"Cuando lleguen las elecciones generales". Cinco palabras. El presidente del Gobierno concluyó su respuesta con ellas y algunos dirigentes de su partido sintieron un cierto latigazo. No les gustó. No se esperaban que fuera tan explícito, que dejara traslucir tanto sus pensamientos. Otros, sin embargo, las encajaron con normalidad, sin más ruido.

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Esas cinco palabras encerraban un debate que circula en el PSOE y que apunta al calendario que tiene en la cabeza el secretario general y jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y sobre todo a su estrategia. Porque solo él tiene en su mano elegir la fecha de las generales y, hasta el momento, mantiene que serán en julio de 2027. Esto es, después de las autonómicas y municipales de mayo, en una jugada de ajedrez simétrica a la que valió en 2023 para preservar la Moncloa. La fecha, julio de 2027, la anticipó el pasado 11 de febrero en el pleno del Congreso. Pero fue el pasado miércoles, en su comparecencia ante los medios en Nueva Delhi, en su primera jornada de trabajo durante su viaje oficial en India, cuando dijo algo más.

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Cuando empleó esas cinco palabras. Los periodistas le habían preguntado qué creía que explicaba la caída del PSOE, porque aquella era la primera rueda de prensa que él daba desde las elecciones de Aragón del pasado 8 de febrero, en las que su partido perdió cinco escaños y 5,26 puntos —habían sido 10 diputados y 14,14 puntos en los comicios de Extremadura del 21 de diciembre—. Qué reflexión hacía. Qué autocrítica. "Nuestro electorado se está quedando en la abstención y creo que tenemos que analizar exactamente por qué no acuden a votar. Entiendo que puede haber elementos que hayan significado argumentos para quedarse en la abstención. Pero, en todo caso, lo que sí que les digo es que trabajaremos precisamente para que todo ese electorado se movilice cuando lleguen las elecciones generales".

Sánchez parecía deslizar que su prioridad son únicamente las generales. Que solo en ellas buscará despertar al electorado progresista, muy retraído. Así lo decodificaron varios mandos de su partido, que ya desde antes no escondían su malestar por el hecho de que las municipales y las autonómicas lleguen, previsiblemente, antes, con el riesgo de que sean los candidatos en esos comicios los que sufran el castigo ciudadano, los que paguen el descontento con el Gobierno.

"Sin comentarios", expresa un mando municipal que conoce bien la organización, muy molesto por las palabras del presidente. "El poder local", sigue, "tiene claro que si Pedro lleva las generales a julio de 2027 va a hacer la campaña su tía. Si previamente llevas al atolladero a todo tu poler territorial, que hoy fundalmentalmente son los ayuntamientos... no puedes esperar que luego se muevan por ti". "Quiero pensar que el presidente se confundió. No estuvo acertado. No me gustó. Es que si salen mal los territorios, las generales también irán mal. Todo va unido", apunta por su parte uno de los jefes de un aparato territorial más veteranos. "Es algo demoledor que lo diga así, sí, que se volcará en la movilización de las generales", coincide otro dirigente que sabe perfectamente cómo funciona el engranaje del partido. "Claro que los alcaldes queremos ir después de las generales a las urnas —expresa una regidora socialista—. Nosotros estamos a full. Damos la cara y trabajamos 24/7 y se debería mirar por nosotros más".

Un presidente de una diputación provincial estalla:

—Impresentables declaraciones. Parece que él no tiene culpa de nada, parece que no le importa nada de nada ni las autonómicas ni las municipales. Las generales deben ser antes que las municipales.

El PSOE se sabe débil. El mazazo de las elecciones del 28 de mayo de 2023 no se ha curado, ni mucho menos. En aquel momento, el partido estaba convencido de que salvaría mejor aquel examen. Gobernaba un grandísimo número de municipios, tenía nueve presidentes autonómicos. Los socialistas eran conscientes de que no se hallaban en el momentum de 2019, cuando la división de la derecha —entre un muy marchito PP, un pujante Ciudadanos y un naciente Vox— y la ola muy favorable por el primer Gobierno bonito de Sánchez impulsó a sus candidatos.

