La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en su informe sobre la situación patrimonial del exministro José Luis Ábalos, conocido el pasado viernes, no apunta ni habla de financiación irregular del PSOE. En ninguna de sus páginas. Y por eso Ferraz y la Moncloa vienen insistiendo en que los agentes no han hallado sospechas de aquello que más temían y que auguraban en la oposición: que se descubriría financiación ilegal del partido. Ese punto, al menos por ahora, no ha llegado. Lo que sí dejó escrito la UCO es que hay "determinados pagos" que coinciden con la información declarada por el PSOE, pero añade que "dentro de las evidencias examinadas afloran otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular".

Esos pagos en efectivo son los que están sembrando las dudas. Y por esa razón la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, fue preguntada este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Su línea de defensa fue la empleada por Ferraz: pagar en metálico "no es ilegal" en España y de hecho hay instituciones, como el Senado, que el PP controla con su mayoría absoluta, donde también se hace.

Del atestado policial conocido el viernes se han destacado, sobre todo, dos fotos, las de dos sobres con membrete del PSOE y con dinero en metálico en su interior, dirigidos, supuestamente, al exministro Ábalos y a su exasesor Koldo García. La Guardia Civil detectó que el montante que venía manuscrito en el sobre destinado al exsecretario de Organización socialista, 826,73 euros, era superior al declarado por el partido en esa fecha, junio de 2019, de 321,29 euros. La diferencia, no justificada, era de 505,44 euros, "llamativa" para los agentes. El PSOE explicó la semana pasada que los 321,29 euros fue la cantidad que se pagó a Ábalos, y los 505,44 € restantes, al equipo que le acompañaba en concepto de manutención, e insistió en que todo lo puede probar.

El partido ha reconocido que las liquidaciones de gastos se hicieron durante años en efectivo. De hecho, este martes se conoció que el sucesor de Ábalos en Organización, Santos Cerdán, en prisión provisional desde el pasado junio, recibió 7.433 euros en 21 pagos en metálico tras asumir la jefatura del aparato en concepto de gastos. Son datos que figuran en la documentación que Ferraz hizo llegar al magistrado instructor del caso en el Supremo, Leopoldo Puente, que pidió al partido que le detallara los pagos e ingresos a Cerdán para poder enviar toda esa información a la UCO, a la que encargó también analizar su patrimonio.

Según esa documentación, a la que tuvo acceso este periódico, el exdirigente socialista recibió 23.132 euros en 63 pagos en metálico desde el 7 de junio de 2017 hasta el 11 de marzo de 2020 —en aquel momento era secretario de Coordinación Territorial del PSOE, esto es, el número dos de Ábalos—. En julio de 2021 tomó las riendas de Organización tras la caída del exministro. Entre febrero de 2023 y hasta octubre de 2024 cobró 7.433 euros en 21 pagos. 11 de ellos los ingresó cuando había estallado el caso Koldo, en febrero de 2024, hasta su dimisión en junio de 2025, cuando se publicó el informe de la UCO que le situó al frente de una presunta trama criminal de amaños de adjudicaciones públicas.

"Pagarn en dinero metálico, en efectivo, no es ilegal ni es irregular, y no se hace solamente en los distintos partidos —defendió este martes Alegría, preguntada por los periodistas—. Ustedes lo conocen en el Senado. Por ejemplo, si un senador tiene que hacer un desplazamiento por su cargo al extranjero esa dieta el Senado se la paga en metálico, lógicamente aportando factura o tique. Y esto es una práctica habitual que se hace en empresas, en instituciones, y evidentemente siempre tienen registro contable". La portavoz subrayó que esos pagos salen de las "cuentas corrientes" del PSOE, que están "auditadas" por el Tribunal de Cuentas.

Es más, como en todas las ocasiones anteriores han hecho partido y Gobierno, la portavoz recalcó que la conclusión "más importante" del informe de la UCO es que "en el PSOE no hay financiación irregular" y que "todo el dinero del PSOE tiene origen legal, está contabilizado y sobre todo está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas", y también escrutado por "dos auditorías externas".

