Sánchez alerta de que tras la prioridad nacional vendrán más "discriminaciones" a otros colectivos

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero advertía este jueves desde Jaén, en su desembarco en la campaña andaluza junto a María Jesús Montero, que el pacto de PP y Vox que se ha firmado ya en Extremadura y Aragón, y que contiene la "prioridad nacional", es solo "un primer pasito" de las derechas en sus políticas "discriminatorias y xenófobas". En esa línea apuntó horas después, este viernes, el propio jefe del Ejecutivo a su llegada al Consejo Europeo informal en Nicosia (Chipre). "Pasado mañana", la "discriminación" afectará a otros colectivos, avisó.

Los socialistas van subiendo el tono contra el PP por la controvertida inclusión de la cláusula, en sus pactos con Vox, de la "prioridad nacional". Es decir, que los extranjeros sean preteridos en el acceso a la sanidad, a las políticas sociales, a la vivienda, pese a que la Constitución o la ley impiden la discriminación de ciudadanos por cualquier tipo de razón. Los populares se han ido enredando en la madeja mientras, a la vez, retumba en el ambiente el desarrollo del juicio en la Audiencia Nacional a la operación Kitchen. Ayer declararon como testigos Mariano Rajoy y su número dos en el PP, María Dolores de Cospedal, y básicamente negaron saber nada. Sánchez también exigió a la actual dirección de Alberto Núñez Feijóo que no dé amparo al expresidente del Gobierno, que se desmarque.

El líder socialista fue preguntado por los periodistas a su llegada a la cumbre informal en Nicosia por ambos asuntos. Y sobre el primero, sobre el pacto PP-Vox —Sánchez ya se había pronunciado sobre el acuerdo en Extremadura la semana pasada, pero no sobre el cerrado en Aragón, que fue este último miércoles tras la sesión de control al Gobierno en el Congreso—, llamó la atención primero sobre el "posicionamiento tan contundente" que ha hecho Amnistía Internacional. Una ONG, recordó, "absolutamente independiente" y que "no se casa con ningún gobierno". Pues bien, él coincide con su apreciación de que los dos acuerdos "ponen en riesgo los derechos humanos en nuestro país".

"Porque cuando hablan de prioridad nacional están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase. Cuando hablan de prioridad nacional lo que están hablando es de violar un principio básico de nuestra Constitución, como es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan, sea cual sea su origen, su raza, su orientación sexual o su género", subrayó.

En ese aviso, Sánchez convergió con lo expresado ayer en Jaén por Zapatero, pero también con una segunda apreciación, que "se empieza por esta discriminación" y al final se sigue por una pendiente peligrosa. La razón es que los dos acuerdos señalan a "asociaciones que cubren políticas sociales a las que no llega el Estado, no solo religiosas [como Cáritas], sino también feministas, que cuidan y que trabajan en pro de la diversidad".

"De esto estamos hablando, de abrir la puerta a una discriminación que hoy afecta a ciudadanos migrantes, pero que pasado mañana, sin duda alguna, va a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por parte de la ultraderecha", alertó. Y eso le conduce a la reflexión de que "si después de cuatro meses o seis meses negociando" PP y Vox "lo único que pueden ofrecer a España, a Extremadura, a Aragón, es este proyecto de involución y de reacción", entonces "es un auténtico desastre para los intereses de Extremadura, de Aragón y de España". A juicio de presidente, España "avanza cuando mira hacia adelante, no hacia atrás, cuando reconoce derechos, no cuando los recorta, cuando ve en la diversidad y en la igualdad elementos de desarrollo económico y de prosperidad y de cohesión y no cuando ve en ellos un riesgo que evidentemente no es tal".

Como ya hiciera la semana pasada desde Barcelona, el presidente aseguró que "por supuesto" cuando "exista alguna ley que contravenga" principios constitucionales como la igualdad entre todos los españoles, entre todos los ciudadanos que viven en España, el Gobierno "actuará con la fuerza de la ley" y "con total contundencia".

La jornada de ayer también estuvo muy marcada por el juicio de la operación Kitchen en la Audiencia Nacional. Rajoy declaró que no existía una "operación política" contra el extesorero del PP Luis Bárcenas o que partiera del Ministerio del Interior, y sostuvo que era "falso" que hubiera triturado la última hoja de la contabilidad b de su partido. Elías Bendodo, vicesecretario de los populares, salió a defenderlo desde Sevilla: se mostró convencido de que "el tiempo y la Justicia van a dar la razón al presidente Rajoy sin ninguna duda", en un asunto "de hace muchos años".

Sánchez recordó que la Kitchen son "tres cosas". Primero, "una financiación irregular sistémica del PP durante décadas". Dos, un "intento de obstrucción de la acción de la Justicia y de la Policía para investigar y enjuiciar esa corrupción y esa financiación irregular del PP", ya que lo que se pretendía era sustraer papeles y archivos en poder de Bárcenas que pudieran perjudicar al partido. Y tres, se tiró de un operativo de unos 70 policías para "perseguir al antiguo tesorero del PP y por tanto destruir pruebas que pudieran incriminar" al PP.

"Eso es de donde venimos", insistió, para aseverar a continuación que cuando en 2018 él llegó a la Moncloa "todo eso desapareció". "No hay policía patriótica. Siempre ha habido colaboración y cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Justicia". Sánchez de nuevo subrayó la diferencia con la respuesta de su partido en causas como el caso Koldo: el PSOE ha respondido "con la máxima contundencia y la máxima proporcionalidad a las graves acusaciones".

"Y eso es lo que me gustaría que hiciera también el PP. No solamente ver o reprochar lo que hace un u otro partido, sino también asumir esas responsabilidades", exigió. Pero "por desgracia" no se ha visto a la dirección de Feijóo ni "reprochar ni tampoco desmarcarse de esta operación Kitchen". "Lo que hemos visto es, al contrario, amparar y respaldar al señor Marelo Rajoy", afeó. "Pero de eso estamos hablando, eso es la operación Kitchen: corrupción, financiación irregular, obstrucción a la Justicia y la utilización espuria del aparato del Estado, en este caso de la Policía Nacional, de la mal llamada policía patriótica, precisamente para destruir pruebas y obstruir la acción de la Justicia. Y eso, afortunadamente, fue superado en el año 2018 con la moción de censura y también con la llegada de mi Gobierno", concluyó.