Pero aquella campaña, la de 2023, se torció. En las semanas y meses anteriores el debate público estuvo colonizado por una agenda que les perjudicaba, como los fallos de la ley del sí es sí —el Ejecutivo promovió su reforma de la mano del PP y sin Podemos— y la eliminación de la sedición y la reforma de la malversación. Cuando llegó la recta final, sin embargo, todo se complicó. Las listas de Bildu con exetarras, un ambiente crispado ejemplificado en los gritos de "¡que te vote Txapote!" que recibieron los candidatos y las acusaciones de fraude electoral (que se desvanecieron pasado el escrutinio) mancharon decisivamente la campaña para el PSOE. El presidente no combatió el espantajo del antisanchismo y presumió de la gestión de su Ejecutivo, anunciando medidas mitin tras mitin que quitaban el foco a sus presidentes autonómicos y alcaldes. Resultado: el 28 de mayo, los socialistas sufrieron un verdadero naufragio. Perdieron decenas y decenas de ayuntamientos y seis de sus gobiernos regionales. Solo sobrevivieron tres barones: Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, el único sostenido con mayoría absoluta; Adrián Barbón en Asturias y María Chivite en Navarra. A ellos se sumaría, un año más tarde, Salvador Illa en Cataluña, la principal comunidad liderada por los socialistas.

La catástrofe, agudizada por el hundimiento de la izquierda del PSOE, fue de tal magnitud que Sánchez compareció a primera hora del 29 de mayo para anunciar la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de las generales para el 23 de julio, unos comicios que preveía inicialmente para diciembre de ese año. El presidente emprendió una campaña radicalmente distinta: aquí sí plantó cara al antisanchismo con múltiples entrevistas (muchas en medios hostiles), se dirigió a nuevas audiencias (como los jóvenes), y aunque patinó en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo supo rehacerse y sacudir el desánimo de su partido. El líder logró dar la vuelta a la campaña, agitó el miedo a la ultraderecha y aprovechó los errores del contrario y su mala digestión de las autonómicas y municipales y los posteriores pactos con Vox. Resultado: el 23-J Sánchez cosechó un millón de votos más, un diputado más (hasta 121) respecto a cuatro años antes y, sobre todo, retuvo la Moncloa. Esta vez tras un doloroso pacto con Junts que incluyó aceptar una ley de amnistía que antes de las urnas rechazaba.

El presidente programó para el 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2024 el 41º Congreso Federal del PSOE, en Sevilla, con la idea de propiciar la renovación de los liderazgos territoriales y recuperar parte del poder perdido un año antes. Pero el PP quiso jugar a crear un clima adverso para los socialistas, poniendo por delante dos urnas antes de las que tocaban, por agotamiento del mandato, en marzo de 2026 (Castilla y León) y en la primavera (Andalucía): anticipó los comicios en Extremadura y Aragón. El PSOE se hundió por completo en la primera y repitió su mínimo histórico en la segunda. Los ánimos en el partido están bajos, justo lo que pretendía la dirección de Feijóo.

Y aunque las perspectivas para las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo no son tan negativas —los socialistas aún confían en quedar primeros, y el CIS dibujó este viernes un empate técnico con el PP, aunque con unas horquillas enormes—, sí lo son para Andalucía. Y lo son también para el resto de autonómicas y las municipales de mayo de 2027. Eso explica el rechazo de muchos alcaldes al calendario que tiene en la mente Sánchez. Temen que los ciudadanos les endose su malestar con el Gobierno, como ocurrió en 2023.

La confesión del presidente en Nueva Delhi, insistiendo en que buscará la movilización para las generales, ha ahondado en algunos dirigentes esa sensación de desamparo. Quien lo ha explicitado es García-Page, el barón más crítico —la dirección federal es "también responsable de los candidatos y de las candidaturas y de los alcaldes actuales, y se tiene que responsable de sus resultados, y lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo cuartel general"—, pero en esta cuestión no es una voz minoritaria ni aislada. En el partido late desde hace años el malestar contra el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha por sus reiterados pronunciamientos públicos contra el Gobierno, pero en esta ocasión más dirigentes se alinean con él, aunque la inmensa mayoría en privado. Sí verbalizó ese respaldo esta semana la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés.