispuesto a negociar. Pero pasaron los meses. Nunca se volvió a llevar la senda a la Cámara baja y al Senado. La formación de Carles Puigdemont no se apeaba de sus demandas. Básicamente, pedía que la Generalitat —y, por tanto, las CCAA— pudieran tener más déficit, algo a lo que se negaba Hacienda.

Junts vuelve a ser, según avanzan desde el Ejecutivo, el gran obstáculo para la senda. Pero, a diferencia de lo que ocurrió con el ejercicio anterior, Montero está dispuesta a llevar a Congreso y Senado su propuesta, "sí o sí". Esto es, con o sin apoyos. El Ejecutivo está dispuesto a asumir una derrota que, egoístamente, no le perjudica, recuerda siempre Hacienda, porque en caso de que las Cortes no den el visto bueno a los nuevos objetivos de déficit y deuda planteados por el Gobierno, siguen en vigor los anteriores, que son más restrictivos con CCAA y ayuntamientos.

El procedimiento de tramitación de la senda es largo. Primero, Hacienda tiene que llevarla al Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a los consejeros autonómicos del ramo y en el que Montero dispone, de entrada, con el 50% de los votos. Tras recibir el sí, la vicepresidenta trasladará la propuesta al Consejo de Ministros y de ahí llegará a Congreso y Senado. Lo que indica el artículo 15 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es que si los objetivos son rechazados, entonces el Gobierno deberá volver a remitir a las dos Cámaras un nuevo acuerdo en el plazo de un mes. Congreso y Senado deben votar la senda, pero no el límite de gasto no financiero —el llamado techo de gasto—, del que simplemente el Gobierno informa.

El valor de las actuales cuentas

Hacienda defiende que, en realidad, no cambia nada si no logra aprobar unos nuevos objetivos de estabilidad, porque el reparto de déficit le beneficiaría y sobre el techo de gasto las Cámaras no se pronuncian. Pero lo importante de la senda es que anticipa la disposición de los grupos a pactar (o no) el proyecto de Presupuestos. Dicho de otro modo, un no del Congreso a los objetivos ya augura un no a las cuentas públicas.

El Gobierno insiste en que hará todo lo posible para conseguir convencer a sus socios de la necesidad de disponer de unos nuevos PGE en 2026, aunque en paralelo subraya que los vigentes, los de 2023, son valiosos porque permiten la acomodación de los fondos europeos y han posibilitado que España siga creciendo y creando empleo. La Moncloa asume que, aun en el mejor de los casos, incluso si consiguiera el sí de sus aliados parlamentarios, será prácticamente imposible que la ley esté aprobada antes del 31 de diciembre. Si eso ocurre, se activa la previsión del artículo 134.4 de la Constitución: se produce la prórroga automática de los Presupuestos vigentes. Es decir, que la vida de los de 2023, de entrada, se estiraría algo más, hasta la aprobación de las nuevas cuentas (si es que llega). Dados los plazos, en consecuencia, la prórroga de los PGE de 2023 está descontada ya para el Ejecutivo.

"Siempre queda la esperanza de correr mucho en la tramitación", señalan en el equipo del presidente. Pero, materialmente, ya es prácticamente imposible que el proyecto pueda estar aprobado antes del 31 de diciembre. Los tres PGE aprobados por el Gobierno de Sánchez salieron del Consejo de Ministros más tarde del 30 de septiembre que fija la Constitución, con algo de retraso —los de 2021, el 27 de octubre; los de 2022, el 7 de octubre, y los de 2023, el 4 de octubre—, pero acordó una tramitación acelerada para que el texto entrara en vigor a tiempo, el 1 de enero. Por eso siempre Sánchez insistía en que, con él en el Ejecutivo, a diferencia de lo que ocurrió con Mariano Rajoy, los Presupuestos estuvieron listos en tiempo y forma. Pero, en esta legislatura, Hacienda no presentó proyecto presupuestario ni para el ejercicio 2024 ni para 2025.

La coalición de PSOE y Sumar ya sabe qué condiciones le ponen sus socios. ERC, que se avance en la financiación singular para Cataluña. Junts pone por delante que se cumplan los PGE vigentes en materia de inversiones o "que la parte no cumplida sea un talón que se ingrese a la Generalitat", una partida que cuantifica en unos 50.000 millones, algo que el Ejecutivo ve imposible de cumplir. Podemos reclama que se revierta el aumento del gasto militar, la ruptura de toda relación diplomática y comercial con Israel y la rebaja de los alquileres un 40%.

Sánchez se comprometió el lunes en Barcelona con Pimec a presentar su propuesta de financiación para Cataluña antes de final de año, según adelantó El Periódico. Una reforma del modelo que Montero siempre ha insistido en que hará extensible al resto de CCAA del régimen común. El paso podría ser un incentivo para ERC. Pero Junts es un socio mucho más inestable y frío. La formación de Puigdemont, muy presionada por su competencia directa con el partido separatista, ultra y xenófobo de Aliança Catalana, continúa su proceso de reflexión y decidirá antes de Navidad si rompe o no con los socialistas.

¿Y los morados? "Ellos se niegan a priori a apoyar cualquier medida. Pero esperamos poder seducirles con medidas de carácter social en los Presupuestos", señalan en Hacienda, donde admiten que aún no están hablando con la cúpula de Ione Belarra. Es decir, que la estrategia que seguirá Hacienda con Podemos es un fuerte gasto social.

Ningún impacto las palabras de Pueyo, de CHA

Sin embargo, en apenas una semana se volverá a ver la disposición de los morados. El Gobierno somete a convalidación su real decreto ley de embargo de armas a Israel, y no está nada claro que la consiga. En la Moncloa ven impensable que Podemos se niegue a prestar su apoyo al texto, por mucho que se haya mostrado total frialdad y remarque que la iniciativa es realmente un "embargo fake". "Lo que no tenemos nada claro es que Junts vaya a entrar", admiten en el entorno del presidente. En los de Puigdemont opera otra clave: su mayor proximidad a Israel.

En el Ejecutivo señalan que intentarán que los posconvergentes "recapaciten", "pero si no vamos a ver si el PP se abstiene". Los socialistas creen que no sería tan descabellado que los populares cedieran, dado que Alberto Núñez Feijóo ha ido endurecido su postura en las últimas semanas hacia el Gabinete de Benjamin Netanyahu. Y ahora contaría con una percha que justificaría su ayuda a Sánchez: el contundente discurso del Rey en la Asamblea General de la ONU, hace justo una semana, cuando pidió el cese urgente de la "masacre" y calificó la matanza perpetrada por Tel Aviv de "actos aberrantes".

Pase lo que pase, con el decreto ley de embargo de armas, con la senda de estabilidad o con los Presupuestos, el presidente no piensa alterar su hoja de ruta. Continuará camino hasta 2027. Hasta agotar la legislatura. Por eso en la Moncloa no dan recorrido ninguno a las palabras del diputado de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, del grupo Sumar, que este martes pidió a Sánchez que convoque elecciones si no puede aprobar nuevos Presupuestos, ya que "aguantar por aguantar no sirve". "¿Acaso él habla con Yolanda Díaz de esto? ¿Está de acuerdo la dirección de Sumar con ir ya a elecciones?", ironizan en la Moncloa. Y es que a quien menos le interesa las urnas, avisa la cúpula socialista, es al socio minoritario de la coalición. Por su debilidad y por su guerra con Podemos.