El Gobierno exige a Ayuso que cree ya el registro de objetores: "Machito es decir a las mujeres que aborten en otro sitio"

El Gobierno da más pasos en una batalla en la que cree que tiene todas las de ganar y el PP, mucho que perder. Es la del aborto. Tal y como como adelantó el presidente, Pedro Sánchez, en la SER, el Consejo de Ministros aprobó este martes, por un lado, el inicio de los trámites para el blindaje constitucional de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), con el envío del anteproyecto al Consejo de Estado para que emita dictamen. Y, por otro, el requerimiento formal a tres comunidades, todas ellas dirigidas por el PP —Aragón, Baleares y Madrid— para que en el plazo de un mes creen el registro de objetores de conciencia porque, de lo contrario, el Ejecutivo acudirá a los tribunales por la vía contencioso-administrativa.

Pero en el centro del debate, y de la guerra, está la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, porque sus compañeros de Aragón y Baleares, Jorge Azcón y Marga Prohens, sí manifestaron su intención de poner en marcha ese listado de sanitarios que objetan al aborto. No así Madrid. Ayuso ya advirtió la semana pasada, después de que le enviase Sánchez una carta de requerimiento, que no cumpliría con la ley, de tal manera que en la Comunidad no habrá "listas negras" de médicos por practicar abortos ni por negarse a realizarlos. "¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", despachó a la oposición.

La presidenta madrileña carga contra Sánchez por haberse dirigido a ella "en tono machito" cuando ella sufrió la pérdida de dos bebés. "¿Quién se cree para hablar en nombre de todas las mujeres?", dice

Ayuso reiteró este martes, tras escuchar al presidente en la SER, que no habrá "listas negras" de profesionales sanitarios, que aplicará la normativa de "respeto" y "anonimato" de los sanitarios, amparada en la Constitución y que el Ejecutivo quiere "dinamitar". La baronesa popular embistió a Sánchez por dirigirse a ella en este tema "en tono machito" cuando ella es una mujer libre que ha sufrido "el drama del aborto" con la pérdida de dos bebés. "¿Quién se cree, quién es el presidente del Gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres?", cargó la presidenta, quien también se preguntó si Sánchez "se cree Dios para hablar en nombre de la vida con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad".

La réplica del Ejecutivo llegó minutos después desde la Moncloa, en la rueda de prensa que la portavoz, Pilar Alegría, compartió con las ministras de Sanidad, Mónica García, e Igualdad, Ana Redondo, además de la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez. "Volvemos a insistirle a la señora Ayuso: la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios solo se puede ver avalada si hay un registro de objetores de conciencia, porque así lo avala también el Tribunal Constitucional. Machito es decirle a las mujeres que se vayan a abortar a otro sitio, eso es machito. Todo lo demás es, como ya nos tiene acostumbrados la señora Ayuso, intentar desviar el foco", sentenció García, líder a su vez de Más Madrid, primera fuerza de la oposición regional.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el requerimiento formal a la vista de que no fue suficiente la misiva enviada hace una semana por el propio Sánchez. Ahora, el Gobierno da un mes a las comunidades de Aragón, Baleares y Madrid para que elaboren ese registro de objetores y si no lo acatan, se iniciará un procedimiento contencioso-administrativo en los tribunales. "La ley se cumple, punto", recordó García, evocando la misma sentencia que dejó hace justo semana y en la misma mesa.

El registro no es una ocurrencia, es una obligación legal, es una herramienta esencial para garantizar que los derechos de los sanitarios sean compatible con los de las mujeres", asegura la ministra García

La ministra argumentó que el Ejecutivo actúa al ver que Ayuso hace "caso omiso" a la petición del presidente. "Le diré una cosa también a la señora Ayuso: las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio, las mujeres nos quedamos, y vamos a ejercer nuestros derechos libremente, aquí y ahora. Como saben, el registro no es algo opcional, no es una ocurrencia, es una obligación legal, es una herramienta esencial para garantizar que los derechos de los profesionales sanitarios sean compatibles con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo en condiciones de equidad, de seguridad y de respeto". El artículo 19 ter de la ley del aborto obliga a crear ese registro de objetores, una exigencia que se desarrolló en el protocolo que todas las comunidades, incluida Madrid, aceptaron en diciembre de 2024 en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Algo que también explicaba el número dos del ministerio, Javier Padilla, ayer lunes en un largo mensaje en X.

