Entre el Gobierno y Junts no hay interlocución formal ya, no hay negociación. Todo, teóricamente, saltó por los aires en octubre. Pero el Ejecutivo sigue pensando, primero, que los posconvergentes no pueden oponerse a medidas que, aunque crean insuficientes, beneficien a Cataluña, y dos, que cuando el expresident Carles Puigdemont regrese a España, una vez se le aplique la ley de amnistía, se producirá un punto de inflexión en la legislatura y podrá intentar recuperar a su antiguo socio. Ambos elementos explican que en la Moncloa estén convencidos de que, llegada la hora de la verdad, cuando toque votar en el Congreso la reforma del modelo de financiación autonómica, Junts la apoyará, lo que no quita, insiste, que pueda "seguir defendiendo el cupo".

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La propuesta de nueva financiación no es, para el Gobierno, un mero gesto de cara a la galería, aunque también. Es decir, es una herramienta electoral, que cree útil para las convocatorias autonómicas que poblarán este 2026 —Aragón el 8 de febrero, Castilla y León en marzo, Andalucía en mayo o junio—, y también lo es para apuntalar a Salvador Illa en Cataluña. Pero no solo. Pedro Sánchez quiere ir hasta el final. Busca que se apruebe, que sustituya, en 2027, el modelo que ahora mismo está vigente y que está caducado desde 2014. Y está convencido de que lo conseguirá. Aunque por ahora no se perciba como un reto fácil ni al alcance de la mano.

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El pasado jueves, el presidente cerró el acuerdo sobre el nuevo diseño con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en una reunión en la Moncloa —la primera (al menos pública) desde que está en el poder—, y al día siguiente fue su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien presentó la propuesta, que aumentaría los recursos destinados a las CCAA en 20.975 millones de euros en 2027. Cataluña ingresaría 4.686 millones más, apenas un escalón por debajo de Andalucía (4.846 millones). El PP mostró su rechazo inmediato —también lo hizo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page— y Junts también a través de su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. "Perpetúa el café para todos y perjudica a los catalanes", condensó este domingo el vicepresidente y portavoz del partido, Josep Rius.

Este Gobierno tiene una experiencia contrastada en sudar la camiseta y dialogar con las fuerzas parlamentarias para sacar cosas que inicialmente pueden parecer difíciles", sostiene Sánchez

Pero el jefe del Ejecutivo no cree que se trate de un portazo definitivo. Este lunes, tras su encuentro en la Moncloa con el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis, fue preguntado por la falta de apoyos a su modelo de financiación y se mostró convencido de que esos respaldos acabarán llegando. "Este Gobierno tiene una experiencia contrastada en sudar la camiseta y dialogar con las fuerzas parlamentarias para sacar cosas que inicialmente pueden parecer difíciles", respondió.

Sánchez hizo "un llamamiento a todas las fuerzas políticas, singularmente aquellas que tienen presencia en gobiernos autonómicos, para de que dejen de lado la disputa partidista y piensen en sus ciudadanos y en mejorar la financiación de los servicios públicos, que se lleva en muchos casos más de un 60% o un 70% de sus presupuestos". El presidente se refería, obviamente, al PP, que lidera 11 CCAA (y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y cogobierna una más, Canarias. Pero a continuación extendió ese llamamiento a "todas las fuerzas parlamentarias". "Espero que podamos sacar adelante el sistema nuevo de financiación autonómica en este año", sostuvo, sin citar expresamente a los posconvergentes, pese a que se le había interrogado específicamente por ellos. El timing con el que cuenta el Gobierno es que la propuesta pase este miércoles, 14 de enero, por el filtro necesario del Consejo de Política Fiscal y Financiera —el órgano que reúne a Hacienda y a los consejeros autonómicos del ramo— y, antes de junio, aterrice en el Congreso para que arranque su tramitación parlamentaria, a fin de que esta se culmine a finales de año y pueda entrar en vigor en 2027. Año electoral, por cierto.

En el Ejecutivo estiman que es una buena señal que Puigdemont no haya lanzado ningún mensaje aún: "Son gestos de buena vecindad"

"Llegado el momento, el modelo de financiación contará con el apoyo de la mayoría del arco parlamentario. Y Junts lo apoyará", aseguran fuentes de la Moncloa. La tesis que manejan en el corazón del Ejecutivo es que no es incompatible que los posconvergentes continúen abogando por un concierto fiscal similar al vasco para Cataluña —eso fue lo que en 2024 anunció ERC que había pactado con el PSC para poder investir a Illa— y al tiempo den su respaldo a un modelo que mejora sensiblemente la financiación para la comunidad. Una señal positiva que percibe la Moncloa es que Puigdemont no ha emitido opinión sobre esta materia en los últimos días. Ningún post en X. "Son gestos de buena vecindad", apuntan, optimista, en el entorno del líder socialista.

"Junts cree que Cataluña debe salir del modelo vigente para las CCAA del régimen común, pero es que el diseño vigente, caducado desde 2014, perjudica mucho a Cataluña, igual que a la Comunidad Valenciana, a Murcia o a Andalucía, y los datos están obsoletos. ¿Van a votar en contra de nuestra propuesta, que claramente es más justa para todos los territorios? Cuando llegue el momento de votar, pulsarán el botón del , aunque sigan defendiendo el cupo para Cataluña", aseveran con rotundidad fuentes del Ejecutivo.