Los socialistas consideran que el PP no tiene autoridad ninguna para hablar de financiación ilegal, precisamente porque la formación hoy dirigida por Alberto Núñez Feijóo fue condenada por ser partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel y porque los papeles del extesorero Luis Bárcenas, que apuntaban a sobresueldos en b pagados durante años a sus dirigentes, eran ciertos. "Escuchar al PP hablar de sobres, de financiación irregular, es como escuchar a un pirómano hablar de cómo tenemos que cuidar y cómo se tienen que apagar los incendios de nuestros bosques", ironizó.

Algunos de los pagos en efectivo a Cerdán consignados por el PSOE superan el límite legal de los 1.000 euros. Por ejemplo, el 30 de septiembre de 2023 le abonó 1.072,60 euros en metálico, y el 31 de enero de 2024, otros 1.200 euros vía caja, no por transferencia. El Gobierno impulsó en 2021 la modificación de la ley de lucha contra el fraude para rebajar de 2.500 a 1.000 euros el límite general de pagos en efectivo, precisamente para prevenir el blanqueo de capitales.

La Moncloa sostiene que el PSOE no incumplió la normativa por dos motivos. Primero, porque los abonos se hicieron no a un proveedor, sino a trabajadores de la casa a los que no se pagaba por un servicio, sino que se les devolvía dinero que ellos habían adelantado, y dos, porque no se trataba de un concepto único, sino la suma de gastos distintos (distintos tiques que se pagaban a la vez y que podían superar ese umbral de mil euros). Lo que dice la ley es que "no podrán pagarse en efectivo las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera". Los criterios interpretativos de la Agencia Tributaria señalan que el pago en metálico "entre particulares no está sujeto a esta limitación".

De cualquier modo, en la Moncloa insisten en que los pagos a Ábalos están todos "documentados y cuadrados" y en que "todas las salidas de caja tienen soporte documental". Y apuntan, como ya informaba este diario el pasado sábado, que el hecho de que esos sobres fotografiados aparezcan con cantidades manuscritas detalladas hasta el céntimo es "la mejor prueba" de que se trata de liquidaciones de gastos, y no de sobresueldos en b. Sí reconocen en el Ejecutivo sentir "vergüenza" por el lenguaje en clave que utilizaba el matrimonio de Koldo García y Patricia Úriz para referirse a billetes de alta denominación: chistorras (o txistorras) para los de 500 euros; soles para los de 200, y lechugas para los de 100.

Durante la rueda de prensa de este martes, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presentó el anteproyecto de Ley de Administración Abierta. En ella no se regulará la figura del cónyuge del presidente del Gobierno, por lo que no habrá ningún apartado que afecte a la consorte de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ya que ella no es ni un cargo ni un empleado público y además los familiares de los altos cargos sí están sujetos a controles.

López explicó que Gómez, igual que sus predecesoras, no es una representante política, ni un cargo con capacidad decisoria, ni una funcionaria con potestad de firma, que son los colectivos a los que se dirige la nueva ley. Pero eso no significa que, como sucede con los familiares de los altos cargos, no esté sujeta a vigilancia, porque ya ocurría y seguirá ocurriendo. El ministro recordó el ejemplo de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que en 2012, cuando pasó a integrar el Gabinete de Mariano Rajoy consultó a la Oficina de Conflicto de Intereses sobre decisiones que pudiera adoptar el Consejo de Ministros sobre Telefónica ya que su marido trabajaba en la operadora.

"Nuestros familiares están todos sometidos al escrutinio", señaló López, para afirmar que ya existe por tanto "un cierto control" y una regulación de incompatibilidades que afecta también a la familia del jefe del Ejecutivo. Recordó que Gómez fue objeto de denuncias "ridículas y absurdas" del PP ante la Oficina de Conflictos de Intereses por el rescate de Air Europa, cuando ella no formaba parte de la empresa. Así que no cree necesario regular la figura del cónyuge o pareja del presidente. "Todos los esfuerzos que hacemos de reforzar la transparencia, de reforzar los controles afectan, obviamente, a los cargos públicos, a los cargos políticos y a los funcionarios administrativos", remachó.