La fórmula de pactos con Vox alejan a Feijóo de su anhelo de gobernar en solitario

El líder de Vox, Santiago Abascal, volvió a reivindicar a mediados de la semana pasada su deseo de entrar en los gobiernos en donde tengan oportunidad, de mojarse. Ello, después de meses, desde la ruptura generalizada de coaliciones con el PP en julio de 2024, atendiendo a las ventajas electorales, con crecimiento incluido en las encuestas y posibilidad de confrontación que permite el papel de partido de la oposición. Incluso se dudó antes de la apertura del ciclo electoral sobre esa decisión. En Bambú siguen la línea de Abascal, están "listos para gobernar" con el PP, aseguran, a la par que tienen el objetivo de llegar a las elecciones generales de 2031, si el calendario sigue su curso, con la posibilidad de dar un sorpasso al centroderecha, uno de los pocos casos en comparación con los socios del EPP que siguen fuertes pese al ascenso de la ultraderecha.

La idea de gestionar, de conformar coaliciones de gobierno en la que tener un importante papel, choca de bruces con el objetivo marcado el verano pasado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los suyos. Semanas antes del último congreso del partido, desde Génova se afirmó que en esa carrera a Moncloa la pretensión era llegar a gobernar con mayoría absoluta -con una estimación de 10 millones de votos necesarios-, y, de no ser viable, conseguir sí o sí un Ejecutivo monocolor, sin compartir puestos en vistas al "caos" en la convivencia con Unidas Podemos, primero, y luego Sumar, para el PSOE en los dos primeros gobiernos de coalición de esta etapa democrática.

Feijóo, posteriormente, y en ese propio cierre de congreso a principios de julio, matizaba aún más: intentaría alcanzar esa independencia de gestión y reducir cualquier a acuerdo a puntos programáticos. Es decir, abogar por que Abascal no toque zonas de poder más allá de condicionar cuestiones políticas. Iba implícito para otras posibles combinaciones de alianzas de darse, como con Junts, el PNV o Coalición Canaria, fuerzas con las que en esta legislatura lejos de cerrar heridas ha intensificado las distancias.

El popular, con un Vox ubicado en el 18% de media en las encuestas nacionales está lejos de bajar de los 50-60 escaños en el peor de los casos. Eso dificulta la justificación de quedar fuera, cuando Sumar entró con cinco carteras y poco más del 12% de los votos en 2023. Pero las coaliciones de Extremadura y Aragón, la que vendrá en Castilla y León próximamente, y la posibilidad de que Juanma Moreno deba someterse a una negociación con Bambú si baja de los 55 escaños que le brindan la absoluta, dejan una muy complicada papeleta al dirigente nacional del PP. Lo que suceda con Moreno Bonilla, de darse, y la forma de conformar ese acuerdo, si como la tendencia que se da ahora o el modelo sevillano de José Luis Sanz -con Vox fuera del Gobierno municipal- puede servir de previa a una posterior negociación de las generales. No hay ninguna encuesta privada, salvo la pública del CIS que no determine una rotunda mayoría absoluta para PP y Vox.

Un escenario andaluz de negociación, de requerirlo Moreno Bonilla, será referencia para Feijóo por la proximidad ideológica que unen al líder y al barón: de apuesta de moderación, de entendimiento y de huida de unos extremos a los que el gallego se ha visto obligado a ceder por dependencia electoral. Una propuesta política notablemente alejada de la de Isabel Díaz Ayuso, muy ligada a esa corriente de la derecha alternativa, a personalidades cercanas a Vox como a Javier Milei, de dar la batalla cultural más allá de propuestas centradas en la economía o tecnócratas de pura gestión, para movilizar.

Vox se mantiene duro frente a Feijóo

Desde Vox, fuentes de la dirección nacional afean a Feijóo su postura, que ocasionalmente hable de las futuras acciones que tomará en sus primeros días como presidente. Principalmente, porque creen que se comete el "mismo error" que en las últimas generales, dando la victoria y la suma de la derecha por descontada para después, pese a ganar el PP, ver como la llamada al voto útil -unos cuatro escaños no logró Vox por votos al PP no materializados- y los pactos con partidos como Junts evaporaban cualquier posibilidad dan a Sánchez su tercer gobierno consecutivo tras el de 2018-2019 y el de 2020-2023. Abascal le reprochó algo parecido recientemente en X, al calor de una publicación con medidas de gobierno desde cuentas del PP.