Ayuso acusa a Sánchez de "dinamitar la Constitución" con su iniciativa sobre el aborto

Aunque el Gobierno se dirige formalmente a Madrid, Aragón y Baleares, solo la primera ha expresado "explícitamente" su rechazo a crear esa lista. Si al cabo de un mes una comunidad no contesta a ese requerimiento, según prescribe el artículo 44 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, el Ejecutivo dispondrá de otros dos meses para "acudir a los tribunales y para plantear un contencioso-administrativo para que un juez les obligue a cumplir la ley", en palabras de García.

Aragón, Baleares y Madrid tienen un mes para contestar y si no lo hacen, el Gobierno interpondrá un recurso por la vía contencioso-administrativa para que los jueces "les obliguen a cumplir la ley"

Los escritos firmados por la ministra dirigidos a las tres CCAA, a los que ha tenido acceso El Independiente [aquí en PDF el remitido a Madrid], recuerdan el acuerdo unánime del CISNS del 16 de diciembre de 2024 y cómo desde entonces la Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha hecho un seguimiento de la creación de esos registros. En sus informes de 20 de febrero, 27 de mayo y 25 de septiembre de 2025 se comprobó que Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Ceuta y Melilla habían cumplido la orden, y se verificó que tanto Andalucía como Asturias (esta, gobernada por el PSOE), "se encuentran en fase de tramitación". De ahí que el requerimiento se haga a las tres CCAA incumplidoras.

Para García, "Ayuso se ha equivocado por partida doble, se ha creído que está por encima de la ley, pero también se ha creído que está por encima del derecho de las mujeres, y ni una ni otra. Le recomiendo a la señora Ayuso que recoja cable, que abandone su cruzada contra las mujeres y contra los derechos conquistados por las mujeres, y que cumpla la ley como hacen el resto de comunidades autónomas". García también se dirigió a Alberto Núñez Feijóo, que el lunes en Espejo público, había planteado que el registro se haga con aquellos sanitarios que deseen practicar abortos, no con los objetores. La titular de Sanidad le recordó que el TC ha avalado la objeción de conciencia como un procedimiento "activo e individual", y saltárselo viola no solo los derechos de las mujeres, sino también los de los sanitarios que desean objetar. También subrayó la ministra que Madrid, como el resto de CCAA, sí dispone de un registro de objetores a la eutanasia, porque la objeción es un "procedimiento normal dentro de nuestro sistema jurídico y sanitario", mecanismo que Ayuso "se quiere saltar".

La ministra pide a Ayuso que "recoja cable" y abandone su "cruzada" contra los derechos de las mujeres, y a Feijóo le recuerda que el registro de objetores de eutanasia lo tienen todas las CCAA, también Madrid, porque es un camino normal

La otra cuestión que aprobó el Consejo de Ministros fue el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para salvaguardar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. Lo que se hace es incorporar un cuarto apartado al artículo 43 con la siguiente redacción:

"Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".

La formulación llegó al Consejo de Ministros tras un tira y afloja entre PSOE y Sumar. A primera hora de la mañana, el socio minoritario de la coalición expresaba su preocupación con la redacción elegida y advertía de que una mera mención al aborto no serviría para nada e incluso podría suponer riesgos. Pero al final se llegó a un texto de consenso que, como señaló la ministra de Igualdad, Ana Redondo, concentra la jurisprudencia constitucional que existe hasta ahora sobre la IVE.

