El Gobierno se había podido olvidar de su infierno parlamentario durante prácticamente mes y medio. Se despidió el 10 de diciembre en el último pleno del año porque luego venían las elecciones en Extremadura —desastrosas para el PSOE, por cierto— y el periodo ordinario no arranca cada año hasta febrero. Pero antes de ese comienzo de la actividad habitual del Congreso, el Ejecutivo sabía que tenía que superar una meta volante que esperaba sencilla: la convalidación de los dos últimos reales decretos leyes que aprobó en el último Consejo de Ministros del año. Esa prueba llega este martes, 27 de enero. Y al menos parcialmente la tiene perdida, porque el primero de esos dos textos, el que incluye la revalorización de las pensiones y la prórroga del escudo social, será previsiblemente tumbado por las derechas de PP, Junts y Vox. Y el segundo, el de ayudas al transporte y creación de un abono único, peligra. El ministerio de Óscar Puente cree que puede sacar adelante la norma, pero los posconvergentes aún no han confirmado el sentido de su voto.
La sesión de este martes en la Cámara baja, la única que acogerá el hemiciclo en un mes inhábil en las Cortes, se presenta más cuesta arriba aún para el Gobierno por el contexto. Por un lado, avanza la investigación del accidente de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 fallecidos y 123 heridos, y la hipótesis que cobra más fuerza es la de la rotura de una soldadura de la vía, la que unía un tramo de carril viejo, fechado en 1989, y otro nuevo, datado en 2023.
El Ministerio de Transportes cesa a dos cargos medios, el director operativo de Renfe Rodalies, y el jefe de Explotación de Adif, ambos nombrados en 2025, para intentar calmar la tensión con el Govern
Y por otro, el caos en Rodalies no cesa: este lunes, tras cuatro jornadas de suspensión total del servicio, el tráfico sufrió nuevas interrupciones, pese a que la Generalitat contaba con que se podría regresar a una cierta normalidad. El Govern de Salvador Illa, ya harto y cada vez más señalado por la oposición en el Parlament, reclamó a Adif y Renfe que asumieran "responsabilidades", y el Ejecutivo respondió: el Ministerio de Transportes, como anunció su número dos, José Antonio Santano, cesó a dos cargos intermedios de ambas empresas públicas. Al director operativo de Renfe Rodalies, Josep Enric Garcia Alemany, y al director general de Operaciones y Explotación de Adif en toda España, Raúl Míguez Bailo, ambos ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y nombrados en marzo de 2025.
Santano avanzó además que se ampliará el volumen de inversión para las cercanías: de los más de 6.300 millones hasta 2030 —ya se han ejecutado 2.500— hasta 8.000 millones. Para el Govern, no es sencillo manejar la tensión con el Gobierno, del mismo color: "Tenemos a ERC apretando y tenemos que intentar pactar con ellos los presupuestos de este 2026", explican a este diario fuentes próximas del equipo de Illa. Para la Moncloa, también resulta clave caminar de la mano de la Generalitat, porque Cataluña es hoy por hoy el principal granero socialista. Allí PSOE y PSC se juegan mucho.
El ministro insiste en que si alguien ha cometido alguna irregularidad o ha agravado la tragedia, tendrá que pagar por ello. "Y que caiga quien tenga que caer y si soy yo, señores míos, tendré que ser"
Está por ver que ambas destituciones calmen los ánimos, enderecen el problema y sirvan para relajar la tensión estallada entre los dos gobiernos, pero en cualquier caso la presión asciende hacia el propio ministro Puente. No hay ninguna duda del respaldo del presidente, Pedro Sánchez, y tampoco de la ejecutiva socialista, que en su reunión de este lunes cerró filas con él y apoyó su gestión "rigurosa y transparente" frente a los "bulos, disparates y desinformación" que, a su juicio, lanza el PP. Pero además de los populares, que exigen su dimisión, también empujan socios como ERC y también Junts. El titular de Transportes no tiene en mente marcharse: este lunes, en La hora de La 1 (TVE), insistió en que si alguien ha cometido alguna irregularidad o ha contribuido, con su acción u omisión, a la tragedia o a agravar sus consecuencias, entonces tendrá que pagar por ello. "Y que caiga quien tenga que caer y, si soy yo, pues, señores míos, pues tendré que ser", remachó.
