El Gobierno no iba dejar pasar la oportunidad de aprovechar el patinazo del PP en el Ayuntamiento de Madrid con su apoyo a una moción de Vox que obliga a las mujeres a recibir información sobre un falso síndrome posaborto. Lo ha combatido verbalmente estos días y ahora da un paso muy relevante: va a plantear una reforma de la Constitución para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo e impedirá vía real decreto la difusión de toda "información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres" que no quieran seguir adelante con su gestación. De materializarse este cambio en la Carta Magna, imposible sin el concurso del PP, que ya ha avanzado su rechazo, España sería el segundo país del mundo, tras Francia, en blindar el derecho al aborto.

Fue el martes cuando el pleno del Ayuntamiento de la capital aprobó la propuesta de Vox por la que los centros municipales tendrían la obligación de informar a las mujeres de un supuesto "trauma posaborto" —consumo de alcohol y drogas, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, alteraciones del sueño, aislamiento social, ataques de pánico...—, que la evidencia científica no respalda. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que disponde de una confortable mayoría absoluta y que por tanto no depende de la ultraderecha para gobernar, dio respaldo a una proposición que de inmediato puso en guerra a la oposición de Más Madrid y PSOE, a la comunidad científica y a las asociaciones de mujeres. El Gobierno prometió que actuaría, que no se quedaría de brazos cruzados, que garantizaría el derecho al aborto frente a decisiones adoptadas por "sectarismo político" y "dogmatismo ideológico", tal y como afirmaba el propio Pedro Sánchez ayer jueves desde Copenhague, lamentando que un derecho conquistado por las mujeres estuviera siendo "menoscabado e instrumentalizado". La dirección nacional del PP respaldó al regidor de la capital en el primer minuto, pero este acabó reculando ayer: reconoció que ese supuesto trauma posaborto no está admitido por la ciencia.

En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos", alega el Gobierno, "España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas"

El evidente error del PP ha dado combustible al Ejecutivo. Y explica su movimiento de este viernes, el que avanzó a primera hora en un comunicado: su propuesta de incluir el derecho al aborto en la Constitución española "para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres". "En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos", alega, "España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas".

¿Qué hará el Gobierno? Por un lado, va a impulsar un "procedimiento de reforma ordinario" de la Constitución. Y por otro, impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban "información falsa o sin evidencia científica", empezando para ello por la modificación del real decreto 825/2010, el que desarrolla reglamentariamente la ley de plazos de 2010. Un doble cambio por dos cauces distintos, por tanto.

El 'no' del PP impide que el cambio en la Constitución se pueda materializar, pero sí sirve al Ejecutivo para retratar a Feijóo en un tema muy resbaladizo para el partido: ya recurrió la ley de plazos en 2010 y Gallardón dimitió al plantear una modificación más restrictiva incluso que la ley de supuestos de 1985

La reforma constitucional ordinaria que va a promover Sánchez requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación que no tendría, salvo que se sumara el PP. En concreto, según el artículo 167 de la Carta Magna, se necesitaría el respaldo de tres quintos del Congreso y tres quintos del Senado. Así que la iniciativa impulsada por Sánchez sirve, sobre todo, para retratar a Alberto Núñez Feijóo, para situarle frente al espejo en una cuestión, el derecho al aborto, muy resbaladiza para su partido. De hecho, el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley de plazos de 2010, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, que luego intentó derogar ya con Mariano Rajoy en la Moncloa, pero la contestación de las mujeres acabó con el proyecto regresivo enterrado y con el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dimitido. Feijóo, ya al frente del PP, acabó asumiendo la norma que su formación había impugnado pocos meses antes de que el TC le diera el visto bueno y avalara la plena conformidad con la Carta Magna de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho esencial de las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo.

El PP enseguida adelantó su no, aduciendo que el derecho al aborto está ya avalado por la sentencia del TC de 2023. Así que, salvo giro imprevisto, no podrá aprobarse un blindaje en la Ley Fundamental que, recuerda la Moncloa, convertiría a España "en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución después de que Francia lo hiciese en 2024". "El Gobierno combate así cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres", sostienen fuentes de la Moncloa. La inclusión del derecho al aborto en la Carta Magna no es una propuesta nueva: ya la recogió en su resolución política el PSOE en su 41º Congreso Federal, el que se cerró el pasado 1 de diciembre en Sevilla.

El segundo pilar del anuncio de este viernes es la prohibición de "difusión de información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo", y para ello el Ejecutivo promoverá la modificación del real decreto 825/2010, el que desarrolla la ley de plazos de Zapatero de 2010. Un cambio más sencillo de ejecutar, ya que solo exige la aprobación del Consejo de Ministros.

La reforma del real decreto 825/2010 establecerá que toda información a la mujer "tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales", por lo que el falso síndrome posaborto quedaría fuera

La reforma, cuenta la Moncloa, "establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de interrupción voluntaria del embarazo tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)". "Teorías sin base científica como el supuesto síndrome posaborto", que no existe, "no tendrían cabida en estas clasificaciones".

El Gobierno central promete continuar "trabajando en todas las vías posibles para evitar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho sufran presiones de cualquier tipo". "Nuestro país seguirá siendo así un referente internacional en la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres", remachan desde la Moncloa.

El Gobierno promete trabajar en todas las vías posibles para evitar que las mujeres que quieran abortar "sufran presiones". Y recuerda los avances en el derecho impulsados por los socialistas

El Gobierno recuerda que en este 2025, de hecho, se conmemora el 40º aniversario de la despenalización del aborto (la ley 9/1985), impulsada por otro Ejecutivo socialista, el de Felipe González, y que admitía la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos (riesgo para la madre, violación y malformaciones fetales). La ley de plazos de 2010 "reguló por primera vez el derecho a la IVE de forma libre y sin supuestos durante las 14 primeras semanas de gestación". En 2014, con Rajoy en el poder, "la lucha de las mujeres impidió la aprobación de una ley aún más restrictiva que la de 1985", mucho más regresiva ya que planteaba incluso la eliminación del supuesto por malformación del feto. El entonces presidente del Gobierno no asumió ese cambio y al final el que dimitió fue el ministro Gallardón.

En 2023, la ley orgánica 1/2023, promovida con Sánchez en el Ejecutivo e Irene Montero en Igualdad, amplió los mecanismos para garantizar el acceso al derecho al aborto. También en la pasada legislatura salió adelante la ley orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal y que "refuerza la protección de este derecho al tipificar como delito las conductas de acoso y hostigamiento contra las mujeres que acuden a las clínicas acreditadas para la IVE".

Ya en enero de 2023 el Gobierno consiguió frenar el protocolo antiabortista en Castilla y León que había anunciado Vox, entonces en el Gabinete autonómico. Lo que pretendía el plan —vendido como "provida" por la ultraderecha— era ofrecer a las mujeres embarazadas, también para las que quisieran abortar, atención psicológica, escucha del latido fetal o una ecografía en 4D. La contestación a la medida y la acción del Ejecutivo de Sánchez, que envió un requerimiento de incompetencia a la comunidad, hicieron rectificar y dar marcha atrás al presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco. El PP se ha vuelto a enredar con el aborto, y el Gobierno ha respondido rápido, buscando agrandar la brecha dentro de los conservadores en torno a un derecho, el del aborto, que despierta las tensiones internas y que nunca han sabido gestionar bien.