Igualdad calcula que en enero podrá enviar al Congreso la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto, un texto que ha sido fuente de fricción entre el PSOE y Sumar

El anteproyecto se envía al Consejo de Estado para que en un plazo de dos meses emita su dictamen. Después el texto regresará al Consejo de Ministros y entonces —Igualdad calcula que será ya en enero— se remitirá al Congreso para que comience su tramitación parlamentaria. Redondo reconoció que no será "una reforma sencilla", porque requiere del apoyo de tres quintas partes de las dos Cámaras, y hasta ahora el PP se ha opuesto.

Según defendió la ministra, la modificación del artículo 43 pretende ser un "escudo constitucional" de los derechos de las mujeres ante el avance de la "ola reaccionaria". "Espero que el PP esté a la altura de este reto y se sume a la defensa de los derechos de las mujeres [...]. Pido al PP que se una a esa mayoría necesaria para la reforma de la Constitución", sostuvo Redondo, que prometió que el Gobierno buscará esa mayoría "con diálogo" y con la "búsqueda de confluencia de voluntades".

La ministra pide al PP que "esté a la altura" y se una a "la mayoría necesaria" para cambiar la Carta Magna. Hay un riesgo de retroceso, alega, pero también se está "jibarizando la sanidad pública"

En todo momento, la titular de Igualdad alertó de la necesidad de aprobar este blindaje de un derecho de las mujeres largamente peleado, pese a que ella misma, en marzo de 2024, veía inviable la propuesta que entonces hacía Sumar, siguiendo la estela de Francia, porque no se daban los "consensos" necesarios. Consensos que siguen sin darse hoy. Pero la ministra entiende que las mayorías de derechas en algunas comunidades autónomas son "capaces de revertir, de limitar" derechos, por lo que el Ejecutivo entiende que hay que tomar todas las medidas para evitar que esos retrocesos se produzcan en el presente y en un futuro". Existe una segunda razón: la "jibarización de la sanidad pública", porque en "determinadas comunidades autónomas se está apostando por la privatización y externalización" de servicios que afectan a la IVE. Es el caso de Madrid: menos del 1% de los abortos se practicaron en la red pública, según las cifras de Sanidad. La reforma constitucional permitirá, según Redondo, que la IVE esté asegurada dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y se preste en la sanidad pública.

¿Habrá referéndum? En principio, no. El camino elegido por el Gobierno es el del cambio del artículo 43 de la Constitución, lo que conduce a una reforma ordinaria de la Carta Magna, que solo exige el apoyo de tres quintos de Congreso y Senado. No obstante, como recordó Redondo, si después de aprobada la modificación y en el plazo de 15 días una décima parte de los diputados o senadores así lo exigen, podría celebrarse un referéndum posterior. No opta el Ejecutivo por un camino más proceloso, que es el del reconocimiento del aborto como un derecho fundamental, pues eso obligaría a una reforma agravada de la Constitución, que supone la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. No obstante, ni siquiera la reforma ordinaria, la del artículo 43, será posible sin el concurso del PP. Sin los conservadores, no hay forma de llegar a los preceptivos tres quintos.

Una décima parte de los diputados o senadores podría forzar un referéndum tras la aprobación de la reforma. García muestra el "orgullo" por la propuesta del Ejecutivo, una "victoria peleada y luchada" por las mujeres desde hace muchos años

García manifestó a su vez su "orgullo" por el blindaje constitucional del derecho al aborto propuesto este martes por el Consejo de Ministros. "Es una victoria de las mujeres, es una victoria peleada y luchada desde hace muchísimos años, y que queremos blindar y que hemos vamos a blindar en la Constitución. Es la primera vez que las mujeres aparecemos como sujeto de derecho en un texto constitucional, así que creo que hoy es un día para felicitarnos todos y todas", aseguró. El problema es que difícilmente ese cambio en la Ley Fundamental de 1978 verá la luz. Aunque al Gobierno le sirve para mantener vivo un tema claramente incómodo para el PP y que le permite activar al electorado progresista y volver a conectar con las mujeres.