La indignación no para de crecer. El enfado, la rabia y la preocupación. La condena al fiscal general del Estado, histórica como histórico fue que se sentara en el banquillo, ha enardecido visiblemente al Ejecutivo, al PSOE y a la izquierda en su conjunto. "Esto ya va de ellos o de nosotros, y esto no lo hemos elegido nosotros", apuntan en la Moncloa, resumiendo un sentimiento muy extendido, la sensación de que la derecha utilizará todos los resortes a su alcance para derribar a Pedro Sánchez. Y la primera respuesta, la señal que emite el círculo del presidente, es una: "Resistir". Que todo "sigue igual", que no habrá virajes, ni golpes de efecto. Aguantar ante la adversidad, no arrugarse. Menos ahora, creen los socialistas, cuando la onda expansiva de una sentencia que consideran "injusta" ha alcanzado al ciudadano de a pie y ha logrado galvanizar al electorado progresista.

PUBLICIDAD

El Gobierno nunca dejó caer a Álvaro García Ortiz. Defendió su "inocencia" desde que el Supremo decidió abrir una causa contra él, en octubre de 2024, hasta el final. Él había perseguido "el delito" y defendió la "verdad", porque se afanó en desmentir el bulo que había difundido Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso: que la Fiscalía había ofrecido un pacto para eludir la prisión a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, una negociación que se frenó, hizo ver la Comunidad de Madrid, "por órdenes de arriba". Había sucedido justo al revés: fue González Amador quien buscó la conformidad penal con el Ministerio Público, y eso le suponía reconocer que "ciertamente" se habían cometido dos delitos contra la Hacienda pública —un fraude de 350.951 euros—. Pero el Supremo le ha hallado culpable de un delito de revelación de datos reservados y le condena a dos años de inhabilitación para el ejercicio del cargo, una multa de 7.200 euros y el pago de 10.000 euros a González Amador.

La sentencia no está redactada. Lo que hizo el alto tribunal el jueves, una semana después de que se cerrara la vista oral, en un tiempo extraordinariamente corto, fue adelantar el fallo. La Sala de lo Penal se partió en dos: los cinco magistrados conservadores apostaron por la condena, las dos progresistas —Ana Ferrer y Susana Polo, la ponente inicial, ahora ya desplazada por el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta— eran partidarias de la absolución e incorporarán a la sentencia sus dos votos particulares.

El Gobierno leyó enseguida que aquello era una sentencia de carácter "político". Desde el primer minuto trasladó públicamente que respetaba el fallo y que lo acataba, lo que implicará el nombramiento, "en los próximos días", de un nuevo o nueva fiscal general del Estado, pero también remarcó que no lo compartió. Y aunque el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, llamó a la calma, a no desconfiar de las instituciones —tampoco de la Justicia—, pese a la "discrepancia", el malestar era imparable. Enorme. En el PSOE y en el Gobierno, en los socios de izquierdas.

En quien Sánchez ha delegado la responsabilidad de trasladar públicamente esa irritación ha sido en uno de sus escuderos, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños. Él lo hizo primero el jueves por la noche en Hora 25 (SER), en la que insistió en que considera "inocente" a García Ortiz: "Cuando he escuchado el fallo he sentido desolación, hartazgo y descreencia en muchas cosas. Todo eso se ha tornado en indignación y ganas de hacer frente a algo que pone en riesgo el Estado de derecho. Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?".

El ministro continuó este viernes en Mañaneros 360 (La 1 de TVE): la condena, afirmó, es "injusta". "Este Gobierno es profundamente respetuoso con la Justicia, más incluso que algunos jueces, por eso precisamente acatamos la sentencia y pondremos en marcha los mecanismos. Pero lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo. Por favor, eso no, por favor. Que nos traten como adultos. Hay gente que está politizando la Justicia [...]. Es evidente que hay gente que está utilizando la Justicia para hacer política, por supuesto que sí, eso es así".

Pero, ¿ahora qué?

¿Reformar la Ley del Poder Judicial, como piden al Gobierno algunos de sus socios parlamentarios? ¿Adelanto electoral? ¿Indulto al fiscal general?