En Vox tampoco gusta el supuesto 'doble juego' de Feijóo, le acusan de ambigüedad, de negociar gobiernos y torpedearlos después, aunque lo cierto es que tras cerrar Extremadura, el PP ha reivindicado a todas sus escalas lo firmado -salvo por las críticas de Ayuso y el desmarque de Moreno Bonilla-. De hecho se ha reafirmado el texto en el Congreso, para enmendar a Vox en cuanto al concepto de 'prioridad nacional'. Mientras se abren al perfil de gobierno, Vox busca una diferenciación de los barones con Génova, para poder seguir implementando su estrategia de voto protesta y confrontación con el bipartidismo, una posición que será caduca si acaban gobernando con los populares.

La única posibilidad de que Feijóo pueda gobernar sin miembros de Vox en su gabinete, es que Bambú plantee que la mejor forma de evitar un desgaste directo e intentar llegar fuerte al siguiente ciclo electoral es el rol de socio externo, una inversión de riesgo sobre todo sí finalmente la gestión del PP carece de puntos polémicos y si el 'factor Sánchez' desaparece del tablero, sale de la política. Y es que la confrontación con el socialista es uno de los componentes que impulsa a Vox mediante el descontento, la emotividad y la movilización irracional. Más ideológica que material.

Las medidas que tendrá que asumir Feijóo

La llegada condicionada del popular a Moncloa tendrá que asumir cuestiones como la de la 'prioridad nacional', al menos en los términos ya acordados en Extremadura y Aragón mientras Vox puja por priorizar la cuestión de la nacionalidad sobre el arraigo. Ya en esos acuerdos territoriales hay compromiso mutuo -respaldado por las direcciones nacionales- de reformar la Ley de Extranjería -Ley Orgánica 4/2000-, y hasta la fecha se buscarán los cauces legales a disposición de las autonomías para esa determinación de la prioridad al acceso de ayudas sociales.

Al mismo tiempo, el PP apela a replantear la gestión de las repatriaciones de inmigrantes irregulares de acuerdo no a la remigración que pide Vox, sino al reglamento europeo de retornos de este mes de marzo. Contempla, al 'estilo Meloni' la creación de centros de gestión inmigración irregular en terceros países. Esto va en la línea del endurecimiento del discurso del EPP. En el acuerdo aragonés con Vox se pone énfasis en el "uso fraudulento del padrón municipal". Se quiere impedir con la modificación de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local para hacer nulo cualquier registro de personas que ocupan una vivienda y evitar, con ello, que reciban prestaciones. PP y Vox ya han registrado medidas similares en esta legislatura sin éxito, más allá del Senado, donde los populares tienen mayoría.

La okupación está en la mira de esos acuerdos de coalición. Especialmente los desalojos exprés, incluyendo los forzosos si no hay voluntad de los ocupantes, o el endurecimiento de las penas para los okupas.

Más allá de la inmigración ilegal y la seguridad, Feijóo tendrá que hacer suyas posiciones equidistantes con el Pacto Verde europeo, apoyado por su familia europea y contra el acuerdo UE-Mercosur siempre que no se respeten las salvaguardas. El PP ha avalado el tratado comercial desde el principio, pero la competencia con la ultraderecha y entre el sector primario le ha llevado elevar el tono y a hacer matizaciones. Igualmente, las rebajas fiscales, en los primeros tramos del IRPF, o la extensión de las bonificaciones en impuestos como sucesiones o donaciones, están sobre la mesa ya en el PP.

Por otro lado, el calendario del cierre de las nucleares. En Extremadura, ambas formaciones se han puesto de acuerdo para blindar la continuidad de la central de Almaraz, con la supresión de la ecotasa antes de 2030. Se mira a la reducción de impuestos como el de la producción de la energía eléctirca y el del combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, entre otros. Como mínimo, Génova tendrá que ceder a todo lo pactado con Vox en las regiones, a falta de conocer el texto en Castilla y León y si Andalucía quedará o no condicionada.