Los posconvergentes no han avanzado qué harán si se consuma la vuelta de su líder, pero sí insisten en que los compromisos deben cumplirse

Para el Gobierno, es capital el control de los tiempos. Y aquí también cree que juega a su favor la probable vuelta de Puigdemont a España. Se espera que en este primer tramo del año el Tribunal Constitucional ampare al expresident, por lo que a continuación el Supremo debería aplicarle la ley de amnistía. Su retorno, después de más de ocho años huido de la Justicia española, estima el Ejecutivo que ayudará a reconectar la relación y a cambiar dinámicas. Anticipa la Moncloa que podría ser el ancla capaz de vitaminar una legislatura que está siendo terriblemente costosa para Sánchez. En realidad, está frente a un mar de incertidumbre, porque los posconvergentes no han lanzado señales de cambio de guion: sí insisten en que los compromisos deben cumplirse. Y el presidente ya dijo, en un sorprendente giro solemnizado en dos entrevistas el pasado 2 de diciembre, que sí, que no había "cumplido" con sus socios y que haría todo lo posible para enmendarse.

Si nada se tuerce, por tanto, para junio, cuando el nuevo modelo de financiación autonómica entre en el Congreso como proyecto de ley orgánica, Puigdemont ya debería estar en España. El Gobierno necesita de su apoyo, de sus vitales siete votos, tanto para los Presupuestos Generales del Estado de 2026 —aún no aprobados por el Consejo de Ministros— como para proyectos cardinales como la quita de la deuda —otro acuerdo con ERC que sí que ya ha pisado la Cámara baja— o el rediseño de la financiación autonómica. Para entonces, quien no estará al mando de Hacienda es Montero: como tarde, ella partirá en abril hacia Andalucía, como candidata socialista a las elecciones autonómicas.

Salga aprobado o no el nuevo modelo, Sánchez tiene decidido hacer de ello una carta electoral. Una baza con la que intentará acorralar al PP en las sucesivas contiendas en las urnas

Ahora mismo, pronosticar si la nueva arquitectura financiera saldrá aprobada o no por las Cortes es saltarse varias pantallas. El Gobierno lo tiene difícil, muy difícil, porque el PP ha cerrado la puerta por completo y Junts insiste en que lo anunciado se aleja mucho de su exigencia de un concierto para Cataluña. Pero, aunque no quede aprobado el nuevo modelo, Sánchez tiene decidido hacer de él una carta electoral. Una poderosa baza con la que intentará acorralar al PP en las sucesivas competiciones en las urnas a la vista hasta las generales. Su pretensión es oponer la salvaguarda y protección de los servicios públicos frente a los "recortes" que promocionan la derecha y la ultraderecha.

Un 47% más que con el PP

Por esa misma razón el presidente, en su respuesta a los periodistas de este lunes, subrayó primero que el Gobierno ha inyectado a las CCAA "más recursos que nunca". "Estamos hablando de un 47% más de lo que dio la anterior Administración [del PP de Mariano Rajoy] a las comunidades autónomas", amplió.

Sánchez insistió en que su propuesta, la presentada por Montero el viernes, garantiza casi 21.000 millones de euros más, que pueden destinarse para financiar la sanidad, la educación o la dependencia, las grandes partidas de gasto de los Gobiernos regionales. Esos recursos extra proceden, explicó, "de la renuncia que hace la Administración General del Estado a financiar otras políticas públicas", una decisión que demuestra la voluntad del Ejecutivo de "robustecer" las políticas del Estado del bienestar que dependen de las CCAA.

No hay mejor manera de unir a los españoles, vivan donde vivan, que reforzando los servicios públicos, eso que cohesiona a una sociedad", defiende el jefe del Ejecutivo. "Todos ganan", incide

"No hay mejor manera de unir a los españoles, vivan donde vivan, que reforzando los servicios públicos, eso que cohesiona a una sociedad. Creo que 11 años después de caducado el modelo anterior [realmente son 13, dado que el sistema actual venció en 2014], este Gobierno pone una solución encima de la mesa que salvaguarda la multilateralidad, y que no hace perdedores, porque todos ganan", reforzó. Ese es uno de los puntos claves de la reforma diseñada por Hacienda: que no hay ninguna comunidad que pierda respecto a su posición de partida. Todas ganarían más recursos o, como poco, los mantendrían, caso de Cantabria y Extremadura, las dos regiones que más se han beneficiado del modelo que se aprobó en 2009 y caducó en 2014.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez; la presidenta del partido, Cristina Narbona (i), y la vicepresidenta primera del Ejecutivo y vicesecretaria general socialista, María Jesús Montero, durante la reunión de la ejecutiva federal del partido de este 12 de enero de 2026 en Ferraz. | EFE / ZIPI ARAGÓN

El presidente defendió además que este es el momento para aprobar el nuevo modelo, por la bonanza económica y el crecimiento extraordinario de la recaudación (30.000 millones más en 2025): "Estamos en un momento económico en el que podemos garantizar esa financiación extra a las comunidades autónomas, porque España está creciendo". De ahí el llamamiento a "todas" las fuerzas políticas, y singularmente a los gobiernos del PP.

El líder socialista llama a aprovechar el momento de bonanza que permite garantizar esa "financiación extra a las CCAA"

El debate de la financiación, siempre muy viscoso y técnicamente complejo, quiere aprovecharlo el Gobierno para pertrechar su discurso político frente al PP, como arma de campaña. También para poner contra las cuerdas a Junts. Está por ver que le funcione. Como está por ver si logrará aprobar la reforma en el Parlamento. Para eso quedan muchos meses.