El Gobierno no iba dejar pasar la oportunidad de aprovechar el patinazo del PP en el Ayuntamiento de Madrid con su apoyo a una moción de Vox que obliga a las mujeres a recibir información sobre un falso síndrome posaborto. Lo ha combatido verbalmente estos días y ahora da un paso muy relevante: va a plantear una reforma de la Constitución para consagrar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, impidiendo la difusión de toda "información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres". De materializarse este cambio en la Carta Magna, España sería el segundo país del mundo, tras Francia, en blindar el derecho al aborto.

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Fue el martes cuando el pleno del Ayuntamiento de la capital aprobó la propuesta de Vox por la que los centros municipales tendrían la obligación de informar a las mujeres de un supuesto "trauma posaborto", que la evidencia científica no respalda. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que disponde de una confortable mayoría absoluta y que por tanto no depende de la ultraderecha para gobernar, dio respaldo a una proposición que de inmediato puso en guerra a la oposición de Más Madrid y PSOE, a la comunidad científica y a las asociaciones de mujeres. El Gobierno prometió que actuaría, que no se quedaría de brazos cruzados, que garantizaría el derecho al aborto frente a decisiones adoptadas por "sectarismo político" y "dogmatismo ideológico", tal y como afirmaba el propio Pedro Sánchez ayer jueves desde Copenhague, lamentando que un derecho conquistado por las mujeres estuviera siendo "menoscabado e instrumentalizado". La dirección nacional del PP respaldó al regidor de la capital en el primer minuto, pero este acabó reculando ayer: reconoció que ese supuesto trauma posaborto no está admitido por la ciencia.

El evidente error del PP ha dado combustible al Ejecutivo. Y explica su movimiento de este viernes, el que avanzó a primera hora en un comunicado: su propuesta de incluir el derecho al aborto en la Constitución española "para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres". "En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos", alega, "España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas".

¿Qué hará el Gobierno? Impulsar un "procedimiento de reforma ordinario" de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación que no tendría, salvo que se sumara el PP. En concreto, según el artículo 167 de la Carta Magna, se necesitaría el respaldo de tres quintos del Congreso y tres quintos del Senado. Así que la iniciativa impulsada por Sánchez sirve, sobre todo, para retratar a Alberto Núñez Feijóo, para situarle frente al espejo en una cuestión, el derecho al aborto, muy resbaladiza para su partido. De hecho, el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley de plazos de 2010, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, que luego intentó derogar ya con Mariano Rajoy en la Moncloa, pero la contestación de las mujeres acabó con el proyecto regresivo enterrado y con el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dimitido. Feijóo, ya al frente del PP, acabó asumiendo la norma que su formación había impugnado pocos meses antes de que el TC le diera el visto bueno y avalara la plena conformidad con la Carta Magna de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho esencial de las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo.

Si se lograra aprobar el blindaje en la Ley Fundamental, España se convertiría "en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución después de que Francia lo hiciese en 2024". "El Gobierno combate así cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres", sostienen fuentes de la Moncloa. La inclusión del derecho al aborto en la Carta Magna no es una propuesta nueva: ya la recogió en su resolución política el PSOE en su 41º Congreso Federal, el que se cerró el pasado 1 de diciembre en Sevilla.

(Noticia en ampliación)

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