El PP asegura que no tienen que hablar nada en estos momentos para la renovación de los cuatro puestos que quedarán vacantes en el Tribunal Constitucional la próxima semana, a partir del 17 de diciembre -fecha límite oficial para esa renovación-, cuando caduquen sus mandatos incluido el del presidente Cándido Conde-Pumpido. Aunque el trámite corresponde al Senado, es costumbre que los dos principales partidos dialoguen sobre el asunto. Algo que no se ha producido en plena rivalidad política entre PP y PSOE, y con numerosos escándalos por presunta corrupción que han hecho a Génova marcar distancias con el Gobierno.

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Este miércoles el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aprovechó una pregunta de control en el Congreso del secretario general del PP, Miguel Tellado, para instarle a fijar "día y hora" para una reunión donde abordarlo. Bolaños quiere que se celebre "esta semana o la siguiente" y reclamó al PP no permanecer "cinco años y medio incumpliendo la Constitución". Una referencia clara al periodo en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estuvo sin renovarse hasta el pacto de junio del año pasado bajo tutela de Bruselas.

Sin embargo, fuentes de Génova aseguran que ese movimiento no corresponde al Gobierno o al PP, sino que debe iniciarse en el Senado. A los populares la idea de dar salida a Conde-Pumpido, que se jubilará, es tentador. Lo consideran el mayor apoyo judicial de Pedro Sánchez y estiman que le instará para allanar la corrección de la sentencia del Supremo contra Álvaro García Ortiz. Sin embargo, en el PP encuentran varios inconvenientes.

El procedimiento del Senado debe consultar a las presidencias de todas las cámaras autonómicas para buscar propuestas de elección sobre las que después debatir. En un momento en el que el Parlamento de Extremadura está disuelto a la espera de elecciones el 21 de diciembre, en que Aragón puede seguirle en las próximas horas, y que por delante quedan al menos las renovaciones de las cámaras de Castilla y León y Andalucía, no les parece el escenario más adecuado. El proceso puede alargarse notablemente. Al Gobierno no le vale ese argumento. Aluden a que la actividad no se paraliza por completo cuando se convocan elecciones, dado que hay una diputación permanente.

Las presiones de Bolaños al PP para que se "cumpla la ley" no suponen preocupación a los de Feijóo, que rechazan lecciones. El dirigente, en la celebración de la Constitución el pasado sábado ya acusó al Gobierno de atacarla sistemáticamente y defendió que solo el PP la respalda.

"No hay una situación de normalidad"

Durante una comparecencia en el Congreso, Tellado fue preguntado sobre el asunto. Se movió en esa misma línea. Con esa exigencia, "Bolaños intentaba reflejar una situación de normalidad política". "Conoce como yo que para iniciar ese proceso debe ser el Senado quien inicie el trámite para que las CCAA cubran las vacantes. No nos corresponde. El Senado debe dirigirse a los presidentes de las cámaras. Lo de ayer es una cortina de humo para evidenciar normalidad ante la corrupción que les corroe", apreció el popular.

El procedimiento es claro en el artículo 184.7 del Reglamento del Senado. Tras recabar esas sugerencias de las cámaras, la Comisión de Nombramientos del Senado eleva las propuestas al Pleno. Pero requiere un apoyo elevado, superior a la mayoría absoluta, de tres quintos, lo que exige un acuerdo entre PP -mayoritario en el Senado- y el PSOE. Además de Conde-Pumpido, caducan los mandatos de José María Macías y Ricardo Enríquez -del bloque conservador- y de María Luis Balaguer -del bloque progresista-.

Aseguró tras ello que "con este Gobierno no se puede negociar nada, hay un colapso absoluto" y deben convocarse elecciones generales. De tal manera se pronunció el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo a finales de noviembre una vez José Luis Ábalos y Koldo García entraron en prisión provisional: "Con este Gobierno no se puede pactar nada". En plena competencia con Vox en Extremadura y las contiendas previstas en Castilla y León y Andalucía a la espera de lo que pase en Aragón, que apunta a comicios el 8 de febrero, el PP no se puede permitir acercamientos al Ejecutivo.

Tras la sentencia al fiscal general por revelación de secretos, los escándalos por presunta corrupción que afectan al PSOE, así como los de acoso sexual denunciados internamente contra, entre otros, figuras como Paco Salazar, Génova no puede dar oxígeno al PSOE y a Sánchez. Precisamente en un periodo en el que Vox y Santiago Abascal denuncian precisamente eso. Retratan a un PP y a un PSOE en constante alianza.

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