Día para la historia en el Tribunal Supremo. Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han testificado a última hora de este lunes en el juicio del 'caso mascarillas' para desgranar los informes patrimoniales del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, poniendo el foco en los ingresos en efectivo detectados en sus cuentas y en una supuesta contabilidad paralela denominada "caja b" o "lista número 2". Los investigadores fueron además tajantes al interpretar el lenguaje empleado por Koldo en sus comunicaciones: "No queda ningún tipo de duda" de que las 'chistorras' a las que hacía referencia eran dinero en metálico, concretamente billetes de 500 euros.
Ha sido una de las jornadas más largas de la historia reciente del Alto Tribunal. La sesión arrancó unos minutos después de las 10:00 de la mañana y terminó a las 00:03, cuando el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, suspendió el juicio hasta el próximo jueves, día en que tendrán lugar las declaraciones de los tres acusados. El día estuvo marcado por la testifical del teniente coronel Antonio Balas, jefe del departamento de Delincuencia Económica de la UCO, que situó a Víctor de Aldama en la cúspide de un entramado criminal —"El que paga manda"— en el que Ábalos tenía un papel "fundamental".
Balas permaneció en el Salón de Plenos durante prácticamente toda la jornada y solo cedió protagonismo en el último bloque temático, cuando comparecieron los dos agentes encargados de los informes patrimoniales. Antes de comenzar esa última parte, ya pasadas las 22:00 horas, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, reconoció el desgaste acumulado y preguntó a los agentes si estaban en condiciones de continuar con el interrogatorio. "Se hará lo que se pueda", contestó uno de ellos.
En relación con Koldo, la UCO ha subrayado especialmente el "cambio de tendencia" que sitúan en 2020, cuando su entorno comienza a registrar un volumen de dinero en metálico muy superior al de años anteriores, hasta superar los 600.000 euros entre 2018 y 2021. Según han explicado, ese incremento se refleja con claridad ese año, que coincide con las supuestas comisiones por la compraventa de material sanitario en la pandemia, con ingresos en efectivo que alcanzan los 130.000 euros frente a cifras muy inferiores en ejercicios previos.
En conjunto, la UCO sitúa en torno a 1,3 millones de euros los ingresos en cuentas de Koldo y su entorno, con operaciones en metálico que rondan los 350.000 euros. Aunque parte de esas cantidades figuran con concepto, los agentes advierten de que "distan mucho de estar justificadas" y señalan además ingresos sin explicación por valor de cientos de miles de euros entre 2020 y 2022. A ello añaden la compra de tres inmuebles y la amortización de préstamos por más de 250.000 euros sin que su capacidad económica declarada lo sustente.
En el caso de Ábalos, los agentes han apreciado un patrón "similar", aunque con menores cuantías, con un aumento de los ingresos en efectivo que alcanza su punto máximo también en 2020 y un descenso posterior coincidente con su salida del Ministerio. Han considerado además "llamativo" que entre 2014 y 2017 se registraran retiradas en efectivo por 19.500 euros, mientras que entre 2018 y 2023 cayeran a cero, lo que, a su juicio, indicaría la existencia de "una fuente de efectivo de la que estaría disfrutando".
Los investigadores también han subrayado cómo Koldo se sorprendió en unas conversaciones intervenidas de que Ábalos hubiera gastado en dos años 432.000 euros, una cantidad "muy elevada" para un periodo "muy corto". En ese contexto, describieron una operativa económica compartida entre ambos y una contabilidad paralela con anotaciones de pagos y gastos.
En síntesis, la UCO ha defendido durante este lunes —ya entrado el martes— sus averiguaciones y el material incorporado a la causa. Balas esperó a que terminara la sesión y se abrieran las puertas del Salón de Plenos para abandonar el tribunal junto a sus compañeros, tras una jornada agotadora cuyo final provocó aplausos entre los periodistas que aún seguían la vista desde la biblioteca del Supremo.
14 horas de juicio
Los agentes han sostenido que la presunta organización liderada por Aldama tenía acceso "rápido y directo" a altas instancias del Estado y a distintos ministerios, algo que vinculan al peso político de Ábalos y a la capacidad de intermediación de Koldo. En esa línea, han citado gestiones relacionadas con el rescate de Air Europa y la visita a España de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez. También han asegurado que Ábalos y Koldo siguieron recibiendo dádivas incluso tras salir del Ministerio, entre ellas pagos mensuales y el alquiler del piso de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro, con el objetivo de mantener la influencia política de Ábalos.
La jornada también ha abordado los supuestos enchufes de personas vinculadas al exministro en empresas públicas. La UCO ha afirmado que Rodríguez no llegó a trabajar en Ineco y Tragsatec y ha atribuido un "rol destacado" en su contratación a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera. Sobre Claudia Montes, han relatado que pasó en cuestión de horas de estar al borde del despido en Logirail a ser ascendida como supervisora. Además, los agentes han defendido la solidez de la cadena de custodia de las pruebas intervenidas y han rechazado cualquier posibilidad de manipulación de las evidencias obtenidas en los registros.
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