En la Moncloa señalan que están midiendo los pasos, "madurándolos", que nunca es aconsejable actuar en caliente. Pero todos los responsables consultados, en el Ejecutivo, en la cúpula del PSOE, subrayan que la mejor respuesta es, simplemente, "seguir". Continuar con los planes trazados hasta ahora, caminar hasta el término de la legislatura, en 2027, sin precipitación. "Resistir es vencer", sostienen en Ferraz.

"De momento, hay que elegir bien al sucesor o sucesora, y analizar en profundidad el texto de la sentencia", indica una integrante de la dirección. Por el momento, el equipo de confianza de Sánchez no ha deslizado posibles nombres para la Fiscalía General del Estado, aunque algunos cargos consultados creen que debiera ser un jurista con autoridad y claramente identificado con la línea del Gobierno. Nada de medias tintas. "Caretas fuera. Yo elegiría a quien hiriera de verdad", opina un mando monclovita. Bolaños, en su declaración institucional del jueves, solo señaló que el nuevo responsable del Ministerio Público "será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función".

Grupos como ERC o Podemos presionan para retomar la vieja idea de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que el PP acabe controlando el CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, en el Ejecutivo no ven viable esa opción. "A buenas horas. Eso, a efectos prácticos ahora, para qué sirve? La siguiente renovación es dentro de cuatro años, y la ley entretanto se puede volver a cambiar", sanciona un ministro. PSOE y PP pactaron el relevo del CGPJ en el verano de 2024, tras cinco años y medio de bloqueo, la parálisis más larga de su historia, y como prosperó la negociación no se activó ningún cambio legislativo para cambiar la forma de elección de los miembros del turno judicial (12 de los 20 vocales).

En la dirección del partido se abren a estudiar las propuestas de los grupos —"escucharemos el nivel de cabreo y lo que dicen"—, pero recuerdan que toda reforma de una ley orgánica requiere del voto de 176 diputados, mayoría absoluta, un umbral que ahora mismo no sería alcanzable dada la ruptura con Junts, que ya ha advertido de que no apoyará ninguna de las modificaciones en el campo de la Justicia propuestas por el Ejecutivo. "Y, en todo caso, primero a ver qué pasa con la votación del nuevo fiscal", advierte un miembro de la ejecutiva. Y es que la persona planteada por el Consejo de Ministros ha de recibir el visto bueno de la Comisión de Justicia del Congreso.

Sánchez valorará mañana domingo desde Johannesburgo (Sudáfrica), donde asiste a la cumbre del G-20, la condena a García Ortiz. Será la primera vez que lo haga, después de que lanzara un mensaje indirecto en el Congreso el jueves pasado en la presentación de la serie Anatomía de un instante (Movistar Plus+), cuando alertó de que hay que proteger la democracia de los "abusos de poder", de "aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla". Seguramente, tendrá que volver a responder si piensa en un adelanto electoral. Todos los dirigentes consultados por este periódico reiteran que no creen plausible que el presidente presione el botón, por mucho que el fallo del Supremo esté sirviendo para cohesionar a la izquierda. La hoja de ruta, por tanto, se mantendría: votación de la senda de estabilidad por dos veces antes de que acabe el año, presentación de los Presupuestos de 2026 en febrero. Imposible su aprobación, al menos por ahora, por la falta de apoyos.

El indulto es una pantalla que se ve más lejana. Miembros del Gobierno e interlocutores directos de Sánchez no acaban de ver la oportunidad de una medida de gracia para García Ortiz que levante su inhabilitación. Son partidarios de que agote la vía de los recursos: el incidente de nulidad ante el propio Supremo, que previsiblemente no prosperaría pero que es necesario para poder acudir al Tribunal Constitucional, y más tarde, si acaso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). "Lo probable es que el fiscal lo gane en el TC [de mayoría progresista] y en Europa. La sentencia es vergonzosa y no ha habido unanimidad".

El Ejecutivo sabe que cuenta, en realidad, con poco margen de maniobra. La acción legislativa la tiene muy limitada por la falta de mayoría en el Congreso, dada la deserción de Junts. Y no caben golpes de efecto. "No los hay. Porque entonces te cargas el efecto de solidaridad del pueblo ante una injusticia", observa un ministro.

PUBLICIDAD