Despiezar los textos
Ese ambiente, cada vez más crispado, es el que precede al pleno de este martes en el Congreso. A la conmoción por el siniestro de Adamuz y las pesquisas que continúan en el juzgado y en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y al descontrol de Rodalies se sumará la dosis de recuerdo de la precariedad parlamentaria que sufre el Ejecutivo.
Junts y PP rechazan el decreto que incluye el alza de las pensiones porque contiene medidas con las que no están de acuerdo, como la moratoria antidesahucios
De los dos decretos leyes que se someten a convalidación, uno ya está perdido de antemano. Y es muy relevante y sensible. Es el de subida de las pensiones y extensión del llamado escudo social. PP y Junts advirtieron ayer de que no lo respaldarán porque el texto incluye otras medidas con las que no están de acuerdo, como la moratoria antidesahucios.
La dirección de Alberto Núñez Feijóo sí adelantó su no, mientras que los posconvergentes no fueron tan directos en su negativa: registraron este lunes una proposición de ley para establecer una alza automática de las pensiones conforme al IPC, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2026, y garantizar así la actualización de todas las pensiones contributivas y no contributivas y de las principales prestaciones sociales. "La revalorización de las pensiones es una cuestión de justicia social y no puede quedar secuestrada por decretos leyes que mezclan medidas que no tienen nada que ver", arguyó la portavoz parlamentaria en Madrid, Míriam Nogueras. El vicepresidente de la formación, Josep Rius, agregaba que "no se puede aprovechar para introducir medidas que castigan a pequeños propietarios y que complican el mercado de la vivienda". Los jubilados "no pueden ser el juego del Gobierno", señaló, en el mismo sentido, el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo.
La revalorización de las pensiones, dice Nogueras, "no puede quedar secuestrada por decretos leyes que mezclan medidas que no tienen nada que ver"
Sin PP ni Junts, el decreto ley no tiene viabilidad ninguna, así que morirá. La duda es entonces qué hara el Ejecutivo para acometer esa subida del 2,7% de las pensiones. La portavoz socialista, Montse Mínguez, apuntó este lunes que el Gobierno no tiene ninguna intención de trocear el texto para que salga adelante, como le piden las dos formaciones de derechas, pero el año pasado tuvo que plegarse y recortar su decreto ómnibus para que los posconvergentes lo aceptaran. Entonces la relación del Ejecutivo con ellos pasaba por un momento crítico. Ahora, las relaciones están rotas. Desde el pasado octubre.
Comparecencia tras el Consejo de Ministros
Sobre el segundo decreto ley, el que prorroga las ayudas al transporte para todo 2026 y crea el abono único, en marcha desde la segunda quincena de enero, hay más dudas. El PP se niega a apoyar el texto y Junts no ha adelantado qué hara. Así que la norma podría sucumbir también por la suma de las derechas españolas y la derecha independentista catalana. ERC, aunque pide la dimisión de Puente, sí confirma que votará sí. No ha avanzado su decisión Podemos, aunque acaba de tejer un muy importante pacto con el Gobierno de regularización masiva de inmigrantes.
En el Gobierno confían en que salga adelante el texto que impulsa Transportes, aunque llega el debate en un momento difícil para el ministro
Fuentes de Transportes, no obstante, creen que el decreto ley podrá salir adelante. Fuentes muy próximas al ministro Puente indicaron que son optimistas, aunque tampoco querían dar nada por hecho. La experiencia ya dicta que con la formación de Carles Puigdemont nunca nada es seguro.
Puente no será quien defienda el texto este martes en el pleno del Congreso, porque comparecerá tras la reunión del Consejo de Ministros ante los medios. En un momento enormemente complicado para él, pero sigue fiel a su decisión de no "esconderse" y "dar la cara" para explicar lo ocurrido en el accidente de Adamuz y en Cataluña con el caos en Rodalies. El jueves, Puente comparecerá en el pleno del Senado, reclamado por el PP, que controla la Cámara con mayoría absoluta. Sánchez lo hará en el Congreso, pero más tarde, el miércoles 11 de febrero, después de las elecciones autonómicas de Aragón.
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